Normativa Complementaria

Normativa complementaria de las distintas jurisdicciones relativa a la exigencia del SAO:

NACIONAL

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACIÓN (MAyDS)

Res 256/2016 MAyDS – Modifica los artículos N° 1°, 2º, 4º y 7º de la Resolucion de la ex SAyDS 999/ 2014. Sustituye el Anexo I de la Resolucion de la ex SAyDS 999/ 2014. Deroga la Res SAyDS N° 42/2011, del 30 de diciembre de 2011. Deroga los artículos Nros 3, 5, 6 y Anexo II de la Resolucion SAyDS 999/ 2014. Flexibiliza el acceso a la obtención de la Conformidad Ambiental, facilitando el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa.

Resolución 206/2016 del MAyDS – Ratifica que los sujetos alcanzados por el artículo 22 de la Ley General del Ambiente Nº 25.675, incluidos los comprendidos en la Ley de Residuos Peligrosos N° 24.051, deben presentar el Seguro Ambiental Obligatorio (SAO). Precisando la oportunidad y el procedimiento mediante el cual tienen que hacerlo.

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACIÓN (MAyDS)

Resolución SAyDS Nº 522/14 – Relativa a los generadores eventuales de ciertos residuos peligrosos. En el Anexo I se aprueba el listado de documentación requerida para la inscripción o renovación del Certificado Ambiental Anual de generadores eventuales para las Categorías sometidas a control Y10 e Y48 contaminadas con Y10. Entre otros documentos, se exige que el administrado presente el “Seguro Ambiental”.

Resolución SAyDS Nº 502/13 – Establece el procedimiento para verificar el cumplimiento del art. 22 de la LGA, en el marco del trámite para la obtención del Certificado Ambiental Anual que otorga la Dirección de Residuos Peligrosos, organismo bajo su dependencia.

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Resolución General 559/2009 Requiere información ambiental a las sociedades incluidas en el régimen de la oferta pública cuyo objeto social contemple actividades que se consideren riesgosas para el ambiente.

SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN

Resolución SIGEN Nº 74/14 – Aprueba la Guía para Auditorías Ambientales. Entre los elementos que pueden considerarse en la ejecución de una auditoría ambiental, la Guía prevé que cuando las actividades llevadas a cabo por la organización puedan resultar riesgosas para el ambiente, se verifique la contratación del SAO.

– Memorando 365/09. Por medio de éste, se solicita a los Síndicos que informen si las sociedades/empresas controladas por esa Sindicatura están alcanzadas por el art. 22 de la LGA. En tal caso, se deben acompañar las actuaciones que acrediten la observancia de lo dispuesto por tal norma

REGIONALES

ADMINISTRACIÓN DE LA CUENCA MATANZA – RIACHUELO

Resolución 007/09 – Determina que los establecimientos industriales radicados en la Cuenca están obligados a empadronarse en el Registro de Industrias de la Cuenca. Se pide que con carácter de declaración jurada, informen si han contratado el SAO (ver anexos).

Resolución Nº 29/10 – Crea el Registro Ambiental de Industrias en el que deben inscribirse todos los establecimientos industriales instalados o por instalarse en la Cca. MR, los que a su vez tienen que informar si tienen seguro ambiental obligatorio contratado (esto, por remisión a la Res. 07/09).

Resolución Nº 34/2010 (modificada por Res. 372/10). En su art. 1º establece, como uno de los requisitos habilitantes del trámite para la admisibilidad del Programa de Reconversión Industrial (PRI), la presentación de póliza de seguro ambiental a favor exclusivo de esa Autoridad, y conforme lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley Nº 25.675 y normativa complementaria. En caso de que el titular del establecimiento cuente ya con el SAO a favor de las autoridades competentes de las jurisdicciones locales que integran ACUMAR, dicho seguro debe ser adecuado a fin de cumplir con lo establecido en el art. 1º.

Resolución N° 132/10 – Procedimiento para la toma de muestras de los efluentes industriales.

Resolución Nº 278/10 (modificada por Res. 366/10 y 416/10). Con el objetivo de evitar la dispersión normativa y reunir en único texto todas las resoluciones vigentes en ese momento sobre fiscalización, control y Reconversión Industrial, mediante esta Resolución la ACUMAR aprobó los Reglamentos de Fiscalización y Control, y de Reconversión de Establecimientos de la Cuenca Matanza Riachuelo.

A tal fin, derogó varias resoluciones de ACUMAR (Res. Nº 1/08, s/Declaración de Agente Contaminante; Nº 1/09, Reglamento Operativo de Fiscalización y Control; Nº 2/09, Reglamento para la Conformación de Programas de Reconversión Industrial; Nº 4/09, Reglamento Operativo de Fiscalización y Control; Nº 8/2009, Reglamento para la Conformación de Programas de Reconversión Industrial; Nº 76/09, Registro de Agentes Contaminantes de la Cuenca Matanza Riachuelo, y Nº 123/2010, s/Cese de Intervención de las Comisiones Interjurisdiccionales en los Procedimientos Ordinarios).

En relación con el SAO exige que, con carácter de declaración jurada, los declarados Agentes Contaminantes presenten una “póliza de seguro ambiental de cobertura a favor exclusivo de ACUMAR…” (art. 9, inc. c,). Además, en el Anexo II.b de la norma hace referencia al SAO: en el punto 20.9 se pregunta al Agente Contaminante si cuenta o no con póliza de seguros de cobertura por daños ambientales de incidencia colectiva.

Resolución Nº 366/10. Define el concepto de “Agente Contaminante”, como todo establecimiento radicado en la Cuenca Matanza y aquellos demandados en la causa “MENDOZA” que generen emisiones gaseosas o residuos sólidos en contravención a la legislación aplicable o que no permitan preservar u alcanzar los objetivos de calidad fijados para los mismos, o que no cumplan con los límites establecidos en la Tabla Consolidada de Límites Admisibles para Descargas de Efluentes Líquidos (Res. ACUMAR 1/2007 y sus modificatorias), a excepción de lo previsto para AySA. También modifica el Régimen de Sanciones (Res. ACUMAR 110/10) a fin de establecer penas por no presentar el PRI, presentarlo incorrectamente o violar la clausura impuesta. Las sanciones previstas son: cese de vertidos y/o clausura (parcial o total) y/o multas.

Resolución N° 163/2011

Resolución N° 376/11 – La Resolución se adecua a la Res SAyDS Nº 481/11 por la cual se dispone que los establecimientos de actividades riesgosas obligados a contratar el SAO sean aquellos cuyo Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) sea de 14,5 puntos o más

Resolución N° 377/11.

COFEMA

Resolución 175/2009.

 

PROVINCIALES

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Resolución OPDS 3722/16 – Las industrias clasificadas en la tercera categoría según su complejidad ambiental radicadas en la Provincia de Buenos Aires tendrán la obligación de informar al OPDS cualquier modificación de sus actividades operativas habituales con una antelación mínima de 24 horas y de dos horas posteriores a su inicio cuando no se trate de cambios programados. Esta Res deja sin efectos las Resoluciones de la xx Secretaría de Política Ambiental N° 1200/00 y 1221/00.

Ver Resolución OPDS 3722/16 completa

Resolución OPDS 186/12 – La OPDS modifica la Res 165/10 y ratifica el SAO

Ley N° 14.370 – Creación del Registro Ambiental de Establecimientos Industriales de la Provincia de Buenos Aires

Resolución 94/11 Ordena a a las Distribuidoras que en 30 días presenten el seguro de responsabilidad civil contra terceros

Resolución OPDS 165/10 – La OPDS exige el SAO para habilitaciones y permisos a industrias.

El Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS), de la provincia de Buenos Aires, mediante Resolución 165/10 dispuso que para otorgar en su jurisdicción habilitaciones, permisos e inscripciones de establecimientos industriales de segunda y tercera categorías y de los que manejen residuos peligrosos, sus titulares deberán acreditar la contratación de un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño ambiental que su actividad pudiera producir, de acuerdo a lo establecido por el artículo 22 de la Ley Nacional Nº 25.675 y demás resoluciones nacionales complementarias (art. 1º).

La Resolución 165/10 en su Art. 2º dice que el organismo sólo aceptará las pólizas de Seguro por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva emitidas por las Compañías de Seguro que hayan sido previamente aprobadas por la SSN y la SAyDS y, a su vez, hayan acreditado su capacidad y factibilidad operativa para realizar acciones de recomposición del ambiente dañado, mediante contrato con empresas. Éstas a su vez, deberán estar inscriptas en el Registro de Operadores de Residuos Especiales(Ley Nº 11.720).

La Resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 19 de mayo, que lleva la firma del Director Ejecutivo del Organismo, José Manuel Molina, precisa que los establecimientos instalados en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires a los que se les exigirá el Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) son aquellos a los que corresponde la Segunda Categoría cuando su nivel de Complejidad Ambiental resulte mayor a 12,5 puntos, en los términos de la Ley Nº 11.459 y su Reglamentación, y a los que corresponde la Tercera Categoría conforme su nivel de Complejidad Ambiental conforme a los mismos parámetros. Asimismo indica que son alcanzados por la medida las Personas físicas o jurídicas responsables de la generación, tratamiento, almacenamiento y disposición final de residuos especiales (Ley Nº 11.720).

En la Resolución el OPDS se reservó la facultad de ir incorporando progresivamente nuevas actividades a la exigencia de contratación del seguro en los términos del artículo 22 de la Ley Nº 25.675.

Disposición Nº 4059/09 – Requiere a las empresas el cumplimiento del art. 22 de la LGA.

Ley Nº 14343 – Regula la identificación de los pasivos ambientales, y la obligación de recomponer sitios contaminados o áreas con riesgo para la salud de la población.

Promulgada mediante Dcrto. Nº 148/11 y publicada en el Boletín Oficial del 23/01/2012 . El objeto de la ley, sancionada el 23/11/11, es regular la identificación de los pasivos ambientales, y la obligación de recomponer sitios contaminados o áreas con riesgo para la salud de la población, con el propósito de mitigar los impactos negativos en el ambiente, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.

La ley define como pasivo ambiental al conjunto de daños ambientales, en términos de contaminación del agua, del suelo, del aire, del deterioro de los recursos naturales y de los ecosistemas, producidos por cualquier tipo de actividad pública o privada, durante su funcionamiento ordinario o por hechos imprevistos a lo largo de su historia, que constituyan un riesgo permanente y/o potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad, y que haya sido abandonado por el responsable (art. 3°).

Contiene un capítulo especial dedicado al SAO. Dice al respecto:

“ARTÍCULO 19.- DEL SEGURO AMBIENTAL. Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir.

La Autoridad de Aplicación determinará las actividades riesgosas que obligarán a sus titulares a cumplir con el seguro ambiental. ARTÍCULO 20.- DE LAS PÓLIZAS. Las pólizas de Seguro por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva que podrán ser aceptadas por la Autoridad de Aplicación, serán únicamente aquéllas emitidas por las Compañías de Seguro aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación y que a su vez se encuentren inscriptas en el Registro de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.”

De este modo, la exigencia del SAO pasa a tener rango de ley en la Provincia de Buenos Aires, lo cual constituye una reafirmación de la decisión política de proteger el ambiente previniendo daños ambientales.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución 02/APRA-SSFMH/15 , publicada el 22/09/15 en el B.O. de la Ciudad de Buenos Aires (deroga la Res. 2521/10) – Establece nuevos requerimientos en relación con la obligación de contratar el SAO.

Resolución N° 2 GCABA Subsecretaría Gestión Operativa – Crea la Comisión Interorgánica de Seguros Ambientales, conformada por la Agencia de Protección Ambiental y la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda. El objeto de esta Comisión es realizar en forma coordinada todas las acciones necesarias a fin de efectuar el análisis, desarrollo e implementación de la normativa vigente en materia de seguros ambiental en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Resolución Nº 2780/MHGC/10 – El GCBA resuelve incorporar la exigencia de contratar el SAO en todos los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares cuyas obras y/o servicios a contratar involucren actividades riesgosas para el ambiente.

Resolución Nº 2521/SSGEYAF/APRA/10 Derogada por Resolución 02/APRA-SSFMH/15 – Establece la obligatoriedad de acreditar la contratación del SAO (en cumplimiento de lo previsto por el artículo 22 de la Ley Nacional Nº 25.675 y sus normas reglamentarias) por parte de toda persona (física o jurídica, pública o privada) que desarrolle –o pretenda desarrollar- actividades, proyectos, obras o emprendimientos categorizados como de Impacto ambiental con relevante efecto (s/Ley de la Ciudad Nº 123, de Evaluación de Impacto Ambiental) en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sólo podrá acreditarse su observancia presentando pólizas de Seguro por Daño Ambiental emitidas por Compañías de Seguro que hayan sido aprobadas por la SSN -con la previa Conformidad Ambiental de la SAyDS- y que hayan acreditado su capacidad técnica para llevar adelante tareas de recomposición ambiental a través de operadores legalmente habilitados.

SANTA FE

Decreto Nº 0144/15 – Febrero de 2015 – Prorroga por 180 días el plazo establecido en el Decreto Nº 2267/14, determinado para que las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que deseen obtener o mantener vigentes las respectivas habilitaciones, Informe Ambiental de Cumplimiento, permisos e inscripciones que otorga el Poder Ejecutivo a través de la Autoridad de Aplicación cuyo Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) en los términos de la Resolución Nº 177/07, modificatorias, ampliatorias y complementarias, de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) sea igual o mayor a catorce (14) puntos, acrediten la contratación de un Seguro por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva.

Decreto N° 2267/14 – Julio de 2014 – Prorroga por 180 días el plazo establecido en el Decreto N° 0277/14;

Decreto N° 0277/14 – Febrero de 2014 – Prorroga por 180 días el plazo establecido en el Decreto N° 2336/13;

Decreto N° 2336/13, de fecha 13 de Agosto de 2013 – Prorroga por 180 días el plazo establecido en el Decreto N° 1879/13;

Decreto N° 1879/13 – Establece que las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que deseen obtener o mantener vigentes las respectivas habilitaciones, Informe Ambiental de Cumplimiento, permisos e inscripciones que otorga el Poder Ejecutivo a través de la Autoridad de Aplicación cuyo Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) en los términos de la Resolución N° 177/07, modificatorias, ampliatorias y complementarias de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) sea igual o mayor a catorce (14) puntos, deberán acreditar en el plazo de treinta (30) días de publicado el presente, la contratación de un Seguro por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva en observancia a lo establecido por el Artículo 22 de la Ley General del Ambiente -N° 25.675- y las normas reglamentarias. La presentación del seguro será condición previa al comienzo de las actividades en los términos de los Capítulos VIII y X de la Ley N° 11.717;

SAN LUIS

Ley Nº IX-0876-2013 – Regula el “Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental” (EIA) en la provincia. Rige en todo el territorio de San Luis, con carácter de orden público. En su art. 10, establece que el procedimiento de EIA comprenderá, entre otras etapas “g) La presentación por parte del interesado del seguro ambiental obligatorio, conforme el artículo 22 de la Ley Nacional Nº 25.675;”. Prevé (arts. 11 y 12) que todo proponente de un proyecto, emprendimiento, obra o instalación o actividad debe presentar una solicitud de categorización ante la Autoridad Ambiental Provincial o Municipal, según corresponda, a los fines de determinar su Nivel de Complejidad Ambiental (NCA). La ley no ha sido reglamentada a la fecha (a excepción de la fijación de parámetros de calidad de vertidos).

CHUBUT

Ley 102/13 (Hidrocarburos) Publicada en el B.O. de Chubut el 7 de enero de 2013. Dedica el Capítulo II a las Obligaciones ambientales.

Decreto 91/13. Publicado en el B.O. de Chubut el 13 de febrero. Reglamenta la Ley de Hidrocarburos Nº 102. Exige el SAO a las empresas industriales de hidrocarburos alcanzadas por la obligación.

– Decreto 1476/11 (Evaluación del impacto ambiental). Publicado en el Boletín Oficial del 06/12/11. Incorpora la exigencia de la póliza de seguro por daño ambiental de incidencia colectiva prevista en el artículo 22 de la Ley Nº 25675 y sus reglamentaciones a los titulares de proyectos de obra y otras actividades. Modifica el Decreto Nº 185/09, reglamentario del Código Ambiental chubutense, en lo atinente a la Evaluación de Impacto Ambiental. En uno de sus Considerandos la norma indica que “resulta necesario contemplar la exigibilidad del seguro de daño ambiental de incidencia colectiva” y que este instrumento “permitirá a las empresas establecer mecanismos preventivos que eviten daños ambientales, contando asimismo con la garantía de acciones de recomposición en el caso de producido el daño ambiental de incidencia colectiva”.

SANTA CRUZ

– Disposición Nº366/12. Publicada en el B.O. de Santa Cruz el 04/01/12. La Subsecretaría de Medio Ambiente de Santa Cruz exige, tanto para la obtención como para la renovación de las respectivas Declaratorias de Impacto Ambiental, habilitaciones, permisos e inscripciones que otorga ese organismo, a los proponentes de emprendimientos categorizados de “Alto Impacto Ambiental” (Categoría 3 según la Ley provincial de Evaluación de Impacto Ambiental, Nº 2658, y su reglamentación, Dcto. 07/06), que acrediten la contratación de la póliza de Seguro por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva (art. 1º). Dispone que también deberán cumplir la obligación los titulares de proyectos o establecimientos a los que se les soliciten razón de consideraciones específicas, como vulnerabilidad del sitio de emplazamiento, antecedentes de desempeño ambiental, antigüedad y ubicación de depósitos de sustancias peligrosas u otros criterios de riesgo ambiental, en concordancia con la Res. Nº 481/11 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y de las normas provinciales respectivas.” (art. 2º). En el Art. 3º define que las únicas pólizas de SAO que serán aceptadas serán las emitidas por aseguradoras que cuenten con la aprobación de la SSN, previa Conformidad Ambiental de la SAyDS, y que acrediten capacidad técnica operativa para remediar el daño ambiental (mediante contratos con empresas inscriptas en los Registros Nacional y Provincial de Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos Peligrosos).

CÓRDOBA

Decreto Nº 288/15 y Anexo – Publicados en la edición N° 79 del Boletín oficial de la provincia de Córdoba el 29 de abril de 2015: Reglamentan el Seguro Ambiental previsto en la Ley de Política Ambiental de la Provincia (Nº 10208, arts. 8 inc. k y 75). La norma deroga el Dcto. 1130/12.

– Ley de Pasivos Ambientales, Nº 10208 (modificada por Ley Nº 10211) Fija como un instrumento de política y gestión ambiental el seguro ambiental (art. 8º, inc. k) y, en su Capítulo XIII (“Seguro Ambiental”), art. 75, prevé que la Autoridad de Aplicación -por vía reglamentaria- determinará qué persona física o jurídica -pública o privada- por la actividad que realice y que entrañe riesgo para el ambiente, los ecosistemas o sus elementos constitutivos, debe contratar el SAO.

TIERRA DEL FUEGO

Ley 853/11 – Norma sancionada por la Legislatura de Tierra del Fuego en agosto de 2011 y promulgada por el Ejecutivo en septiembre de 2011 con el fin principal de prohibir la minería a cielo abierto en la provincia fueguina. La ley regula al SAO.

SALTA

– Resolución 234/09 bis. Crea la Unidad Provincial de Implementación de Sistemas de Manejos de Riesgos y Seguros Ambientales (UPISMA).

– Resolución 528/2009 (modif. por Res. 568/09). Crea el Registro de Actividades Ambientalmente Riesgosas.

Según los Considerandos de la Res. 528/09 “para lograr la implementación operativa del Seguro Ambiental en la provincia, resulta indispensable la determinación de los montos mínimos asegurables, siendo necesaria previamente la categorización de las industrias y actividades de servicio de acuerdo a su nivel complejidad ambiental, conforme al Anexo I y que verifiquen los niveles de complejidad ambiental identificados como categorías 2 y 3 del Anexo II de la Resolución 177/2003, modificada por la Resolución 1639/2007, dictadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación como Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 25675.”.

En consecuencia, esta resolución habilita un “Registro de Actividades Ambientales Riesgosas”, con ámbito de actuación en el Programa Registros Ambientales de la Secretaría de Política Ambiental dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (art. 1º). Por el art. 2º, se ordena que se inscriban en ese Registro todas las industrias y actividades de servicios listadas en el Anexo I y que verifiquen los niveles de complejidad ambiental identificados como categorías 2 y 3 del Anexo II de la Resolución 177/2003, modificada por la Resolución 1639/2007 o por aquella que la reemplace. Asimismo, tales empresas deberán presentar antes del 30 de noviembre del corriente año, una Declaración Jurada (Anexo I) a través de la cual informen las mismas de acuerdo a su nivel de complejidad ambiental, su respectiva categorización debidamente justificada (art. 3). Este plazo fue modificado por el art. 6 de la Res. 568/09, ampliándolo hasta el 1º de marzo de este año.

Para el caso de incumplimiento a las obligaciones legales impuestas en la presente Resolución, podrá la Autoridad de Aplicación imponer al contraventor las sanciones administrativas contenidas en el art. 132 y siguientes de la Ley 7070 (Ley de Protección Ambiental). Según ese art. 132, las sanciones administrativas que podrá aplicar la Autoridad Competente por infracción a la Ley 7070 y a cualquier otra norma especial de carácter ambiental, consisten en: a) Apercibimiento administrativo formal; b) Retención; c) Decomiso; d) Destrucción y desnaturalización; e) Clausura: preventiva, por hasta 60 días prorrogable por otro tanto; f) Suspensión o cancelación de: Licencias, permisos, concesiones, inscripciones en el registro o estímulos acordados; y g) Multa.

Por su parte, la Res. 568/09, además de prorrogar el plazo de inscripción a los fines de realizar una correcta denominación y evitar confusiones en el Registro aludido, resuelve la modificación de su nombre, pasando a llamarse “Registro de Actividades Ambientalmente Riesgosas”(art. 1).

Por último, ordena que también se inscriban en el Registro las Industrias y Activ. de Servicio de Categoría 1 según su NCA (art. 5). Esto, conforme se aclara en los Considerandos, a los efectos contar con una Información completa de las actividades industriales y de servicios en la Provincia de Salta, con su correspondiente nivel de complejidad.

– Resolución Nº 182/10

– Resolución 81/10. Prorroga el plazo para la presentación de la DDJJ para la Categorización de Inds. y Actividades de Servicios.

Resolución Nº 391/10

– Decreto. Nº 1846/10. Prorrogó nuevamente el plazo arriba mencionado.

Mediante la Resolución mencionada, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de esa Prov., resuelve prorrogar, a partir de su vencimiento, el plazo establecido en el Decreto 1.846/2010, a los efectos de la presentación de la Declaración Jurada para la Categorización de Industrias y Actividades de Servicios según su Nivel de Complejidad Ambiental, Previstos en la Resolución Nº 81/10 y sus modificatorias, hasta tanto el Consejo Provincial del Medio Ambiente elabore la nueva norma técnica de categorización del riesgo ambiental (art. 1°).

CHACO

– Decreto Nº 1589/10. Ratifica en todos sus términos a la Res. 315/10, que lo integra como su Anexo. A través de esta última norma, se requiere que contraten el SAO todas las personas físicas y jurídicas, que realicen actividades riesgosas para el ambiente en la Provincia del Chaco cuyo Nivel de Complejidad Ambiental sea mayor o igual a 12 puntos.

CATAMARCA

Resolución 19/2012 – Se establece la obligación de contratar el Seguro Ambiental para las actividades riesgosas para el ambiente

LA RIOJA

Resolución 070/2012 – Se establece la obligación de contratar el Seguro Ambiental para las actividades riesgosas para el ambiente.

NEUQUÉN

Ley 2.780 – Principios rectores para el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la Provincia. Exige la contratación del SAO

Ley 2.818 – Regula la realización de Proyectos de Desarrollo Urbanístico ubicados fuera de los ejidos municipales. Exige la contratación del SAO (Art 7°)

MUNICIPALES

CIUDAD DE CÓRDOBA

Ordenanza N° 12260 – Regula la prevención, identificación de los  daños y  pasivos  ambientales,  y la  obligación de recomponer sitios contaminados  o áreas con riesgo  para la salud de la población, con el propósito de mitigar los impactos negativos en el ambiente. Exige el SAO.

ORGANISMOS

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Ordenanza N° 12260 ORDENANZA Nº 04-14 (DPAM)- Tomo 6 – “Régimen para la Protección Ambiental” – Plan Nacional de Contingencia – Planes de Emergencia para derrames de sustancias nocivas, peligrosas, potencialmente peligrosas y perjudiciales. Exige el SAO.