Normativa General

El SAO es exigible

La aprobación del Seguro de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva – Garantía de Remediación Ambiental, en el año 2008, posibilitó superar el período en el que por ausencia de oferta, la autoridad no podía exigir acabadamente el cumplimiento de lo ordenado en el Art. 22 de la LGA.

Constitución Nación, Art. 41

Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.

Ley N° 25675 – Ley General de Ambiente (LGA)

El SAO es regulado por la Ley 25675 (General de Ambiente (LGA) y de Creación del Seguro Ambiental Obligatorio), que en sus artículos principales relacionados con este instrumento dice:

ARTICULO 22 – Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir”.

ARTICULO 27.- El presente capítulo establece las normas que regirán los hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos que, por acción u omisión, causen daño ambiental de incidencia colectiva. Se define el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos.

ARTICULO 28.- El que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. En caso de que no sea técnicamente factible, la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente, deberá depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental que se crea por la presente, el cual será administrado por la autoridad de aplicación, sin perjuicio de otras acciones judiciales que pudieran corresponder.

ARTICULO 29.- La exención de responsabilidad sólo se producirá acreditando que, a pesar de haberse adoptado todas las medidas destinadas a evitarlo y sin mediar culpa concurrente del responsable, los daños se produjeron por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. La responsabilidad civil o penal, por daño ambiental, es independiente de la administrativa. Se presume iuris tantum la responsabilidad del autor del daño ambiental, si existen infracciones a las normas ambientales administrativas.

ARTICULO 30.- Producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado, el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el artículo 43 de la Constitución Nacional, y el Estado nacional, provincial o municipal; asimismo, quedará legitimado para la acción de recomposición o de indemnización pertinente, la persona directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción. Deducida demanda de daño ambiental colectivo por alguno de los titulares señalados, no podrán interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros. Sin perjuicio de lo indicado precedentemente toda persona podrá solicitar, mediante acción de amparo, la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo.

ARTICULO 31.- Si en la comisión del daño ambiental colectivo, hubieren participado dos o más personas, o no fuere posible la determinación precisa de la medida del daño aportado por cada responsable, todos serán responsables solidariamente de la reparación frente a la sociedad, sin perjuicio, en su caso, del derecho de repetición entre sí para lo que el juez interviniente podrá determinar el grado de responsabilidad de cada persona responsable. En el caso de que el daño sea producido por personas jurídicas la responsabilidad se hará extensiva a sus autoridades y profesionales, en la medida de su participación.

ARTICULO 32.- La competencia judicial ambiental será la que corresponda a las reglas ordinarias de la competencia. El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie. El juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general. Asimismo, en su sentencia, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, el juez podrá extender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente a su consideración por las partes. En cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, aun sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez podrá, asimismo, disponerlas, sin petición de parte.

NORMAS QUE SUSTENTAN EL SAO

Resolución 177/07 SAyDS y Mod. 303 y 1639/07

Resolución 1398/08 SAyDS

Resolución SAyDS 481/11

Resolución Conjunta Secretaría de Finanzas y SAyDS Nros. 66/2011 y 945/2011

Decreto 1638/12 (Efectos suspendidos por medida cautelar dispuesta por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9, mediante Resolución del 26-12-2012)

Resolución SSN 37160/12 (Efectos suspendidos por medida cautelar dispuesta por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9, mediante Resolución del 26-12-2012)

Resolución 177/13 SAyDS

Fallo del Juez Federal Pablo G. Cayssials, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 9, mediante la cual, el 26 de diciembre de 2012, suspende los efectos del Decreto 1638/12 y de la Resolución SSN 36170/12

Fallo Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones. Desestima la apelación interpuesta.

Res SAyDS N° 999/14. Septiembre de 2014. Ratifica que a los fines de obtener la Conformidad Ambiental en los términos de la Resolución Conjunta Nº 98/07 de la Secretaría de Finanzas Públicas y Nº 1973/07 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, las compañías de seguros deben acreditar la capacidad técnica para remediar mediante la suscripción de contratos back up con empresas legalmente habilitadas para ese fin (operadores y transportistas de residuos peligrosos).

Resolutorio CSJ 219/2013 (40-F) Diciembre 2014, (expediente “Fundación Medio Ambiente c/EN-PEN – DTO. N° 1638/12 – SSN – Res. N° 37160 s/ medida cautelar autónoma”). Sin analizar y/o hacer referencia a la cautelar de primera instancia cuestionada por el Poder Ejecutivo (dictada el 26 de diciembre de 2012 por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 9 en la causa Nº 56.432/12, “Fundación Medio Ambiente c/ EN –PEN- Dto. 1638/12 –SSN-Resol 37160 s/ proceso de conocimiento”), la Corte dejó sin efecto la sentencia de Cámara y le ordenó que resuelva nuevamente en la causa.