La cuestión ambiental en el nuevo Código Civil y Comercial

Revista Todo Riesgo – Edición de Julio – Por Jorge E. Furlan – Presidente de la Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental (CAARA)

El nuevo cuerpo normativo del derecho privado, que reemplaza a los códigos del siglo XIX, pone el acento en la prevención antes que en la función resarcitoria, tal como lo hacen la Ley General de Ambiente N° 25.675 y el propio Seguro Ambiental Obligatorio (SAO).

Los profesionales del derecho viven actualmente bajo intenso estrés dado que todos sus estudios, conocimientos especializados y experiencia en sus profesiones pronto quedarán desactualizados y deben ahora mismo actualizarlos. Es que el próximo 1° de agosto cobrará vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por el Poder Legislativo en noviembre de 2014.

El nuevo cuerpo normativo, cuyos 2671 artículos reemplazan a los más de 4500 de los textos sancionados en 1862 y 1869, fue aprobado por ambas Cámaras del Congreso de la Nación con el voto exclusivo de los legisladores oficialistas (Frente para la Victoria) y aliados. La normativa reúne a los antiguos códigos Civil y Comercial, los simplifica y actualiza conceptos.

Los códigos sustituidos, alumbrados por el político y abogado cordobés Dalmacio Vélez Sarsfield, rigieron prácticamente desde el origen de la organización nacional. Según nos muestra la historia, el Código de Comercio fue redactado para el Estado de Buenos Aires en colaboración con el jurisconsulto uruguayo Eduardo Acevedo y aprobado en 1859. Tras la reunificación nacional, el 10 de septiembre de 1862 fue aprobado por el Congreso como Código de Comercio de la Nación Argentina bajo la Ley Nro 15. Vélez Sarsfield fue comisionado posteriormente para redactar el Código Civil de la Nación, que finalmente fue aprobado a libro cerrado en 1869 y entró en vigor el 1º de enero de 1871.

Después de 140 años de vigencia, mediante el Decreto 191/2011, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner encomendó a una Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, el estudio de las reformas que considerara necesarias a fin de producir un texto homogéneo de todo el cuerpo normativo.

En los considerandos del Decreto se explicó que durante muchos años la actualización de los códigos se realizó a través de numerosas leyes especiales, lo cual produjo una modificación del ordenamiento lógico y de la estructura de principios y reglas existentes. Asimismo invocó que el sistema de derecho privado, en su totalidad, fue afectado en las últimas décadas por relevantes transformaciones culturales y modificaciones legislativas, entre ellas la reforma Constitucional del año 1994..

La Comisión, fue encabezada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti e intervinieron más de 100 redactores, muchos de ellos juristas de alto prestigio.

El trabajo fue presentado el 27 de marzo de 2012 al Poder Ejecutivo, que a su vez le introdujo sensibles modificaciones antes de convertirlo en proyecto de ley y girarlo a la Cámara de Senadores, el 8 de junio de ese año.

Con posterioridad, referentes sociales y de la comunidad en general, universidades, académicos e instituciones diversas participaron de audiencias públicas en todo el país e hicieron conocer sus conclusiones a la Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación.

La Ley N° 26.994, mediante la que fue promulgado el Código unificado, estableció como fecha de entrada en vigencia el 1° de enero de 2016, pero el Poder Ejecutivo logró con posterioridad una nueva ley para que entrara en vigor el 1° de agosto de 2015, invocando la necesidad de anticipar la implementación de los nuevos institutos en derecho de familia y de adopción.

Alcances del nuevo Código

Lorenzetti define a la nueva norma como “un hecho histórico, un cambio fenomenal en las relaciones privadas” que “se dirige a la vida concreta” mientras que Highton la considera un “cambio de paradigma”, contrapuesto con el que estaba vigente. Hemos dado vuelta todo”, subrayó.

Entre las novedades que aporta el nuevo Código se establece una regulación especial en materia de adopción (simplifica el régimen); derechos específicos para los adolescentes; prioriza el interés del niño por sobre el de los adultos comprometidos; normas de protección para personas de edad avanzada; disposiciones que permiten la revocatoria de compraventas y el cuestionamiento de intereses y cláusulas contractuales abusivas. Incorpora un capítulo dedicado a los derechos personalísimos, que reconocen expresamente los derechos a la dignidad, intimidad, honor e imagen, entre otros. Actualiza el régimen de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario. Los cónyuges podrán optar entre el régimen de comunidad de ganancias -el único existente hoy- y el régimen de separación de bienes, a través de acuerdos prenupciales.

Crea también la figura de “sociedad unipersonal”, de modo que quien proyecte una inversión asuma solo el riesgo por los bienes que invierte en ese proyecto.

Los redactores afirman que todas las novedades están basadas en jurisprudencia, expresadas con lenguaje cercano: “La mora sigue siendo la mora; la prescripción, la prescripción. La familia es la familia”, dijo Lorenzetti.

Por cierto que la ley, tal como se mencionó en el Mensaje de Elevación del Proyecto del Poder Ejecutivo al Senado, introdujo importantes cambios inspirados en “la constitucionalización del derecho privado, estableciendo una comunidad de principios entre la Constitución Nacional, el derecho público y el derecho privado”, señalando como una de sus características el ser “un código de los derechos individuales pero también de los colectivos, al regular los derechos de incidencia colectiva, en consonancia con la Constitución Nacional”.

Esta decisión “se ve claramente en casi todos los campos: la protección de la persona humana a través de los derechos fundamentales, los derechos de incidencia colectiva, la tutela del niño, de las personas con capacidades diferentes, de la mujer, de los consumidores, de los bienes ambientales y muchos otros aspectos. Puede afirmarse que existe una reconstrucción de la coherencia del sistema de derechos humanos con el derecho privado”.

Sobre la constitucionalización del derecho privado (art. 1º del CCyC comentado), señala el Dr. Néstor Cafferatta (“Derecho ambiental en el Código Civil y Comercial de la Nación”. Sup. Esp. Nuevo Código Civil y Comercial, Nov/14, pág. 273) que “la fórmula incorporada a la legislación unificada de Derecho Privado, es de gran utilidad en la defensa del ambiente, en tanto y en cuanto, el Derecho Ambiental tiene base constitucional en nuestro sistema jurídico (cuyo centro es el Artículo 41 CN). Además, la referencia a los tratados, es de notable importancia para esta novísima disciplina, toda vez que el Derecho Internacional Ambiental, es uno de los motores del desarrollo de la especialidad.”.

La cuestión ambiental

Sin pretensiones académicas y considerando además la naturaleza de esta publicación, dedicada a la industria del Seguro, y el espacio asignado, se pretende a continuación hacer una breve aproximación al impacto que el nuevo Código puede tener en relación con el seguro ambiental. Serán por cierto inferencias más que consideraciones, dado que el voluminoso trabajo sólo hace una mención expresa al ambiente en su Artículo 14, referido a los Derechos individuales y de incidencia colectiva, aunque sus disposiciones la comprenden a cada momento.

Allí se dice que “la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general”.

No obstante, el artículo 240 (“Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes”), dispone que el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes propios debe ser armónico con los derechos de incidencia colectiva. “Se introduce a través del artículo 240 en nuestra legislación civil y comercial, el concepto de ambiente y el macro fin del derecho ambiental, que no es otro que la sustentabilidad … “ (Cafferatta, op. cit.).
El redactor recoge en ese artículo un criterio ya expresado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1887 (Fallos 31:273; 14/05/1887), en la sentencia en la que absolvió a la Provincia de Buenos Aires en una acción iniciada por empresarios saladeristas que habían sido desalojados de la ribera del Riachuelo a raíz de que la acción contaminante de sus plantas había provocado graves problemas de salud a la comunidad. La Corte fue tajante en aquel fallo: “ninguno puede tener un derecho adquirido de comprometer la salud pública, y esparcir en la vecindad la muerte y el duelo con el uso que haga de su propiedad, y especialmente con el ejercicio de una profesión o de una industria”.

Asimismo, establece el artículo 241 que, cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los derechos debe respetarse la normativa de presupuestos mínimos que resulte aplicable. Opina el jurista antes citado que “… estos artículos 240 y 241 son la columna vertebral del sistema común de derecho ambiental dispuesto por el Código Civil y Comercial, toda vez que tratan de regular por un lado, la necesidad de implementar efectivamente las ideas, normativas y regulaciones previstas en leyes especiales de derecho ambiental de presupuestos mínimos, y por el otro, llama a todos aquellos que tengan que adoptar decisiones críticas en la cuestión —de colisión de principios—, a desarrollar un delicado juicio de ponderación o razonabilidad, en función de los bienes, intereses y derechos en juego, en casos de controversias, en el ejercicio de derechos individuales y derechos de incidencia colectiva.”.
También legisla el Código respecto de la tierra, uno de los recursos naturales que conforman el ambiente, en su artículo 18, donde prevé el derecho de las comunidades indígenas reconocidas a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.
Como se ha dicho, si bien la mención expresa al ambiente es escueta en el nuevo Código, su presencia está implícita en numerosos artículos. Es que ningún andamiaje legal podría ignorar que el ambiental es el único daño referido en la Constitucional Nacional, que en su artículo 41 dispone que “el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”.

En ese sentido, el Seguro Ambiental Obligatorio (SAO), creado al amparo de la Ley N° 25.675, que vino a reglamentar lo establecido en el mencionado Art 41 CN, prevé instrumentos que se conectan directamente, como si hubieran sido coordinados, con articulados del naciente Código Civil y Comercial.

Por caso, el relacionado con los Art. 1710 a 1712, referidos a la “prevención del daño” y la “acción preventiva”. Precisamente el SAO muestra un celo especial respecto de la prevención, dado que para la contratación de la póliza se somete al establecimiento a asegurar a una auditoría especializada, denominada Situación Ambiental Inicial (SAI), en la que se determinan los factores de riesgo que deben ser remediados antes y/o durante la vigencia de la póliza, como actuación preventiva de eventuales siniestros.

El nuevo Código incorpora también criterios de prevención en su Art. 52, relacionado con afectaciones a la dignidad de la persona humana, y Art. 54, donde exime de la obligación de realizar actos peligrosos para la vida o la integridad de una persona, excepto que correspondan a su actividad habitual y que se adopten las medidas de prevención y seguridad adecuadas a las circunstancias.

Plantea así un sistema de responsabilidad en el que la función resarcitoria o indemnizatoria no es la única aplicable, sino que promueve la prevención de los daños y ofrece una acción específica y exigible de tutela inhibitoria, con reglas y efectos claros.

Acoge de tal manera al sistema de responsabilidad contemplado en la Ley General de Ambiente (N° 25.675) –referido exclusivamente a la reparación del daño de incidencia colectiva- que se diferencia ampliamente del previsto en el derecho de fondo. Ello es así, fundamentalmente, porque el Código Civil que se extingue contiene un régimen resarcitorio para indemnizar a las personas, individualmente, por los daños y perjuicios ocasionados por el sujeto responsable.

En este régimen, la responsabilidad civil se diferencia según exista, o no, un vínculo contractual previo entre el responsable y la víctima del daño: en el primer caso habrá responsabilidad contractual y, en el segundo, extracontractual.

De todas formas, tal como lo establece la jurisprudencia (Cámara 7a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba. “Chañar Bonito S.A. c. Municipalidad de Mendiolaza”, 14/12/2005. En LLC 2006, 749), “las normas ambientales son de orden público y no son susceptibles de negociación o renuncia entre particulares” y “por su explícita fuente constitucional tampoco el Estado puede soslayar su cumplimiento consagrando excepciones particulares o provocando derogaciones singulares de disposiciones de alcance general. Por el contrario, la protección del entorno configura una obligación del Estado. Este orden público ecológico es la base ideológica que legitima y exige todas las medidas de control, regulación, vigilancia y prohibición de esas actividades, es decir, la llamada policía administrativa en lo ambiental”.

Además, por el artículo 1757 se introduce una reforma en los elementos de la responsabilidad objetiva, contemplada en la normativa ambiental, por cuanto toda persona deberá responder por el daño causado no sólo por el riesgo o vicio de las cosas sino también el causado por las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización, no pudiendo eximirse por las autorizaciones administrativas para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención.

Por cierto que las modificaciones y novedades introducidas en la normativa principal que rige el derecho privado en la República significarán un cambio trascendental en la vida de los argentinos y que la resolución del caso fue muy controversial en los ámbitos legislativo, políticos, académicos y religiosos, tanto por las formas como por el fondo, donde lo que ha estado en el centro de la discusión ha sido dividido por el eje de lo tradicional y lo así llamado progresista. De hecho se han hechos planteos por inconstitucionalidad de la ley 26944.

Como quiera que sea, desde todos los ámbitos del derecho y sociales, habrá que capacitarse en las nuevas reglas.

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