Preguntas Frecuentes

¿QUÉ ES EL SEGURO AMBIENTAL OBLIGATORIO (SAO)?

Es una herramienta de política ambiental que constituye la garantía que exige el Estado a las personas físicas y jurídicas alcanzadas por la obligación de cumplir con el requisito de la Ley nacional N° 25.675 (Ley General del Ambiente), que consiste en recomponer los daños ambientales de incidencia colectiva que eventualmente sean provocados como consecuencia de la acción productiva.

¿QUÉ ES CAARA?

Es la Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental, que representa y defiende los intereses de las empresas que comercializan y están vinculadas con la actividad del SAO. Asimismo contribuye a la divulgación del SAO, como instrumento asegurador y de gestión ambiental, y asesora a organismos y entidades, públicos o privados en relación con la temática.

¿CUÁLES SON LAS AUTORIDADES DE APLICACIÓN?

En materia de seguros: Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). En materia de medio ambiente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS).

¿CUÁLES SON LAS PARTES INTERVINIENTES?

Son tres: El tomador de la póliza (el obligado), el Estado nacional, provincial o municipal (asegurado o beneficiario) y la compañía aseguradora (quien emite la póliza).

¿QUÉ PÓLIZAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS QUE EXIGE LA LEY?

La única póliza aprobada por los organismos de aplicación que cumple con los objetivos de la Ley es la del Seguro de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva. Existen otras pólizas, que son de contratación voluntaria, en el mercado que cubren riesgos ambientales, pero ningún de ellas cumple los requisitos exigidos por la Ley y su reglamentación.

¿DÓNDE SE EXIGE EL SAO?

La Ley N° 25.675, de Política Ambiental Nacional, rige en todo el país con carácter de orden público y establece los presupuestos mínimos de protección ambiental que deben respetar, como piso o umbral, todas las provincias y municipios. Éstos tienen facultades para establecer, mediante normas complementarias, la forma de implementar la exigibilidad y fijar obligaciones adicionales o más estrictas de ser necesario. Las jurisdicciones que exigen hoy el SAO son las siguientes:

Provincia de Buenos Aires: Resolución OPDS N° 165/2010 (modificada por Res. OPDS N° 186/2012) y Ley N° 14343, de Pasivos Ambientales – Autoridad Ambiental Jurisdiccional para la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) – Resoluciones N° 07/2009, N° 29, 34, 132, 278 y 366//2010, N° 163 y 377/2011, y N° 661/2012

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Resolución Subsecretaría de Gestión Operativa N° 02/2009; Resolución Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera / Agencia de Protección Ambiental N° 2521/2010 y Resolución MGGC N° 278/2010, Resolución 02/15.

Administración de la Cuenca Matanza – Riachuelo (ACUMAR): Resolución 007/09; Resolución Nº 29/10;Resolución Nº 34/2010 (modificada por Res. 372/10). Resolución N° 132/10 ; Resolución Nº 278/10 (modificada por Res. 366/10 y 416/10); Resolución Nº 366/10; Resolución N° 163/2011;Resolución N° 376/11; Resolución N° 377/11.

Provincia de Santa Fe: Decreto provincial N° 1879/2013

Provincia de Córdoba: Ley N° 10.208 y Decreto Nº 1130/2012

Provincia de Catamarca: Resolución Secretaría del Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia N° 19/2012

Provincia de La Rioja: Resolución Secretaría del Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia Nº 070/2012

Provincia del Chaco: Resolución Ministerio de la producción y Ambiente N° 315/2010 y Decreto provincial N°1389/2010

Provincia de Chubut: Decreto 1476/2011 y Ley provincial XVII Nº 102, Marco Regulatorio de la Actividad Hidrocarburífera

Provincia de Santa Cruz: Resolución Subsecretaría de Medio Ambiente N° 366/2012

Provincia de Tierra del Fuego: Ley provincial N° 853/2011

Provincia del Neuquén: Ley provincial N° 2780, de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, y Ley provincial N° 2818, de Desarrollos Urbanísticos