SAO.Mag n°1

AÑO I – Nº 1 – 30 DE MARZO DE 2010www.caara.com.ar

CAARA publicó su primera Memoria Anual

La Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental (CAARA) publicó la Memoria de su primer ejercicio anual calendario completo en la que manifestó que durante el período desplegó una intensa actividad orientada a divulgar la vigencia del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) en el marco de la Ley General de Ambiente (LGA) n° 25675 y los beneficios que su amplia implementación determinarán para el conjunto de la sociedad.

La CAARA concluyó en el período su puesta en marcha formal como entidad sin fines de lucro, con lo cual quedó habilitada para asumir la representación, promoción y defensa de la actividad aseguradora ambiental en todas las formas que resultan de la legislación, y de las empresas que la integran o actúan en la materia. La Memoria dice que desde su formación en el 2008, la CAARA se ha dedicado a divulgar la importancia social del SAO y a asesorar y participar con otros organismos y entidades, públicos o privados, en la promoción de las normas jurídicas y de funcionamiento más adecuadas para el sector en particular y la sociedad en general.

Refleja la Memoria que las empresas que integran la Cámara y el sector se desenvolvieron en el período bajo análisis en el marco de las restricciones derivadas de la ralentización de la actividad económica que afectó a la Argentina, lo cual sumado a la renuencia al SAO manifestada por los sectores obligados determinó que la captación de seguros fuera a ritmo más lento que lo previsto inicialmente.

La entidad dice en el Documento que de todas formas se puede prever que por la persistente acción de promoción y persuasión de la Cámara y las empresas aseguradoras, por la importante actividad judicial en la materia y por las medidas administrativas que se adoptan en distintos ámbitos de gobierno en torno a una mayor exigibilidad, y la aplicación de la obligatoriedad en algunas provincias, el ritmo de colocación de pólizas se acelerará durante el año 2010.

En el mes de octubre la institución fijó su domicilio en Florida 537, Piso 9°, de la Galería Jardín, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funcionan actualmente sus oficinas de dirección y administrativas.

Al concluir el primer ejercicio anual completo, los socios activos de CAARA son Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales S.A, NGN Asesores en Seguros S.A, Nación Seguros S.A, Testimonio Compañía de Seguros S.A. y Escudo Seguros S.A., y los socios adherentes son la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (CAITPA) y la aseguradora Fianzas y Crédito S.A. A la finalización del año calendario solicitaron su adhesión a la Cámara las aseguradoras, El Triunfo y La Nueva.

Propósitos de SAO.Mag

El newsletter Seguro Ambiental Obligatorio / Magazine (SAO.Mag), cuya primera edición difunde la Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental (CAARA), tiene el propósito de llevar la palabra institucional de la entidad a todo el sector asegurador, a los organismos públicos y al sector privado en general, especialmente a los sujetos obligados, con la intención de demostrar que el SAO es un instrumento que favorecerá el desarrollo de la sociedad toda.



SAO.Mag procurará a través de sus distintas informaciones y comentarios consolidar en la sociedad la idea de que el más acabado cumplimiento de lo dispuesto por las normativas que definen al SAO obrará en beneficio de una mejor calidad de vida de los argentinos. El Newsletter incluirá informaciones generales, comentarios y noticias institucionales.


Asimismo todos aquellos que consideren que pueden realizar aportes al mejor desenvolvimiento del SAO con opiniones y comentarios constructivos tendrán un espacio en esta publicación, siempre que se trate de posiciones encuadradas dentro de la ética y de la responsabilidad institucional de la CAARA. Estas opiniones podrán ser enviadas a info@caara.com.ar.


Los destinatarios que deseen continuar recibiendo la publicación disponen de un espacio al pie del newsletter para confirmar su interés, así como lo disponen también quienes no desean continuar recibiéndolo.

Alerta sobre el SAO

En un Documento publicado el pasado 17 de febrero CAARA dijo que a 19 meses de vigente, los obligados por ley siguen renuentes a contratar el SAO y que sólo con la auditoría previa a cada póliza el riesgo ambiental general bajaría sensiblemente.


El texto del documento es el siguiente: En enero pasado se produjo un pavoroso incendio en un establecimiento industrial de Lanús, provincia de Buenos Aires, donde se trataban productos químicos sin los cuidados ambientales requeridos. Naturalmente esto tuvo y tiene consecuencias contaminantes que castigan a los vecinos, como la evacuación de viviendas que se mantenía hasta estos días.


La información periodística no proveyó el nombre de la empresa ni de sus propietarios o responsables, pero por el domicilio de la planta esta Cámara puede afirmar que el establecimiento no contaba con póliza de Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) en los términos de la Ley General de Ambiente (25.675), dado que no figura en los registros de ninguna de las empresas que operan en ese riesgo.


Por las características de su actividad, esta es una de las, por lo menos, 35 mil empresas obligadas a contratar el SAO en el territorio nacional, según la estimación que en su momento hizo la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS). La Ley rige desde el año 2002, pero la oferta de seguros ambientales en los términos requeridos por ella recién comenzó en agosto de 2008.


El establecimiento referido no es el único obligado que no ha suscripto una póliza SAO. En rigor, existe una generalizada renuencia de los obligados, rayana en una rebeldía judicial, que actúa en perjuicio de la sociedad toda con un temperamento temerario, según se deduce de las consecuencias del ejemplo del citado establecimiento de Lanús.


Ese episodio, como muchos que ocurren periódicamente, determina a esta Cámara a lanzar un alerta sobre el estado de situación relacionado con el sistema de seguro ambiental obligatorio que rige en el país, pero no se cumple.


Baste decir que si la planta de Lanús hubiese tenido SAO las consecuencias ambientales de cualquier imponderable hubieran sido mucho menores, dado que el proceso de contratación incluye una auditoría (Situación Ambiental Inicial –SAI) en la que se corrigen situaciones anómalas. Y si igualmente el siniestro se hubiera producido y, como en este caso, el propietario no hubiese asumido la remediación, la compañía aseguradora lo hubiera hecho inmediatamente, porque así lo establecen las condiciones de la póliza. No hubiera sido necesaria entonces la intervención de un organismo del Estado, como ocurrió en este caso, con los costos que esto acarrea a toda la sociedad.


Baste decir que la normativa que regula el SAO (www.caara.com.ar – Normativas del sector) establece, fundada en el Art. 41 de la Constitución Nacional., que las personas físicas o jurídicas que acometen actividades riesgosas para el ambiente deben hacerse cargo, y garantizarlo, de remediar los daños al suelo y al agua que esas actividades provoquen. El SAO es la garantía. El bien protegido es el de uso colectivo. La Póliza no hace más que garantizar, a favor del Estado, en representación de la comunidad, el inmediato cumplimiento de la remediación, ejecutándola la aseguradora en caso de defección del contratante sin necesidad de deslindarse responsabilidades en el siniestro, ni de determinarse si fue súbito o resultado de una acción que se fue sucediendo en el tiempo.


Argentina puso en vigor allí el Principio 16 del derecho ambiental que integra la Declaración de Eco Río ’92 (“Quien contamina, paga”), que dispone que debe fomentarse la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos. Resulta así esta póliza una herramienta fundamental para prevenir el daño ambiental, evitando futuras controversias y mejorando la gestión de la empresa al reducir los impactos ambientales de su actividad.


En la emblemática causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza – Riachuelo)” en junio de 2006 la Corte Suprema de Justicia de la Nación produjo un fallo histórico relacionado con la protección del medio ambiente y, a fin de garantizar la inmediatez de las decisiones y el efectivo control jurisdiccional de su cumplimiento, delegó en el juzgado federal de primera instancia de Quilmes, a cargo del Dr. Luis Armella, el proceso de ejecución de la sentencia y retuvo para si el relativo a la reparación del daño.


Entre lo encomendado por la Corte al Juez Armella se incluyó “requerir a las empresas demandadas información sobre ( …) si tienen seguros contratados en los términos del art. 22 de la Ley 25.675”. Se refería al Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) instituido por esa ley.


Por cierto, entonces los obligados no podían cumplir por cuanto no existían en el mercado pólizas de seguro ambiental en los términos impuestos por la Ley. Recién el 26 de agosto de 2008 fue aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación y la SAyDS la primera póliza (Seguro de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva – Garantía de Remediación-), con lo cual desde entonces es posible, y desde ya obligatorio para las empresas encuadradas, cumplir con la prescripción legal.


La legislación y su reglamentación han contemplado al autoseguro como otra forma de aseguramiento válida, pero aún no lo han reglamentado, de manera que no está vigente la posibilidad de su utilización. En consecuencia, actualmente la única manera de cumplir con la exigencia es a través de la contratación del Seguro de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva, el cual es absolutamente suficiente para cubrir el riesgo en los ámbitos para los que ha sido creado y su oferta está sanamente diversificada en diversas compañías.


En junio de 2009 CAARA informó a la Corte Suprema de Justicia, al Defensor del Pueblo de la Nación y al Juez Armella que pese a que ya existía en el mercado una oferta destinada a asegurar la reparación de los daños sobre el ambiente conforme a lo reglamentado, y por tanto ya era posible cumplir con la obligación, en su gran mayoría los sujetos obligados seguían renuentes a la contratación de la cobertura que garantice la remediación del daño ambiental.


Paralelamente en un extenso fallo, el juez Armella ordenó a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) que “urgente incluya en su reglamentación interna” lo establecido en el artículo 22 de la Ley 25675 a los fines de exigir el cumplimiento de la contratación del seguro ambiental o de la integración de un fondo de reparación ambiental a quienes en el área de su competencia estuvieran obligados por la referida ley.


La ACUMAR es un ente interjurisdiccional con competencia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y 14 partidos del Gran Buenos Aires, que tiene facultades de regulación, control y fomento respecto de las actividades industriales, la prestación de servicios públicos y cualquier otra actividad con incidencia ambiental en la cuenca, y la obligación de producir un informe anual al Congreso de la Nación sobre las iniciativas, acciones y programas ejecutados.


Recientemente se conoció un informe del Cuerpo Colegiado creado por la Corte para observar el cumplimiento de la sentencia del 8 de julio de 2008 respecto del plan de saneamiento del Riachuelo, compuesto por el Defensor del Pueblo de la Nación, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Greenpeace, la Asociación Vecinos de La Boca y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos.


Un resumen de ese informe, publicado por el diario La Nación, indica que en materia de contaminación ambiental, en 19 meses apenas se controló el 20% de los 4.103 establecimientos de la cuenca señalados por la ACUMAR (existen 12.181 establecimientos en la cuenca) siendo que la Corte había exigido que se inspeccionaran todas las empresas en un plazo de 30 días. Señala además una serie de demoras en materia de calidad de agua y de aire, basurales, limpieza de márgenes, saneamiento y otros aspectos.


CAARA quiere advertir a la sociedad que, también a 19 meses de la existencia del SAO, hay tanto en el área del ACUMAR como fuera de ella –esto es, en todo el territorio nacional- una generalizada renuencia a la contratación de la cobertura del riesgo ambiental obligatorio que determina que el ritmo de crecimiento de estas pólizas sea muchísimo más lento que el conveniente para el conjunto de la sociedad.


Lamentablemente debe reconocerse que pese a la acción encomiable de la Corte Suprema, de diversos magistrados y al empeño de autoridades de determinadas provincias, algunos factores ponen escollos a una rápida evolución del cumplimiento de la garantía ambiental: entre ellos, cierta laxitud en la exigibilidad, probablemente derivada de una aparente solidaridad de los organismos de control con quienes eluden el cumplimiento; cierta mora en definiciones jurisdiccionales sobre las penalizaciones por aplicarse a quienes no cumplen; cierta irresponsabilidad en asesoramientos profesionales equívocos, o bien la propia existencia de pasivos ambientales que obviamente complica la concreción de la cobertura. En todo caso, la exigibilidad no tiene la fuerza que un resguardo para la comunidad debería tener, más allá del incumplimiento de las funciones públicas en la que puedan estar incurriendo los responsables de los organismos de control.


Esas motivaciones no podrán sostenerse en el tiempo y, por tanto, más temprano que tarde los obligados tendrán que cumplir su obligación, emanada de una ley federal. Entonces, por el sólo imperio del SAI, el riesgo contaminante para toda la sociedad bajará sensiblemente.


Vale recordar las palabras del Presidente de la Corte Suprema en el lanzamiento del SAO. Dijo entonces el Dr. Ricardo Lorenzetti que el acontecimiento significaba “un gran paso en la Argentina: promover el seguro ambiental es algo que se ha hecho a través del Congreso, de la legislación; lo ha hecho también el Poder Judicial a través de numerosas decisiones que han señalado la necesidad de llevar adelante un seguro ambiental; y también lo ha hecho el Poder Ejecutivo a través de una normativa específica que hoy se presenta. Los tres poderes del Estado colaboran con una idea común. Esta es la madurez de la República y de la democracia”.


“Es importante –agregó el Dr. Lorenzetti- que esto sea puesto en práctica por los ciudadanos, porque no es algo contra alguien, sino a favor de alguien: es a favor de una nueva economía que esta surgiendo, una economía que ofrece oportunidades importantísimas para nuestro país. Es a favor también de la actividad empresaria, que si analiza correctamente estos problemas encontrará también un motivo para desarrollarse mejor”.


Mientras tanto, cabe reiterar que con la inclusión en la Constitución Nacional del derecho a gozar de un ambiente sano y la obligación de preservarlo y de recomponer los daños que se le inflijan según lo establezca la ley, y con la sanción en 2002 de la Ley General de Ambiente N° 25.675, que en su artículo 22 estableció que “toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir”, la Argentina se convirtió en un país pionero en la legislación sobre medioambiente, aunque muchos argentinos obligados se resistan a cumplirla.

CAARA suscribió un convenio de colaboración con el organismo bonaerense para el desarrollo sostenible (OPDS)

Buenos Aires 16 de febrero de 2010 – La Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental (CAARA) y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), de la provincia de Buenos Aires, suscribieron un Convenio Marco de Colaboración Recíproca que los compromete a una mutua cooperación, asistencia científica y técnica, colaboración y capacitación.


Las partes, involucradas en la temática ambiental, acordaron contribuir en sus respectivos ámbitos de competencia al mejor cumplimiento de las tareas a cargo del OPDS sobre la calidad del ambiente y sus subsistemas asociados; asistir y colaborar con la formación de recursos humanos promoviendo la asistencia académica y técnica y cooperar a través del intercambio de información científica – tecnológica.


El convenio fue firmado por el Presidente de CAARA, Jorge Furlan, y el Director Ejecutivo de la OPDS, José Manuel Molina, en un acto que tuvo lugar en la sede del organismo bonaerense, en la Ciudad de La Plata.


El OPDS y la CAARA establecerán mediante Protocolos Adicionales las condiciones específicas que regirán las actividades de colaboración en cada uno de los campos definidos.


En los protocolos las partes determinarán: la descripción de las actividades a realizar; los cronogramas de ejecución y los compromisos que asumen; la integración de la Comisión Ejecutiva que actuará en la materia específica a que se refiere el Protocolo Adicional; las pautas relativas al uso de información que se genere y todas aquellas cláusulas que se consideren pertinentes dejar establecidas.


A los efectos de coordinación, seguimiento y evaluación de las actividades que se propician en virtud del Convenio, las partes constituirán una Coordinación Ejecutiva integrada por dos representantes por cada una de ellas, quienes serán designados en un Protocolo Específico. La Coordinación Ejecutiva elaborará los Protocolos Adicionales y los elevará para su aprobación.


El convenio tendrá una duración de dos años, y será prorrogable en forma automática por igual período, de no mediar manifestación expresa en contrario por alguna de las partes.

INSTITUCIONALES

Caara celebró los proyectos ambientales anunciados por el gobierno bonaerense

La Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental (CAARA) celebra los anuncios formulados en materia de políticas para el medio ambiente formulados por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Sr. Daniel Scioli, en ocasión de la apertura del Período Ordinario de Sesiones de la Legislatura provincial.

Tales anuncios denotan el indudable avance e instalación del tema ambiental y el desarrollo sustentable en la agenda del gobierno provincial, como lo demuestra también la sanción, a fines de 2009, de la Disposición 4059/09, a partir de la cual la Provincia de Buenos Aires exige que las empresas acrediten el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley General del Ambiente, Nº 25.675, en relación con el Seguro Ambiental Obligatorio (SAO), en las gestiones que realicen para obtener permisos, habilitaciones y/o renovaciones de sus certificados ambientales.

En el discurso ante la Legislatura el gobernador Scioli destacó su intención de “promover el equilibrio entre un crecimiento duradero y el cuidado del medio ambiente como política de Estado” y formuló diversos anuncios que apuntan en esa dirección.

El Gobernador anticipó su propósito de consultar a la Suprema Corte de Justicia provincial y a la Legislatura respecto de la sanción de un proyecto de ley para crear el fuero ambiental en la Provincia, “para que los tres poderes en su conjunto acuerden un diseño judicial para la protección del ecosistema”.

Asimismo informó que a fin de reducir la contaminación y el volumen de los residuos, Buenos Aires se constituirá en la primera provincia en la que se cumpla la Ley que obliga a todos los supermercados e hipermercados a utilizar bolsas biodegradables.

También estimó que durante el año quedará concluida la reglamentación de la Ley de Guía de Tránsito de Sustancias Minerales que reduce los impactos negativos de la actividad de tosqueras y canteras.

En materia de biocombustibles, el Gobernador Scioli anunció que elevará un proyecto de Ley para regular su disposición, “ayudando a cumplir la cuota del 5 % de fuentes renovables establecido por la norma nacional”.

CAARA suscribió un convenio de colaboración con el organismo bonaerense para el desarrollo sostenible (OPDS)

Buenos Aires 16 de febrero de 2010 – La Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental (CAARA) y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), de la provincia de Buenos Aires, suscribieron un Convenio Marco de Colaboración Recíproca que los compromete a una mutua cooperación, asistencia científica y técnica, colaboración y capacitación.


Las partes, involucradas en la temática ambiental, acordaron contribuir en sus respectivos ámbitos de competencia al mejor cumplimiento de las tareas a cargo del OPDS sobre la calidad del ambiente y sus subsistemas asociados; asistir y colaborar con la formación de recursos humanos promoviendo la asistencia académica y técnica y cooperar a través del intercambio de información científica – tecnológica.


El convenio fue firmado por el Presidente de CAARA, Jorge Furlan, y el Director Ejecutivo de la OPDS, José Manuel Molina, en un acto que tuvo lugar en la sede del organismo bonaerense, en la Ciudad de La Plata.


El OPDS y la CAARA establecerán mediante Protocolos Adicionales las condiciones específicas que regirán las actividades de colaboración en cada uno de los campos definidos.


En los protocolos las partes determinarán: la descripción de las actividades a realizar; los cronogramas de ejecución y los compromisos que asumen; la integración de la Comisión Ejecutiva que actuará en la materia específica a que se refiere el Protocolo Adicional; las pautas relativas al uso de información que se genere y todas aquellas cláusulas que se consideren pertinentes dejar establecidas.


A los efectos de coordinación, seguimiento y evaluación de las actividades que se propician en virtud del Convenio, las partes constituirán una Coordinación Ejecutiva integrada por dos representantes por cada una de ellas, quienes serán designados en un Protocolo Específico. La Coordinación Ejecutiva elaborará los Protocolos Adicionales y los elevará para su aprobación.


El convenio tendrá una duración de dos años, y será prorrogable en forma automática por igual período, de no mediar manifestación expresa en contrario por alguna de las partes.

Alcances del seguro ambiental obligatorio por daño ambiental de incidencia colectiva.

El gobierno estimó que por lo menos 35 mil empresas están obligadas a contratarlo. La Dra. María Silvia Raninqueo, abogada y Máster en Gestión de Riesgos Ambientales,Asesora jurídica ambiental de CAARA, escribió el siguiente artículo para la revista Fortuna:

Junto con el reconocimiento del derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano, el correlativo deber de preservarlo y la obligación de las autoridades de proveer a la protección de ese derecho, la Reforma Constitucional de 1994 estableció en el mismo artículo.41 que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Asimismo, dispuso que corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas.

En este marco, el Congreso Nacional sancionó en el 2002 la Ley General del Ambiente (LGA), Nº 25675, que fija el régimen de responsabilidad por daño ambiental (definiendo a éste como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos) y medidas para recomponer el ambiente dañado (arts. 27 y 28). Así, el daño ambiental genera una doble carga en cabeza de quien lo cause: prioritariamente, la obligación de recomponer el ambiente a su estado anterior; y, sólo cuando no sea técnicamente posible esa recomposición, la obligación de abonar la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente.

Por su parte, el art. 22 de la LGA dispone que “Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación”. Se establece así la obligación de contratar un seguro para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño ambiental y, facultativa y complementariamente, la posibilidad de integrar un fondo de restauración ambiental, instrumento aún pendiente de reglamentación. De este modo, Argentina formaliza el Principio 16 de la Declaración de ECO RIO ’92 que promueve la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, fundado en que quien contamina debe cargar con los costos de la contaminación.

El Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) cumple una doble función: garantizar el financiamiento de la remediación del daño ambiental y, a su vez, prevenir ese daño, especialmente a raíz de la auditoría que realiza la Aseguradora para evaluar el riesgo asegurable y definir el valor de la prima (los que tendrán relación directa con la gestión ambiental de la empresa).

A partir del año 2007 la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), como autoridad de aplicación de la LGA, reglamentó finalmente el seguro por daño ambiental de incidencia colectiva, el que debe ser contratado por las personas (físicas o jurídicas) que desarrollen actividades industriales o de servicios “riesgosas” para el ambiente. A tal fin, emitió las Resoluciones Nº 177, 303 y 1639, que aprueban las normas operativas para la contratación del SAO, determinando cuáles son las actividades comprendidas según su Nivel de Complejidad Ambiental (NCA). Los criterios de inclusión de esas actividades se basan en los riesgos relativos al manejo de sustancias tóxicas o con poder contaminante, su eventual liberación al ambiente ante hechos accidentales y sus probables impactos sobre los recursos restaurables agua, suelo y subsuelo.

La Res. 177/07 creó también en el ámbito de la SAyDS la Unidad de Evaluacion de Riesgos Ambientales” (UERA), a fin de: evaluar la suficiencia de las garantías previstas por el art. 22 de la LGA; establecer criterios de prevención de procesos degradantes del ambiente y las prioridades respecto de la restauración de recursos dañados; elaboración de normas y guías técnicas de parámetros de remediación en función del riesgo; clasificar las actividades según su potencial contaminante; y fomentar mecanismos de autofinanciamiento para tareas de remediación y de prevención del daño ambiental.

A su vez, por Resolución Conjunta Nº 178/07 y Nº 12/07 de la Secretaría de Finanzas (SF) y de la SAyDS, se creó la Comisión Asesora en Garantías Financieras Ambientales encargada de fijar las pautas básicas de las pólizas que aseguren el daño ambiental de incidencia colectiva y, oportunamente, los requisitos, condiciones y alcances del autoseguro y los fondos de restauración.

Luego, la Res. Conjunta SF Nº 98/07 y SAyDS Nº 1973/07 estableció tales pautas básicas del SAO, en caso de siniestro ambiental causado en forma accidental (manifestado en forma súbita o gradual), para garantizar los fondos necesarios para recomponer el ambiente. Según esta norma, en el caso del Seguro de Responsabilidad Ambiental el Asegurado es el titular de la actividad riesgosa asegurada y responsable por el daño ambiental causado; en cambio, en el Seguro de Caución el Asegurado es el Estado (Nacional, Provincial o Municipal, de acuerdo al bien afectado) en representación de la comunidad, titular del patrimonio ambiental. También prevé la realización de un estudio de la Situación Ambiental Inicial que permitirá deslindar entre el daño ambiental preexistente y el posterior a la contratación del seguro.

Finalmente, la Res. SAyDS Nº 1398/08 fijó el “Monto Mínimo Asegurable de Entidad Suficiente” requerido para garantizar la recomposición del ambiente dañado, determinó las posibles acciones de recomposición y dispuso que deben contratar el SAO las instalaciones fijas de actividades industriales y de servicio con NCA igual o superior a 12 puntos (según fórmula polinómica fijada por Res. SAyDS 1639/07). Al momento de ser presentado oficialmente el SAO, en agosto de 2008, la SAyDS estimó oficialmente que por lo menos 35 mil empresas en el país estaban obligadas a contratarlo.

Si bien antes algunas pólizas cubrían eventos de contaminación, excluían expresamente la cobertura de la LGA por su amplitud e indefinición reglamentaria (argumento que utilizaron algunas empresas para eludir su obligación). La normativa reglamentaria reseñada, dictada con carácter de presupuesto mínimo de protección ambiental, permitió finalmente al sector asegurador ofrecer las pólizas en el mercado.

Consecuentemente, en agosto del 2008 la Superintendencia de Seguros de la Nación aprobó la primera póliza de “Seguro de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva – Garantía de Remediación”, previa Conformidad Ambiental de la SAyDS, habilitando así a las empresas a cumplir con la obligación impuesta por la LGA y reclamada reiteradamente por los tribunales (tal como la Corte Suprema de Justicia de la Nación in res “Mendoza y otros c/Estado Nacional y otros”).

A partir de la sanción de este marco jurídico y lo actuado por las autoridades competentes, los obligados por el art. 22 de la LGA se encuentran en condiciones de contratar el SAO, que es ofrecido en el mercado por un conjunto de compañías que están agrupadas en la Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental (CAARA), www.caara.com.ar. En caso de incumplir su obligación, además de otras responsabilidades en que pudiera incurrirse por daño ambiental (civil o penal) pueden ser pasibles de sanciones administrativas. La Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, a partir de la Disposición 4059/09, no otorga permisos, habilitaciones o renovación del Certificado de Aptitud Ambiental en caso de incumplimiento. Igualmente, debe tenerse presente el deber de diligencia de los administradores y representantes de toda sociedad comercial según el cual “…deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión.” (art. 59 de la Ley 19550).

Seguro Ambiental Obligatorio / Magazine (SAO.Mag) es publicación
digital de la Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental (CAARA)

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