Expte. Nº 56432/2012 – “Fundación Medio Ambiente c/EN -PEN- Dto. 1638/12 -SSN- resol 37160 s/ medida cautelar (autónoma)”

Expte. Nº 56432/2012 – “Fundación Medio Ambiente c/EN -PEN- Dto. 1638/12 -SSN- resol 37160 s/ medida cautelar (autónoma)” – SALA DE FERIA – 29/01/2013

Buenos Aires, 29 de enero de 2013.-

Y VISTOS, Nº 56.432/2012 “Fundación Medio Ambiente c/ EN-PEN-DTO 1638/12-SSN RESOL 37160 s/ medida cautelar (autónoma))”

CONSIDERANDO:

I.- Que a fs. 59/66 el Sr. Juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar requerida por la parte actora, y dispuso -previa caución juratoria- la suspensión de los efectos del Decreto 1638/12 y de la Resolución SSN
37.160/12 (ver fs. 68), hasta tanto se dicte sentencia definitiva o se modifiquen las circunstancias que la determinaron.//-

En consecuencia, ordenó “a la Superintendencia de Seguros de la Nación que adopte los procedimientos necesarios para requerir, previo a la emisión o comercialización de pólizas -en los términos del art. 22 de la Ley General del Ambiente- la conformidad ambiental otorgada por la SAyDS, y que se haya acreditado la capacidad técnica para remediar, mediante contratos suscriptos con operadores debidamente habilitados, conforme lo establecido en el régimen vigente, hasta el dictado del decreto cuya suspensión se resuelve”
(fs.66).-

Para fundar la decisión, recordó que el art. 41 de la Constitución Nacional consagra el derecho al goce de un ambiente sano y establece la obligación de recomponer el daño ambiental. Asimismo, señaló que la presente causa persigue la tutela de un bien colectivo, pues tiene como objeto la defensa del ambiente que es precisamente, ese bien de incidencia colectiva, con prioridad absoluta respecto de la prevención del daño futuro.-

Destacó que el art. 4º de la Ley General del Ambiente, Nº 25.675 establece el “principio de prevención”, en virtud del cual, las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atiendan en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir. Añadió que el art. 32 de esa norma, dispone que el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie y que el juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general, incluso ordenando medidas urgentes, de oficio o sin sustanciación.-

En particular, hizo mérito del art. 22 de la Ley Nº 25.675, en tanto prevé que toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación.-

Como corolario, afirmó que la garantía requerida por el artículo precedentemente citado “abarca la posibilidad de garantizar el financiamiento de la recomposición del daño, lo que se condice con el art.
41 de la Constitución Nacional, en tanto establece que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley” (fs. 63vta.).-

En ese orden de ideas, se avocó al estudio preliminar de las disposiciones contenidas en la Resolución de Superintendencia de Seguros de la Nación Nº 37.160, que aprobó las condiciones generales del “Seguro Obligatorio de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva”, como también, las del Decreto Nº 1638/2012 que creó la Comisión Técnica de Evaluación de Riesgos Ambientales y estableció dos tipos de seguros a contratar.-

Al respecto, consideró que esa normativa, objeto de impugnación en estos autos, en la medida que dispone cláusulas limitativas del riesgo y excluye a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la aprobación de las pólizas, cuando es obligación y tarea primordial de ésta su aprobación, así como la determinación del monto mínimo asegurable, vulneran el espíritu que la ley de medio ambiente y la Constitución Nacional intentan resguardar.-

De otro lado, destacó el peligro que configuraría la circulación en el mercado asegurador de instrumentos que no () alcancen a cubrir los mínimos legales exigidos por la legislación aplicable en la materia.-

Por ello, tuvo por acreditados los presupuestos de admisibilidad que autorizan el dictado de la medida cautelar solicitada, según las facultades otorgadas por la Ley 25.675, el interés colectivo esgrimido por la actora, y los requisitos previstos en el art. 12 último párrafo de la ley 19.549 y art. 230 incs. 1 y 2 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.-

II.- Que a fs. 84/87 la parte demandada, se presentó unificando la personería de la Superintendencia de Seguros de la Nación y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el servicio jurídico permanente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.-

Apeló la resolución que concedió la medida precautoria y solicitó que se habilite la feria judicial en curso.-

A fs. 89 dictaminó el Sr. Fiscal Federal y a fs. 90/91vta., el Sr Juez de turno declaró habilitada la feria judicial y concedió la apelación.-

III.- Que a fs. 93/120 la demandada presentó su memorial de agravios.-

Se quejó por cuanto la tutela anticipada ha sido concedida sin que se verifiquen los extremos establecidos en el art. 230 del código de rito. Ello es así, dado que según sostuvo, no se encuentran configurados en autos, la verosimilitud en el derecho invocado y el peligro en la demora, presupuestos que la normativa exige para autorizar el dictado de la precautoria.-

Al respecto, expresó que en el caso “se aprecia que el objeto de la accionante se ciñe a un pretendido resguardo de intereses colectivos ambientales, sólo en un plano retórico, pues en la práctica, su petición cautelar no está más que orientada a mantener un privilegio económico del que goza un grupo muy reducido de compañías aseguradoras que presentan tangibles rasgos oligopólicos y que giran comercialmente en esta particular franja del mercado asegurador, siendo la Fundación accionante una verdadera pantalla jurídica que sirve aquellas para encubrir veladas e inconfesables intenciones tendientes a salvaguardar intereses económicos privados so pretexto de velar por el cuidado del medioambiente” (fs. 98).-

En esos términos, afirmó que se ha inducido al Juez a dictar una medida que privilegia el interés particular de algunos operadores y aseguradores, por sobre el de la comunidad toda, y en ese orden, señaló que las compañías aseguradoras que operaban hasta la Resolución SSN 37.160/2012 eran sólo 6 y en el mes y medio posterior hasta el dictado de la cautelar cuestionada esa cantidad ascendió a más del doble conforme la copia autenticada de la Nota SS Nº 323/13 que adjuntó a fs. 93/95.-

Añadió que el Decreto 1638/12 mejoró la situación descripta, fortaleciendo la institución del seguro al determinar con claridad qué organismos resultaban competentes y qué tipo de seguros cumplen con los requisitos del art. 22 de la Ley General del Ambiente, ofreciendo alternativas para cumplir con el objetivo de garantizar la financiación de la recomposición del ambiente, pues es claro que el asegurador debe aportar el dinero para que se lleve a cabo la reparación.-

En punto a la verosimilitud en el derecho invocado, afirmó que el magistrado de grado, dictó la medida sin considerar que carece de sustento normativo alguno la pretensión de exigir una “conformidad ambiental nacional” al asegurador y la celebración previa de contratos de “back up”, todo lo que, además vulnera expresamente el art. 5º de la Constitución Nacional que consagra la forma federal de gobierno.-

Sobre esta cuestión, efectuó consideraciones relativas a la distribución de las competencias federales y locales en la materia ambiental, destacó que la jurisdicción ambiental es, como principio local -provincial o municipal-, y concluyó que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable no puede arrogarse facultades de contralor de las actividades que ejercen en el ámbito local y cuya fiscalización no ha sido delegada expresamente, salvo contadas excepciones previstas expresamente en las leyes (vgr. La Ley de Residuos Peligros).-

En sustento de la postura alegada, citó jurisprudencia y doctrina, y afirmó que pretender de la autoridad federal el otorgamiento de conformidades sólo a quienes presenten contratos de back up con antelación al acaecimiento de un siniestro, no solamente es contrario a derecho por carecer de sustento legal alguno, sino que además resulta abstracto, ineficaz y prematuro, pues ante un siniestro concreto que se produzca deberá estarse a los operadores habilitados en la jurisdicción en la que ocurra.-

Señaló que la exigencia prevista en el art. 22 de la Ley 25.675, consiste en que se garantice la existencia de recursos para financiar las tareas de remediación cuya responsabilidad pesa sobre el causante del daño. Además las remediaciones deberán realizarse conforme lo que establezca cada jurisdicción y de acuerdo a los recursos tecnológicos existentes al momento del inicio de tales tareas, lo cual no puede ser evaluado con anterioridad a la producción del siniestro.-

Es por ello que, explicó, si hubiera sido la intención del legislador o del ejecutivo, exigir contratos previos con operadores, se hubiera establecido en la Ley General del Ambiente, en el Decreto 1638/12 o en las Resoluciones derogadas por éste, lo que no ocurrió. Por ende, afirmó que la orden contenida en la cautelar, vulnera el art. 19 de la Constitución Nacional pues dispone una manda que no está prevista en la ley.-

En ese sentido, invocó la razonabilidad de la normativa vigente, por cuanto sostuvo que al momento que se produce el siniestro es cuando se debe iniciar la remediación, y en esa oportunidad debe evaluarse la capacidad remediadora de la empresa que se dedique a tal actividad y su habilitación por parte de la autoridad local. Mencionó la regulación concerniente a la autorización de la operación de remediación y de la que deduce que, desde el punto de vista técnico, lo más conveniente es proceder a la contratación de un remediador luego de ocurrido el siniestro, oportunidad en la cual se contará con la información precisa para aprobar el plan de remediación correcto.-

Por otra parte, manifestó que más allá de que el Decreto Nº 1638/12 derogó la exigencia de la conformidad ambiental prevista en el art. 3º de la Resolución Conjunta Nº 98/07 y 1973/07, lo cierto es que aún bajo el régimen normativo anterior, no se exigía la obligación de contar previamente con contratos de back up con operadores ambientales recuperadores/remediadores, por manera que, afirmó, no existe en cabeza del accionante ni de ningún otro sujeto un derecho para pretender que se cumpla con esa imposición, pues ninguna norma establece esa obligación.-

Cuestionó asimismo el alcance con que se concedió la cautelar, por haber suspendido íntegramente el decreto en cuestión, sin indicar en concreto cuales de sus cláusulas se encontrarían viciadas o afectarían algún derecho del peticionante.-

De otro lado, sostuvo que no se ha verificado en el caso el peligro en la demora que autoriza el dictado de la medida, pues en su criterio, no puede sostenerse que la falta de contratación de un seguro de remediación genere o agrave problemas ambientales. Sobre el punto, afirmó que se sobredimensionó el principio de prevención establecido en el art. 4º de la Ley General del
Ambiente.-

Destacó que no existe un daño inminente que pueda ser evitado con la resolución en crisis, pues los actos administrativos cuestionados reglamentan un régimen general impuesto por la Ley General del Ambiente.-

Expresó que el control local y el afincamiento territorial del operador en la Provincia permiten el control inmediato directo en el territorio ante un evento desafortunado, en tanto que la urgencia no guarda relación necesaria con todos los siniestros ambientales, pues no todos acontecen por un devenir repentino, imprevisible o súbito pues la mayoría de los eventos son de carácter paulatino, progresivo y acumulativo, cuyos efectos suelen apreciarse una vez que se ha modificado sustancialmente la realidad circundante al mismo.-

Luego, si lo que se persigue es la inmediatez en la atención de un siniestro, resulta abstracto discutir si un operador habilitado en el orden nacional, se encuentra autorizado y con capacidad técnica suficiente para tenderlo localmente, pues ello será en realidad una situación legal y fáctica que se dará ante un evento determinado, según resulte súbito o gradual en el orden local.-

Finalmente, citó jurisprudencia al respecto y formuló reserva del caso federal.-

IV.- Que a fs. 122/139 la parte actora contestó los agravios de su contraria. En lo sustancial, afirmó que el régimen jurídico aplicable, desde la Constitución Nacional hasta las resoluciones reglamentarias dictadas en consecuencia de la Ley General del Ambiente, exige con relación al seguro de daño ambiental la existencia de acreditada capacidad y factibilidad operativa para las acciones de recomposición, que es lo que busca garantizar la normativa en cuestión. Esto es lo que han desconocido los actos administrativos cuya suspensión se solicita, al plantear que no existe norma alguna que imponga la celebración de contratos de back up como recaudo previo para otorgar la conformidad ambiental.-

Destacó la importancia de realizar la remediación en forma inmediata al acaecimiento del siniestro, para evitar un mayor costo económico para la comunidad y sobre todo para evitar un daño ambiental mayor. Desde esta perspectiva, sostuvo que es absurdo interpretar que la aseguradora recién al momento de ocurrido el evento dañoso vaya a contratar un remediador, pues ello aumentaría gravemente los costos y dilataría la contención y reparación de los perjuicios.-

Afirmó que se deduce de lo expuesto la configuración de los requisitos legales que autorizan el dictado de la medida precautoria y formuló reserva del caso federal.-

V.- Que a los efectos de tratar los agravios expuestos por la parte demandada conviene recordar que la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en un proceso y que la fundamentación de la pretensión que constituye su objeto no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido. Ello es lo que permite que el juzgador se expida sin necesidad de efectuar un estudio acabado de las distintas circunstancias que rodean toda relación jurídica, pues si estuviese obligado a extenderse en consideraciones al respecto, peligraría la carga que pesa sobre él de no prejuzgar (Fallos CS T. 330, P. 3126).-

Es que, como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (Fallos CS 306:2060).-

Sentado lo expuesto, siguiendo el orden de las críticas formuladas por el apelante, debe señalarse que, si bien es cierto que todo aquello que involucre el peligro de limitar las autonomías provinciales ha de instrumentarse con la prudencia necesaria para evitar el cercenamiento de los poderes no delegados de las provincias; también lo es que, el ejercicio de las facultades delegadas que la Constitución Nacional asigna a la Nación, no puede ser enervado por aquéllas, so pena de convertir en ilusorios los propósitos y objetivos de las citadas facultades que fincan en la necesidad de procurar eficazmente el bien común de la Nación toda, en el que necesariamente se encuentran engarzadas y del cual participan las provincias. “De no ser ello así, aquellos poderes resultarían ilusorios y condenados al fracaso por las mismas provincias que los otorgaron” (Fallos:
329:2975) (Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Argenova S.A v.
Provincia de Santa Cruz”, del 14/12/2010).-

En orden a tales parámetros, cabe resaltar que a la luz de los alcances con que ha sido concedida la medida cautelar cuestionada por el recurrente, no se advierte prima facie de qué modo se vulnera el art. 5º de la Constitución Nacional y la distribución federal de las competencias, pues la intervención de la autoridad nacional y la exigencia de la conformidad ambiental con carácter previo a la emisión de la póliza de seguro estaba prevista en el régimen normativo antes vigente (ver art. 3º de la Resolución Conjunta nº 98/07 y 1973/07), por manera que la alegada afectación constitucional parecería, en este estado inicial de la causa, contradecir actos previos de la misma autoridad administrativa.-

A lo que cabe añadir que, en un estudio acorde al limitado marco de conocimiento propio de esta vía, tampoco resulta que la tutela concedida interfiera en las competencias propias de las jurisdicciones locales en punto a los procedimientos y exigencias que en ellos se establezcan para la autorización de los operadores involucrados; debiendo señalarse que no se han dispuesto trámites o recaudos en el orden nacional, excluyentes de los que correspondan a las respectivas competencias locales, de modo tal que las críticas formuladas por el apelante en defensa de dichas atribuciones no lucen justificadas en el tenor de lo decidido por la anterior instancia.-

Es por lo expuesto, que corresponde desestimar los agravios expresados en tal sentido, y adentrarse en las quejas formuladas con relación a la verificación de los extremos que la legislación impone para admitir la tutela anticipada en cuestión, esto es, la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora (art. 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).-

VI.- Que como principio general concerniente a la exigencia y alcances del seguro, debe comenzar por recordarse que el art. 22 de la ley 25.675 exige que la persona ya sea física o jurídica que realice actividades riesgosas para el ambiente, contrate un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que pudiere producir, imponiendo de tal modo la obligación de tomar un seguro ambiental que cubra en primer término la “recomposición del daño”. Tal recomposición se define en el art. 28 de la ley citada, como el restablecimiento al estado anterior a su producción (se refiere naturalmente, a la producción del daño ambiental).-

Y es precisamente la recomposición del daño, lo que interesa principalmente. Bien que en rigor de verdad lo que primeramente debe intentarse es la prevención, es decir todas aquellas actividades, normas y mecanismos que tiendan a prevenir, a que el daño al ambiente no se produzca. Pero cuando, a pesar de lo previsto, el daño ocurre, el derecho ambiental pretende en primer lugar intentar una recomposición de ese ambiente dañado.-

No se trata pues de una reparación meramente pecuniaria, sino una reparación en especie, un tratar de volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la producción del hecho dañoso. Esta primitiva obligación de recomponer en relación con el daño ambiental tiene su origen en el art. 41 de la Constitución, donde además de reconocerse el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, determina que “el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”. Y esta obligación de recomponer y de reparar el daño ambiental ocasionado es la que nos remite al seguro ambiental (conf. Noailles, Laura A. “La nueva legislación ambiental y las exigencias de seguro” en LA LEY 2003-C , 1467).-

De tal manera que si el seguro regulado por el art. 22 ya citado es un “seguro ambiental”, según el título del capítulo respectivo en la Ley General del Ambiente, el daño a asegurar debería ser el “daño ambiental”. En consecuencia, dado que el daño ambiental regulado por la Ley General del Ambiente, es el “daño ambiental de incidencia colectiva” (conforme el texto del art. 27 de la Ley General del Ambiente) y que en dicho capítulo se reglamenta la obligación de “restablecimiento al estado anterior a su producción”, cabría interpretar que el seguro (o fondo de restauración, en su caso) debe cubrir el financiamiento de la recomposición del daño, la instrumentación de acciones de reparación así como aquéllas tendientes al restablecimiento al estado anterior a su producción, siendo que en definitiva la Ley General del Ambiente ha utilizado dichos términos como sinónimos (conf. Malm Green, Guillermo y Murgier, Angeles, “Análisis de la ley general del ambiente. ¿Avances en el Derecho Ambiental Argentino?” en LL, 2005-C , 1389).-

Ahora bien, analizada esta normativa -con la provisionalidad que es propia de este tipo de medida- de consuno con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General del Ambiente -“El que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción”-, puede en principio establecerse que el seguro del que habla el artículo 22 de dicha ley debe garantizar íntegramente el cumplimiento de la obligación de quien ocasionó el daño ambiental, es decir, “su restablecimiento al estado anterior a su producción”, tal como quedara precedentemente expuesto.-

Y frente a tal precisa obligación, habida cuenta que las disposiciones de la ley tantas veces citada son de “orden público” -como lo establece su artículo 2°- no parece jurídicamente viable que la autoridad de control, a través de una resolución o de normas administrativas equivalentes, pudiera modificar el contenido de la normativa contenida específicamente en los artículos 22 y 28 de la Ley General del Ambiente, limitando los alcances del seguro que deben tomar todas aquellas personas que realizan actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos. Una normativa reglamentaria de este tipo, para lo cual la ley no la ha autorizado, implicaría -dicho esto también al sólo y único efecto del tratamiento del recurso- desconocer la jerarquía constitucional que dicha ley detenta, a través de normas de un rango inferior, extremo que las tornaría susceptibles de la tacha pertinente.-

En otras palabras, ni una resolución ministerial ni un simple decreto del Poder Ejecutivo podrían limitar válidamente los alcances del seguro previsto en el artículo en el artículo 22 de la Ley General del Ambiente y que debe garantizar la obligación consagrada en el artículo 28 de la mencionada ley, es decir, el restablecimiento irrestricto del daño ambiental de incidencia colectiva al estado anterior a su producción (conf. Lopez Saavedra, Domingo M. “El aseguramiento de los riesgos ambientales”, en LL, 2008-B , 929).-

VII.- Que las pautas que se llevan expuestas permiten también concluir provisionalmente que, si la cobertura obligatoria exige -en los términos previstos por la normativa sustancial- asegurar el cumplimiento del deber de restablecimiento, no parece coherente con el diseño del sistema, un régimen de seguro que a través de las condiciones generales de las pólizas por emitirse, omita prever y establecer en cabeza del asegurador, la obligación de adoptar las medidas necesarias y conducentes para satisfacer aquél deber de prevención y remediación, mediante la contratación de aquéllas entidades que por su organización empresarial, especialización profesional e implementación de los medios materiales y humanos pertinentes, se encuentren en condiciones de llevar adelante las acciones concretas que sean necesarias y apropiadas para arribar a dicho resultado.-

Adviértase que lo dicho guarda sustancial coherencia con las obligaciones establecidas en las condiciones generales de póliza referidas a la “determinación y verificación del daño” (v. arts. 6 y 7 de la Resolución 37.160), en las que si bien se imponen al asegurador específicas conductas conducentes a la verificación del siniestro, la determinación de la extensión del daño y la implementación de planes de remediación -que deben ser aprobados por la autoridad de aplicación-, se ha omitido toda previsión en punto a la necesidad de que el otorgante de la cobertura disponga, también de modo obligatorio, de los medios humanos y técnicos necesarios para el cumplimiento de dichos cometidos, lo que obviamente ha de ser verificado mediante la contratación de empresas especializadas.-

De donde resulta que, en aquéllos aspectos concernientes a los deberes y obligaciones a cargo del asegurador de caución y de responsabilidad por daños ambientales colectivos, las condiciones generales de póliza aprobadas por la Resol. 37.160 /12 SSN, no parecen satisfacer debidamente los requerimientos que en punto a las exigencias resultantes de las condiciones impuestas por la ley 25.675, han de ser establecidos para garantizar una cobertura asegurativa que respete y se ajuste a los fines y objetivos de la norma sustancial citada.-

Y es desde esta perspectiva que resulta suficientemente abonada la verosimilitud en el derecho que sustenta la pretensión cautelar, pues un seguro otorgado sin el contenido de exigibilidad para el asegurador, que garantice -tanto en el orden reglamentario como en la póliza específicamente emitida- un estandar de cobertura que se ajuste a las exigencias de conductas y objetivos establecidos en la ley general de ambiente (cuyos alcances han sido especificados precedentemente), es pasible de serias y fundadas objeciones tanto en el plano del necesario ajuste normativo de los preceptos reglamentarios al régimen sustancial, como en aquél que concierne a la valoración de dichos preceptos instrumentales, en tanto no parecen ajustarse a la consecución de los fines previstos por la norma de fondo, en punto al seguro que se los operadores deben tomar para garantizar la prevención, restauración e indemnización de daños ambientales.-

Resta añadir finalmente, con respecto a la crítica formulada en cuanto a los alcances de la medida dispuesta (suspensión integral de la norma sin indicación específica de aquéllas presuntamente susceptibles de objeción), que el reproche carece de sustento y adecuada fundamentación, pues aparte de que son suficientemente claros los aspectos de la normativa que han justificado la adopción del dispositivo cautelar, no se encuentra justificada -siquiera en mínima medida- la posibilidad de la implementación aislada del sistema asegurativo, con prescindencia de lo atinente a las condiciones y obligaciones del asegurador, en punto a las incumbencias y cometidos que han sido objeto de tratamiento en el presente considerando; máxime si se tiene en cuenta que tales aspectos conciernen a materias que lucen esenciales y primordiales en razón de la naturaleza y finalidad del seguro en cuestión, de consuno con los bienes jurídicos y materiales cuya adecuada protección exige la normativa sustancial ya analizada.-

VIII.- Que sentado lo expuesto, en cuanto al segundo de los requisitos que el art. 230 del Código de rito exige para la admisión de la tutela anticipada, cabe señalar que el peligro en la demora, debe ser juzgado de acuerdo a un juicio objetivo o derivar de hechos que puedan ser apreciados incluso por terceros (Fallos 314:711; 317:978; 319:1325; 321:695 y 2278; 323:337 y 1849).-

En lo que aquí importa, de lo que se trata en última instancia es del resguardo de los principios constitucionales y legales antes expuestos (art. 41 de la Constitución Nacional y Ley General del Ambiente), referidos a la preservación y reparación de los daños causados en el medio ambiente, cuya protección resulta imperativa y justifica adecuadamente la medida que tiende a evitar consecuencias disvaliosas sobre el bien colectivo en cuestión.-

A esta altura, debe recordarse que el status constitucional del derecho al goce de un ambiente sano, así como la expresa y típica previsión atinente a la obligación de recomponer el daño ambiental no configuran una mera expresión de buenos y deseables propósitos para las generaciones del porvenir, supeditados en su eficacia a una potestad discrecional de los poderes públicos, federales o provinciales, sino la precisa y positiva decisión del constituyente de 1994 de enumerar y jerarquizar con rango supremo a un derecho preexistente (CSJN in re “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza – Riachuelo)”, 20 de julio de 2006).-

A lo que debe añadirse que, la tutela del ambiente importa el cumplimiento de los deberes que cada uno de los ciudadanos tienen respecto del cuidado de los ríos, de la diversidad de la flora y la fauna, de los suelos colindantes, de la atmósfera. Estos deberes son el correlato que esos mismos ciudadanos tienen a disfrutar de un ambiente sano, para sí y para las generaciones futuras, porque el daño que un individuo causa al bien colectivo se lo está causando a sí mismo. La mejora o degradación del ambiente beneficia o perjudica a toda la población, porque es un bien que pertenece a la esfera social y transindividual, y de allí deriva la particular energía con que los jueces deben actuar para hacer efectivos estos mandatos constitucionales (CSJN sentencia citada en el párrafo que antecede).-

IX.- Que por lo demás, corresponde señalar que el apelante no ha expresado el agravio concreto que ocasiona en la esfera de su competencia la medida cautelar cuestionada, en tanto dispone la exigencia de la conformidad ambiental que debe emitir la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable -organismo que se encuentra en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros-, ni la obligación relativa a la acreditación de la capacidad técnica para remediar “mediante contratos suscriptos con operadores debidamente habilitados, conforme lo establecido en el régimen vigente, hasta el dictado del decreto cuya suspensión se resuelve” (ver fs. 66).-

Sobre el punto, conviene mencionar que a esta altura de las actuaciones, aparecen desprovistas de todo sustento las alegaciones formuladas en relación a los efectos ventajosos que algunos operadores del mercado de seguros pudieran obtener con las exigencias referidas, puesto que ni menciona cuáles de ellos serían los beneficiados ni quienes los perjudicados por los requisitos en cuestión, y menos aún se advierte la “cartelización” alegada máxime cuando entre los agentes del mercado se encuentran entidades pertenecientes al Estado Nacional y a la Provincia de Buenos Aires (vgr.: NACION SEGUROS S.A. y PROVINCIA SEGUROS S.A).-

Finalmente, cabe señalar que la cuestión expuesta evidencia una complejidad tal que aconseja suspender la ejecución de los actos administrativos impugnados hasta tanto luego del debate en el marco adecuado, recaiga sentencia definitiva en las presentes, siguiendo el criterio expresado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Capatti, Gustavo Jorge c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, del 18 de diciembre de 2007.-

Por todo lo expuesto, el Tribunal Resuelve: Desestimar la apelación interpuesta a fs. 84/87 y confirmar la resolución de fs. 59/66. ASI DE
DECIDE.- Regístrese, notifíquese y devuélvase.//-

Fdo.: LUIS M. MARQUEZ – JOSE LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA – SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ

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