Memoria 2009

CÁMARA ARGENTINA DE ASEGURADORAS DE RIESGO AMBIENTAL

Durante el año 2009, primer año calendario completo desde su constitución, la Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental (CAARA) desplegó una actividad orientada a divulgar la vigencia del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) en el marco de la Ley General de Ambiente (LGA) n° 25675 y los beneficios que su amplia implementación determinarán para el conjunto de la sociedad.

La CAARA concluyó con la puesta en marcha formal de la entidad, sin fines de lucro, que la habilita a asumir la representación, promoción y defensa de la actividad aseguradora ambiental en todas las formas que resultan de la legislación, y de las empresas que la integran, o actúan en la materia.. Desde su formación en el 2008, la CAARA se ha dedicado a divulgar la importancia social del SAO y a asesorar y participar con otros organismos y entidades, públicos o privados, en la promoción de las normas jurídicas y de funcionamiento más adecuadas para el sector en particular y la sociedad en general.

Las empresas que integran la Cámara, y el sector, se desenvolvieron en el período bajo análisis en el marco de las restricciones derivadas de la ralentización de la actividad económica que afectó a la Argentina, lo cual sumado a la renuencia al SAO manifestada por los sectores obligados determinó que la captación de seguros fuera a ritmo más lento que lo previsto inicialmente.

De todas formas se puede prever que por la persistente acción de promoción y persuasión de la Cámara y las empresas aseguradoras, por la importante actividad judicial en la materia y por las medidas administrativas que se adoptan en distintos ámbitos de gobierno en torno a una mayor exigibilidad, y la aplicación de la obligatoriedad en algunas provincias, el ritmo de colocación de pólizas se acelerará durante el año 2010.

En el mes de octubre, la institución fijó su domicilio en Florida 537, Piso 9°, de la Galería Jardín, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funcionan actualmente sus oficinas de dirección y administrativas.

Al concluir el primer ejercicio anual completo, los socios activos de CAARA son Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales S.A; NGN Asesores en Seguros S.A; Nación Seguros S.A; Testimonio Compañía de Seguros S.A. y Escudo Seguros S.A y los socios adherentes, son la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (CAITPA) y la aseguradora Fianzas y Crédito S.A.

A su vez, a la finalización del año calendario solicitaron su adhesión a la Cámara las aseguradoras, El Triunfo y La Nueva.

A lo largo del año CAARA concentró sus esfuerzos en la difusión y esclarecimiento de la obligatoriedad del SAO y en la contribución para definir las medidas más adecuadas para afianzar la exigibilidad, en un ámbito caracterizado por una amplia reticencia al cumplimiento por parte de los sectores obligados, sea por asesoramientos equívocos o porque advierten que, salvo en unas pocas situaciones, el incumplimiento no ha tenido consecuencias, o bien por la existencia de pasivos ambientales que obviamente complica la concreción de la cobertura exigida por la Ley de ambiente.

CAARA realizó una intensa actividad institucional y de divulgación a través de múltiples reuniones con representantes del sector público y el privado, aportando asesoramiento para el mejor desenvolvimiento del sector, organizando eventos y participando en encuentros organizados por otros organismos e instituciones, en los que bregó por la concientización de que la reglamentación, exigencia y cumplimiento de la obligación prevista en materia de aseguramiento ambiental en el artículo 22 de la LGA implica un beneficio para la sociedad en su conjunto.
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Entre otras autoridades, el presidente de CAARA, Sr. Jorge E. Furlan, en conjunto con otros directivos de la entidad, mantuvieron reuniones, con el Superintendente de Seguros de la Nación, Dr. Gustavo Medone; con el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Lic. Eduardo Hecker; con el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Dr. Mario Vicens, con el Director del Banco Central, Doctor J. Chodos y también de otras autoridades como ser de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de la OPDS de la Provincia de Buenos Aires, del Ministerios de Ambiente y Desarrollo de Ambiente de la Provincia de Salta, de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Neuquén, y de la Unidad Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo CAARA desplegó una amplia actividad en materia de comunicación institucional a través de artículos y numerosos reportajes concedidos a medios nacionales (diarios, radios, televisión) y a publicaciones sectoriales, así como diseñó y subió a la red de Internet su sitio www.caara.com.ar, el cual será objeto de permanente actualización a partir del año 2010 con el propósito de que se convierta en un referente informativo y de divulgación del sector.

También en materia de comunicación, CAARA definió, con asistencia profesional, el lema que formará parte de su isologotipo: la frase “más que un deber, una responsabilidad”, cuyo racional se funda en que los sujetos obligados deben contratar el seguro ambiental obligatorio más que por una imposición legal, por un acto de responsabilidad medioambiental solidaria con las generaciones presente y futuras.

Organización Interna

La estructura interna se conformó a partir de una Coordinación General, que está a cargo de la Doctora Roxana Fernandez Nuñez, una unidad administrativo-contable, y cuatro apoyos externos, que tienen a su cargo lo que hace a comunicación y relaciones institucionales; temas de gestión, actuación y consultoría jurídica; asuntos presupuestarios e impositivos y una asesoría especializada en temas ambientales.
La Cámara está dirigida y administrada por una Comisión Directiva integrada por miembros que deben pertenecer a la categoría de socios activos.
La Comisión Directiva inicial de la Cámara, quedó integrada por el Presidente, Señor Jorge Edgardo Furlan de Prudencia; Vicepresidente Señor Gustavo Dario Roldan de Testimonio y Secretario Señor Roberto Luis Lopez de Escudo.

El Seguro Ambiental Obligatorio

El Seguro Ambiental Obligatorio tiene su basamento fundamental en el Art.41 de la Constitución Nacional de 1994, que dice que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”.

Con arreglo a esa manda constitucional, en el año 2002 se promulga la Ley General de Ambiente (LGA) n° 25675, que en su Art. 22 dice que “toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir”.

Asimismo, la LGA dispuso que quien cause daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior al deterioro provocado o, en caso de que no sea técnicamente factible, deberá depositar la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria en el Fondo de Compensación Ambiental, creado por la misma ley para instrumentar acciones de reparación.

En el año 2007, mediante Resolución SAyDS Nº 177/07 se aprueban las normas operativas para la contratación de seguros previstos por el artículo 22 de la Ley Nº 25.675 y mediante Resolución SAyDS Nº 178/07 se crea la Comisión Asesora en Garantías Financieras Ambientales (CAGFA), con el fin de asesorar a la Autoridad de Aplicación de la LGA. Con posterioridad, la Resolución Nº 303/07 introdujo modificaciones a la Resolución Nº 177/2007.

Las categorías para determinar los sujetos obligados a contratar el SAO surgen de la Resolución 1639 de la SAyDS que en sendos anexos establece el Listado de Rubros comprendidos y la Categorización de industrias y actividades de servicios según su nivel de complejidad ambiental, que a su vez se determina por una fórmula que pondera rubro, dimensión y generación de residuos, entre otros factores, sustituyendo los Anexos I y II de las Resoluciones Nº 177/2007 y 303/2007.

Las pautas básicas para las condiciones contractuales de las pólizas de seguros por daños ambientales de incidencia colectiva fueron establecidas en el marco normativo creado por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y la de Ambiente y Desarrollo Sustentable Nº 98/2007 y 1973/2007, respectivamente.

La obligación de contratar el SAO terminó de reglamentarse mediante la sanción de la Resolución SAyDS Nº 1398/08, la que tiene por objeto establecer criterios específicos ambientales para determinar la “entidad suficiente” de la cobertura de seguro por daño ambiental de incidencia colectiva. Sin perjuicio de otras responsabilidades en que pudiera incurrirse (penal, civil, administrativa), la cobertura prevista por esta póliza tiene por objeto afrontar las operaciones de remediación requeridas para reestablecer las condiciones del ambiente afectado (entre ellas, remediación y limpieza, eliminación de material contaminado, tratamiento y disposición in situ o ex situ necesarias para la recomposición) hasta alcanzar los niveles de riesgo “aceptables”, previendo para ello la existencia de recursos económicos suficientes.

La suma asegurada cubierta por la póliza no puede ser inferior al “Monto Mínimo Asegurable de Entidad Suficiente” el cual se determina en función de un monto básico, factores de vulnerabilidad; factores por manejo de materiales peligrosos y materiales sujetos a eliminación programada; y sus probables impactos sobre recursos restaurables (agua, suelo, subsuelo y áreas costeras). Según esta reglamentación, quedan alcanzadas por la obligación de contratar la póliza de seguro ambiental aquellas instalaciones fijas de actividades industriales y de servicio con NCA igual o superior a 12 puntos (conforme la fórmula polinómica fijada por la Resolución SAyDS N° 1639/07).

Hasta el año 2008 se produce un vacío operativo, por cuanto si bien la obligación estaba vigente los sujetos obligados podían invocar que no existía en el mercado del seguro una póliza que cubriera el riesgo aludido. Precisamente el 26 de agosto de 2008 la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), después de un trabajo conjunto con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) y la Secretaría de Finanzas (Ministerio de Economía de la Nación), aprobó mediante el Proveído 108126 la primera póliza de seguro de riesgo ambiental (Póliza de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva – Garantía de Remediación Ambiental).

De tal forma, la obligación de contratar un seguro ambiental está vigente y es de orden público, aplicable en todo el país, sin perjuicio de la coordinación interjuridiccional que se realiza a través del Consejo Federal del Medio Ambiente, y que obviamente no puede ir en contra de lo dispuesto por la LGA. En consecuencia la contratación del SAO se trata de una obligación indefectible para los denominados sujetos obligados y su exigencia es una responsabilidad asimismo ineludible para los funcionarios competentes en la materia.

Las empresas autorizadas por la SAyDS para ofrecer la póliza de conformidad con la garantía exigida en el artículo 22 de la Ley 25675 son Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales S.A., Nación Seguros S.A., Escudo Cooperativa Ltda. de Seguros y Testimonio Compañía de Seguros S.A. Además de las mencionadas, la póliza es ofrecida al mercado por brokers y agentes institorios de las compañías autorizadas-

Las empresas autorizadas actualmente por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable cuentan con una capacidad suficiente, para la suscripción de riesgos, para cubrir la demanda de contrataciones que se requieran, ya sea con la retención propia de cada compañía, o bien a través de hacer coaseguro entre las empresas que actúan en el riesgo, o del reaseguro automático y facultativo con que cuentan.

El SAO es una herramienta de gestión ambiental cuyo objeto es que sea contratado por personas físicas o jurídicas aunque el asegurado o beneficiario es el propio Estado (nacional, provincial o municipal) dado que la obligación que contrae la compañía aseguradora es garantizar que se concrete la recomposición de los daños de incidencia colectiva provocados accidentalmente al suelo y al agua por la actividad (industrial o de servicio) del contratante, independientemente de que se manifiesten en forma súbita o gradual.

La póliza de caución ambiental es un instrumento contractual que ante el incumplimiento del obligado (contratante), obliga a la aseguradora a reparar en vía administrativa los daños causados por un hecho ambiental definido en la exigencia de la Ley. Ésta dispone un régimen de responsabilidad objetiva que coexiste, a su vez, con un sistema de responsabilidad por culpa o negligencia (conforme el Código Civil). Habrá exención de responsabilidad según la LGA sólo cuando se acredite que, a pesar de haberse adoptado todas las medidas destinadas a evitarlo y sin mediar culpa concurrente del responsable, los daños se produjeron por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.

El objeto de la LGA no está inspirado en aliviar del riesgo económico a los titulares de las actividades contaminantes. Tal como establece el principio precautorio del derecho ambiental, la falta de certeza científica o de información respecto de la entidad o existencia de un riesgo ambiental no es eximente para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del ambiente. A través de la implementación del seguro ambiental, que se basa en el principio de responsabilidad previsto en el Art. 4 de dicha ley 25675, se busca que los titulares de las actividades riesgosas internalicen los costos ambientales que éstas ocasionen. Resulta así esta herramienta un medio fundamental para prevenir el daño ambiental, muchas veces irreparable, evitando futuras controversias.

Para contratar una póliza el tomador debe acreditar solvencia económica y financiera ya que lo que se garantiza es que éste tendrá la posibilidad financiera de cubrir el costo de una eventual reparación ambiental.

Otro requisito es la realización de una evaluación de la Situación Ambiental Inicial –SAI, previo al inicio de la cobertura, que está cargo de especialistas que evalúan la situación del riesgo a asumir. El SAI es de carácter confidencial y sus conclusiones deben ser consentidas por el tomador de la póliza. Asimismo el SAI posibilita conocer sobre los planes de contingencia de la empresa, la administración que realiza del riesgo ambiental y tener referencias técnicas para determinar el monto de la pérdida máxima probable en caso de un siniestro, todo lo cual resulta de utilidad para cotizar también la responsabilidad civil.

De este modo, Argentina pone en práctica dos de los Principios del derecho ambiental que integran la Declaración de Eco Río ’92. Por un lado, el Principio 16 (“Quien contamina, paga”), que dispone que debe fomentarse la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, “teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales”. Y por el otro, el Principio Precautorio (Principio 15 de la misma Declaración), que supone la atención prioritaria e integrada de las causas y las fuentes de los problemas ambientales, tratando de prevenir los efectos negativos que se puedan producir sobre el ambiente.

Es que el denominado interés asegurable del riesgo ambiental de incidencia colectiva es el de la sociedad toda: es el de la Nación, el de las provincias, el de los municipios, en representación de los intereses de sus comunidades.

La legislación, y su reglamentación, si bien ha contemplado otra forma para que el sujeto obligado cumpla su obligación en materia del aseguramiento ambiental, como es el autoseguro, el mismo no fue reglamentado y no está vigente la posibilidad de su utilización. En consecuencia, la única manera de cumplir con la exigencia actualmente, es a través de la contratación del seguro de caución por daño ambiental de incidencia colectiva, el cual es absolutamente suficiente para cubrir el riesgo en los ámbitos para el que ha sido creado y su oferta está sanamente diversificada dando a los obligados opciones a través de diversas compañías para concretar la póliza.

Del Presidente de la Corte Suprema

Al hablar en el acto de la presentación de la primera póliza de seguro ambiental, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Lorenzetti, comentó que la legislación “al incorporar obligaciones, principalmente la obligación de prevención del daño ambiental, la de recomposición y el resarcimiento, genera algo importante que aquí esta muy claramente definido, que es la noción de riesgo. Las que antes eran externalidades negativas que pagaba la sociedad –dijo- comienzan a través de estas obligaciones a internalizarse. Esto que ha estudiado muy bien el análisis económico, obliga a aquellos que tienen alguna responsabilidad en la contaminación a internalizar estos actos de acuerdo a la legislación vigente en nuestro país y hoy diríamos en casi todo el mundo”.

El Dr. Lorenzetti agregó que “este aspecto es muy importante porque al introducir la noción de internalizar los riesgos ambientales surge otro problema que es cómo difundir adecuadamente los costos, algo sobre lo que nos ha enseñado mucho el análisis económico, porque si recaen sobre una persona, una empresa o un grupo de ellas y no tiene la capacidad económica de solventarlos, nos condiciona a la frustración. Por eso –destacó- es muy importante la actividad aseguradora en materia ambiental a los fines de difundir estos costos, de aportar previsión en la actividad empresaria, y de mejorar asimismo la eficiencia y la razonabilidad en la distribución de los costos ambientales”.

El Presidente de la Corte consideró a la aprobación del seguro ambiental “un gran paso en la Argentina” y manifestó que “lo importante ahora es que esto sea llevado adelante, puesto en práctica, porque no es algo contra alguien, sino que es a favor de alguien: Es a favor de una nueva economía que esta surgiendo, una economía que ofrece oportunidades importantísimas para nuestro país. Es a favor también de la actividad empresaria, que si analiza correctamente estos problemas encontrará también un motivo para desarrollarse mejor. Y sobre todo es a favor de los chicos, de las generaciones futuras, que son también nuestros hijos y nuestros nietos, frente a los cuales tenemos una enorme responsabilidad, que es dejarles un futuro promisorio, por lo menos las mismas posibilidades que nosotros hemos tenido de gozar de la naturaleza”.

Acuerdo con CAITPA

El concepto aplicado para definir el alcance de la cobertura de la caución de riesgo ambiental no fue abordado con los criterios de los seguros clásicos. El hecho de tener que realizar las acciones de reparación tanto primarias como complementarias o compensatorias, que reflejan obligaciones de hacer, y no puramente monetarias, ha creado un mercado especializado de seguros ambientales con una oferta limitada de aseguradoras, pero muy profesionalizada en el tratamiento técnico de esta clase de riesgos no tradicionales

A fin de cumplir con la obligación de la remediación ambiental, la normativa contempla la figura de los operadores de residuos peligrosos y patogénicos, que son las personas o empresas habilitadas por el organismo competente para realizar las acciones correctivas mediante las cuales se restablezcan las condiciones al nivel de la Situación Ambiental Inicial

En ese sentido, a fin de garantizar a los asegurados la calidad y presteza del servicio de remediación comprometido, la CAARA suscribió un acuerdo con la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (CAITPA) que da a las pólizas de sus asociados prioridad para la prestación de servicios de remediación.

Las empresas dedicadas a la remediación, esto es, los operadores de residuos peligrosos y patogénicos, la mayor parte de las cuales están asociadas a CAITPA, disponen de las mejores tecnologías orientadas al tratamiento profesional de los residuos especiales, tanto industriales como patogénicos.

Las actividades de remediación contempladas en la normativa son: remediación y limpieza, eliminación de material contaminante, monitoreo y control sobre los medios naturales contaminados, tratamiento y disposición ex situ necesarias para la recomposición y tratamientos de eliminación de material contaminado residual de estas operaciones.

Los operadores utilizan las mismas tecnologías que están en uso en los países más desarrollados y reciben habilitaciones sólo luego de superar estrictas auditorias que certifican el cumplimiento de la ley y de dichos procesos tecnológicos.

Hitos del año

De la Sigen

Entre los hitos destacados en el año bajo análisis relacionados con la evolución del SAO se incluye el memorando interno N° 365/09 de la Gerencia de Supervisión de Entidades, Empresas y Sociedades de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) de fecha 2 de junio, mediante el cual el organismo pidió a las comisiones fiscalizadoras, síndicos y representantes en empresas en las que participa el Estado Nacional que informen sobre las actuaciones y señalamientos que efectuaron para que las empresas que supervisan cumplan la obligación de contratar el Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) por daño de incidencia colectiva.

En tal circunstancia la Gerencia de Supervisión indicó a los síndicos que si la contratación del seguro corresponde, deben “constatar” que la empresa la haya hecho y, en ese caso, verificar que los elementos técnicos y contractuales de la póliza cuentan con la aprobación previa de la Superintendencia de Seguros de la Nación y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Fallo del juez federal de Quilmes

Pocos días después, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, ordenó a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) que en “forma urgente, incluya dentro de su reglamentación interna, todo lo referente a la exigencia establecida en el artículo 22 de la Ley 25.675, a los fines de exigir su cumplimiento por parte de aquellos establecimientos que estén comprendidos en el área de su competencia”.

La exigencia se refiere al cumplimiento de la contratación del seguro ambiental o de la integración de un fondo de reparación ambiental por parte de quienes estén obligados por la referida ley. Las industrias obligadas en la zona de influencia del ACUMAR son oficialmente 4.200. El juez Armella es el juez de ejecución de sentencia dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa MENDOZA Beatriz Silvia y Otros C/ ESTADO NACIONAL y Otros S/ Daños y Perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza – Riachuelo).

Resolución de la Comisión Nacional de Valores

Acto seguido, mediante Resolución 559/09 publicada en el Boletín Oficial 18/08/09 la Comisión Nacional de Valores y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable firmaron un convenio que entre otros capítulos define que las sociedades incluidas en el régimen de la oferta pública tendrán la obligación de informar a sus accionistas, a los inversores y al público en general sobre el cumplimiento de la normativa ambiental.

Entre otros aspectos relevantes las sociedades deberán informar sobre la realización de auditorias de impacto ambiental; los programas de adecuación y su cronograma respectivo; la contratación de seguro ambiental y las medidas implementadas por la empresa en la prevención del daño ambiental.

Actividades de la CAARA

Con los productores de seguros

El 5 de marzo el Presidente, el Vicepresidente y la Directora Ejecutiva de CAARA, Jorge Furlan, Gustavo Roldan y Roxana Fernández Nuñez, respectivamente, visitaron la Asociación Argentina de Productores en Seguros (AAPAS), donde fueron recibidos por el Presidente y el Vicepresidente de esa entidad, Sergio Sidero y Jorge Vignolo, con quines coincidieron en la necesidad de la capacitación a los productores en la materia del seguro ambiental. El Sr. Sidero comentó que “dada la actualidad que el SAO reviste en el mercado asegurador a partir de la obligatoriedad de aseguramiento que exige la Ley nº 25675, la SSN, mediante la resolución nº 33683 del pasado 23 de diciembre, incorporó la materia Riesgo Ambiental a su programa de capacitación, considerándola de competencia para la obtención y ampliación de la matrícula en los diferentes turnos del año 2009”.

Furlan planteó entonces la importancia de que AAPAS se convierta en organismo difusor de toda la información referente a la Póliza Ambiental y le ofreció la posibilidad de crear una Unidad específica de asistencia y asesoramiento ambiental, tanto sea en CAARA como en la propia AAPAS, en el marco de la misión de CAARA, que incluye la divulgación y promoción de los beneficios que aporta a la sociedad la incorporación del SAO. En ese sentido los directivos de CAARA informaron que la entidad ha realizado acercamientos al ámbito universitario para establecer las posibilidades de desarrollar una labor académica sobre el tema ambiental en ese campo de la formación profesional.

Los directivos de AAPAS se manifestaron dispuestos a considerar las propuestas de CAARA en materia de “cursos o jornadas de capacitación más allá de las ofrecidas por la SSN, que le permitan al productor alcanzar un conocimiento mas especifico del tema y por ende ganar en competitividad”.

Referente del riesgo ambiental

Ante la Resolución nº 33683 de la Superintendencia de Seguros de la Nación del 23 de diciembre de 2008 mediante la cual se incorporó el Riesgo Ambiental como materia del programa de estudio de los aspirantes a obtener la matrícula de productor asesor de seguros y la capacitación permanente de los profesionales que cuentan con la inscripción pertinente, el 5 de marzo mediante nota dirigida al Sr. Superintendente la CAARA interesó al organismo de control para constituirse en una organización referente para la capacitación, difusión y desarrollo del mercado asegurador especializado en el riesgo ambiental.

Conferencia en la Sociedad Científica

El 13 de mayo el Sr. Furlan realizó una presentación como expositor en la 1ra. Conferencia del Ciclo 2009 sobre “Medio Ambiente y Seguro” organizada por la Fundación sobre el Seguro y la Responsabilidad Civil, que tuvo lugar en la Sede de la Sociedad Científica Argentina.

Universidad Nacional de Rosario-Facultad de Ciencias Exactas Ingeniería y Agrimensura.

Se desarrollo el 27 de mayo en dependencias de la Facultad, una Jornada aclaratoria sobre el contenido de la normativa legal, tipos de reparación y alcance de la cobertura ambiental obligatoria. El encuentro fue promovido bajo el lema “Dinámica y Operatoria del Seguro Ambiental Obligatorio Ley 25675” y en representación de la CAARA expuso su presidente. También contó con la participación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Santa Fe y de representantes de la industria de la remediación.

Foro Nacional del Seguro

Los días 22 y 23 de septiembre se llevó a cabo uno de los encuentros del mercado asegurador que concentra la mayor atracción de los asesores productores de seguros, que es el Foro de la referencia. En esta ocasión superó en más de 3000 participantes, la inscripción al mismo. Este año se llevo a cabo con el lema “Sostener el crecimiento económico, proteger a la comunidad”, y se incorporó el Seguro Ambiental Obligatorio como una disertación especial del temario, y estuvo a cargo de la Presidencia de la CAARA, y que logró un interés significativo por la crecida concurrencia a la exposición que colmo la capacidad de la sala destinada a la misma.

Presentaciones judiciales

En el mes de julio la CAARA, , realizó sendas presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Defensor del Pueblo de la Nación y el Juez Armella para informarlos sobre la oferta vigente en materia de seguro ambiental obligatorio.

La CAARA informó a esas autoridades que en su seno nuclea a cuatro compañías aseguradoras habilitadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, y calificadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable con su Conformidad Ambiental, para brindar la cobertura prevista y exigida por la Ley N° 25.675, conocida como Seguro de Caución Obligatorio por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva como así también notificó que estas empresas ofrecen el servicio de recomposición del daño ambiental.

Las presentaciones se relacionan con los autos caratulados “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza – Riachuelo)”, en los que el 20 de junio de 2006 la Corte Suprema ordenó al juez de la causa, Dr. Armella, “requerir a las empresas demandadas información sobre ( …) si tienen seguros contratados en los términos del art. 22 de la ley 25.675”.

La CAARA precisó que durante el período de tiempo que demandó dictar las normativas reglamentarias, la obligación legal de contratar tales seguros resultaba de cumplimiento imposible ya que en el mercado asegurador no existía póliza alguna que brindara esa cobertura específica.

Sin embargo destacó que a esa fecha ya existía “en el mercado asegurador de la Argentina una oferta destinada a asegurar la reparación de los daños sobre el ambiente, conforme a lo reglamentado, motivo por el cual es posible cumplir con la obligación legal, y aparece incontrastable el deber de las empresas demandadas de contratar el referido seguro de caución por daño ambiental de incidencia colectiva tal y como lo exige el citado art. 22 de la ley 25.675”.

Afirma la CAARA que esto “ha modificado sustancialmente la situación existente al momento de iniciación de la causa ‘Mendoza’, no obstante lo cual los sujetos obligados siguen aún sin cumplir las directivas fijadas por el alto tribunal mostrándose renuentes a la contratación de la cobertura que garantice el financiamiento de la remediación del daño ambiental”.

Jornada en Salta

El 29 de septiembre la CAARA organizó en Salta un encuentro de divulgación que contó con el auspicio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia y de la Superintendencia de Seguros de la Nación, con el objetivo de informar acerca de la importancia del seguro ambiental obligatorio como instrumento del Estado que garantice la reparación de los daños ambientales colectivos.

El evento fue abierto por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, Lic. Julio Nasser, quien destacó la importancia en la implementación de seguros ambientales en Salta para lograr en la Provincia el crecimiento productivo de manera sustentable, garantizando desde el Estado, la integración y orientación de este sector hacia el cuidado ambiental y social de la población.

A su vez la Directora del Área de Tecnologías de Procesos y Economía Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, Ing. Graciela Ayala, señaló que “el ambiente como un bien colectivo debe ser tutelado por el Estado, a través de la implementación de seguros ambientales, instrumentos que darán lugar a la prevención del deterioro ambiental y garantizarán que cualquier sujeto que ya haya provocado el daño se haga responsable del hecho y lo pueda reparar, con el apoyo del Estado”.

La provincia de Salta, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, está trabajando sobre la reglamentación y vigencia de los seguros ambientales obligatorios en la provincia, para lograr la presentación de declaraciones juradas de categorización de riesgo ambiental de las distintas empresas productoras, a fin de confeccionar un registro de las actividades riesgosas.

En el evento expusieron también el Gerente Legal de la Superintendencia de Seguros de la Nación, Dr. Mariano de Los Heros; el Presidente de CAARA, Sr. Jorge Furlan y el representante de la Cámara Argentina de Tratamiento para la Protección Ambiental, Ing. Fabio Bonato.

Evento en la SIGEN

El 30 de noviembre se realizó una jornada dedicada al SAO en la Sindicatura General de la Nación con la participación de 120 síndicos, auditores internos y gerentes de empresas en las que participa el Estado, cuya apertura estuvo a cargo del Síndico General de la Nación, Dr. Daniel Gustavo Reposo, y en la que el presidente de CAARA, Sr. Jorge Furlan, se refirió al tema desde la perspectiva de las empresas aseguradoras y el apoderado de CAARA, Dr. Román Uez, habló de la “Eficacia en el Control Administrativo del Cumplimiento de la contratación del SAO”.

Durante el encuentro habló también el Ing. Fabio Bonato, de la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (CAITPA), y clausuró el evento el Presidente de Nación Seguros, Ing. Rafael González.

II Encuentro sobre Responsabilidad Profesional Salud y Medio Ambiente

El 20 de mayo se participó en el encuentro organizado por Estratega, RPNews, y el Foro de las Ciencias, mediante la participación de la Presidencia de la Cámara en una disertación especial, que tuvo como motivo central explicar la naturaleza de la obligación de la LGA y las características de la póliza de caución ambiental obligatoria.

Otras participaciones de interés

Merecen mencionarse las disertaciones llevadas a cabo por CAARA en la Asociación Tucumana del Citrus de la Ciudad de Tucumán; en ámbito de la empresa Gas y Petróleo SA de la Provincia de Neuquén, la actividad realizada en Córdoba en el mes de diciembre, organizada por Eco KILL (empresa dedicada al asesoramiento en remediación ambiental y Eco News (revista dedicada a la difusión de temas medio ambientales), El acercamiento a la Cámara de la Industria Química y Petroquímica, para explorar ventajas a otorgar a los miembros de la Cámara participantes de su programa voluntario de manejo ambiental.

También merece una mención especial, la póliza contratada por la empresa organizadora del Rally Dakar para la competencia que se llevó a cabo en enero de 2010.

Artículos y notas publicadas

Se efectuaron numerosos artículos en revistas del sector asegurador, diarios locales y del interior del país, como también se colaboró con notas vinculadas con el ambiente.

Buenos Aires, 15 de enero de 2010-01-15

Jorge Edgardo Furlan Roberto Luis Lopez
Presidente Secretario

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