Ley 853 – Tierra del Fuego

Ley 853. Tierra del Fuego

Sanc. 25/08/2011; promul. 14/09/2011; publ. 21/09/2011

Minería. Medio Ambiente. Actividad minera. Principios ambientales preventivos, precautorios y de equidad intergeneracional. Aplicación

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Art. 1.- La presente ley tiene por objeto la aplicación a la actividad minera de los principios ambientales preventivos, precautorios y de equidad intergeneracional establecidos en la Ley nacional 25675 , así como el principio de desarrollo sostenible establecido en la Ley provincial 55 , y en especial:

a) garantizar el uso racional y sustentable de los recursos naturales;

b) proteger los recursos hídricos provinciales y compartidos;

c) mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos;

d) asegurar la conservación de la diversidad biológica;

e) prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades mineras puedan generar sobre el ambiente;

c) promover la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo;

d) minimizar los riesgos ambientales de la minería; y e) prevenir emergencias ambientales producidas por la actividad minera.

Art. 2.- Prohíbese en el territorio de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur el uso de las sustancias indicadas en el Anexo I de la presente en la explotación de los recursos minerales metalíferos, incluyendo los procesos de cateo, prospección, exploración, explotación, beneficio e industrialización in situ, cualquiera sea el método extractivo utilizado.

Art. 3.- Prohíbese en el territorio de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur la explotación de minerales metalíferos con la modalidad a cielo abierto de gran escala.

Art. 4.- Las personas físicas o jurídicas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley posean la titularidad de concesiones de yacimientos minerales metalíferos, o aquellas que industrialicen o extraigan de la tierra o cursos de agua dichos minerales deberán presentar, ante la autoridad de aplicación en el plazo de noventa (90) días a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente, un informe de base que indique la forma en que adecuarán sus explotaciones a las exigencias que por esta ley se establecen. Los concesionarios que no lo hagan deberán suspender su actividad hasta tanto adecuen sus procesos mineros o industriales.

Art. 5.- Será autoridad de aplicación de la presente la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente.

Art. 6.- La autoridad de aplicación podrá ampliar la lista de sustancias prohibidas del Anexo I, mediante Resolución, cuando razones técnicas o ambientales así lo sustenten y las sustancias estén identificadas como peligrosas para el ambiente en tratados u organismos internacionales o por autoridad ambiental nacional.

Art. 7.- Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas en los arts. 2 y 3º de la presente ley, los concesionarios de minas de primera categoría deberán contar, antes del inicio de la actividad, con un seguro o garantía de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pueda producir. Este seguro o garantía deberá guardar proporcionalidad con el costo de mitigación y recupero del ambiente y los ecosistemas que puedan resultar degradados durante la actividad.

Art. 8.- La autoridad de aplicación constituirá un Fondo de Restauración Ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación del ambiente afectado por las actividades mineras de primera categoría al momento del cierre de la mina. El Fondo no representará un límite a la responsabilidad patrimonial establecida por otras normas, ni deslinda las responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudiera determinar la autoridad administrativa o judicial competente. El Fondo tendrá carácter público, inembargable y no indemnizatorio.

Art. 9.- El Fondo de Restauración Ambiental se constituirá con aportes de los concesionarios equivalentes al cinco por ciento (5%) del monto total de la inversión propuesta. En el caso de los productores artesanales y pequeños, podrán optar por un seguro de caución. La reglamentación de la presente ley establecerá los mecanismos apropiados para la constitución del Fondo, que aseguren su intangibilidad y el mantenimiento del valor del mismo en el tiempo.

Art. 10.- Los aportes depositados mientras se desarrolle la actividad o emprendimiento, o durante la vida útil de la mina, no serán deducibles como costos de ningún tipo, y permanecerán en el Fondo creado por la presente, para emplearse en todos los gastos e inversiones necesarios al momento de finalizar la actividad o al cierre de mina para restaurar o recomponer en la medida que fuere posible los daños ecológicos y pasivos ambientales que hubieren resultado de la actividad.

Una vez aprobado el plan de cierre de la actividad por la autoridad de aplicación de la presente ley, en caso de no existir pasivos ambientales, se reintegrará a los titulares de la actividad minera su aporte al Fondo, o el saldo que haya a su favor luego de atendidos los pasivos ambientales y tareas de restauración ecológica.

Art. 11.- Las tareas de preservación y tutela del agua, y los recursos hídricos provinciales afectados por los proyectos sobre minerales de primera categoría serán ejercidos por la autoridad de aplicación, la que dará seguimiento de cada emprendimiento minero desarrollado en el territorio de la Provincia.

Para ello se efectuarán controles específicos en todas y cada una de las etapas de los proyectos cuando los mismos afecten cuencas hídricas directa o indirectamente.

Art. 12.- Los procedimientos de evaluación de impacto ambiental para la aprobación de los proyectos deberán respetar los principios de consentimiento previo e informado de la población que pueda ser afectada por los proyectos mineros.

Art. 13.- La autoridad de aplicación deberá realizar un relevamiento del pasivo ambiental que se haya generado en exploraciones o explotaciones de minerales metalíferos anteriores a la promulgación de la presente ley a fin de establecer los niveles de contaminación preexistentes. En caso de autorizaciones de exploraciones o explotaciones posteriores a la promulgación de la presente ley, la autoridad de aplicación deberá realizar dicho relevamiento dentro de los noventa (90) días a partir del registro del pedido en la Escribanía de Minas.

Art. 14.- En aquellas áreas en las que se detecte contaminación preexistente, se realizarán los procedimientos correspondientes para determinar las responsabilidades y proceder a la restauración ambiental.

Art. 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

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