SAO.Mag n°13

LAS MODIFICACIONES AL SAO CAMBIAN SU ESPíRITU FUNDACIONAL, INSPIRADO EN LA CONSTITUCIóN Y EN LA LEY GENERAL DE AMBIENTE

Mientras la caución originaria (SAO) era una herramienta de gestión ambiental basada en la obligación de remediar, las nuevas pólizas aprobadas apuntan al financiamiento de acciones de remediación

El Poder Ejecutivo Nacional y, en su competencia la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) adoptaron decisiones mediante las cuales modificaron parcial pero sustancialmente el sistema de seguro ambiental obligatorio (SAO), cuya normativa general fundacional fue resultante de una minuciosa tarea interdisciplinaria.

Las medidas son el Decreto 1638/12, mediante el cual el PEN derogó parcialmente las normas reglamentarias del SAO, y la Resolución Nº 37.160 de la SSN, que aprobó con carácter general las nuevas condiciones, que ahora se basan en dos pólizas, entre las cuales, en lo sucesivo, podrá optar el sujeto obligado a la contratación: “El Seguro de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva” y el “Seguro de Responsabilidad por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva”.

El Decreto fue promulgado en momentos en que merced a las disposiciones en torno a exigibilidad adoptadas por las jurisdicciones y organismos interjurisdiccionales en los que se agrupan las empresas que desarrollan las actividades con mayor potencial contaminante del país, se registraba un importante avance en el grado de cumplimiento por parte de los obligados, con garantías de seguros otorgadas en el último año por más de 7.000 millones de pesos a favor de la comunidad.

El sistema, como es conocido, fue dispuesto por la Ley General de Ambiente (LGA), N° 25675, que fija la política general del ambiente en todo el país. Definir la normativa ahora sustituida demandó que 14 años, tiempo que medió entre la sanción de la nueva Constitución Nacional, que en su Art. 41 consagró el derecho de los habitantes a gozar de un ambiente sano, impuso a la actividad productiva el deber de preservarlo y estableció la obligación de recomponer los daños ambientales provocados, y el momento en el que, en el año 2008, se hizo operativo el sistema con la aprobación de las normas complementarias a la Ley citada que la hicieron funcional y la aprobación del Seguro Ambiental.

Originalmente el SAO fue aprobado por la Unidad de Evaluación de Riesgos Ambientales, por la Comisión Asesora en Garantías Financieras Ambientales, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), la SSN, y oportunamente ratificado por la Resolución Conjunta Nº 945/11 y 66/11 de la SAyDS y la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía de la Nación, respectivamente. El acto en el cual fue lanzado el seguro ambiental obligatorio en agosto de 2008 fue presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Ricardo Lorenzetti, quien tuvo palabras de encomio para el sistema.

Un cambio sustantivo es que mientras la Constitución, la ley y la normativa fundacional para siniestros ambientales de incidencia colectiva apuntaron hacia la remediación, las nuevas directrices tienen un espíritu indemnizatorio. Se ha cambiado así al seguro ambiental obligatorio como herramienta de gestión ambiental apuntada a remediar, por otro dirigido a garantizar el financiamiento de acciones indemnizatorias. Anteriormente se apuntaba a remediar los daños ante el incumplimiento del sujeto obligado, dando certidumbre a la reparación. Actualmente se apunta a que ante un siniestro de incidencia colectiva se proceda al financiamiento del pago.

Por tanto, los cambios, que incluyen la creación de nuevos instrumentos de pólizas, van en dirección distinta a la de la orientación original, apuntada esta última a formar parte central de una política de concientización sobre la preservación del medioambiente y de asumir la responsabilidad de recomponer los daños que en ese sentido se pudieren producir.

En sus cuatro años de vigencia, el sistema fundacional, especialmente a travéns de la acción de la Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental (CAARA) realizó una vasta tarea institucional y de docencia para explicar a un mercado reticente que el espíritu del nuevo seguro era garantizar a favor de la sociedad, de la comunidad, del Estado, que especialmente los empresarios privados se harían responsables de remediar los daños ambientales de incidencia colectiva que ocasionaran con su accionar. Esta acción se extendió hacia autoridades de organismos públicos nacionales, provinciales y municipales en los cuales la normativa descargó la responsabilidad de producir normas complementarias a los presupuestos básicos.

Dada la reticencia comentada y la demora en dictarse las normas complementarias, en muchos casos la exigibilidad se retardó notoriamente en su aplicación o bien aún no fue puesta en vigencia. Asimismo, en casos donde ha estado vigente, no fue acompañada de una acción firme destinada a asegurar su cumplimiento. En muchos casos la Justicia fue la encargada de ordenar el cumplimiento de la obligación. De todas formas, la obligatoriedad esta impuesta por leyes en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, La Rioja y Chaco; por decreto en Chubut; por leyes para ciertas actividades en Santa Cruz y Tierra del Fuego; y por resoluciones precisas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tiene normativa avanzada en Salta y Córdoba.

Otro cambio sustantivo es el desplazamiento de la SAyDS de las funciones que le competían en cuanto a establecer y revisar periódicamente los rubros de actividades riesgosas, la categorización de industrias y actividades de servicio según el Nivel de Contaminación Ambiental, y el Monto Mínimo Asegurable de Entidad Suficiente en la materia, todo lo cual ha pasado a la órbita administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, de la cual depende la SAyDS.

En igual sentido que lo anterior, se ha eliminado la necesidad de contar con la “Conformidad Ambiental” de la SAyDS como requisito previo a la aprobación de las pólizas ambientales por parte de la SSN, que era y es el único organismo encargado de elaborar y aprobar los planes de seguros. Por tanto, el sector asegurador impondrá las condiciones sin importar la opinión del beneficiario, con una circunstancia muy especial para destacar: siendo que ahora las pólizas aprobadas son dos y que tienen alcances distintos –aun cuando la obligación a cumplir emanada de la ley es una sola; clara y sencilla- el sujeto obligado a tomar el seguro, sin tener legitimidad alguna, puede ahora determinar el alcance de la cobertura que va a presentar para cumplir con la Ley.

La comunidad -sujeto protegido- tendrá para su interéns asegurable una mayor cobertura si el obligado decide tomar la póliza de caución; en cambio tendrá una cobertura bastante menor, con riesgo de ser inexistente, si se contrata una póliza de responsabilidad por daño ambiental. Baste para confirmar esta aseveración, una rápida lectura de los alcances y de las exclusiones de una y otra.

Otro cambio importante es que a partir de la presentación de las nuevas pólizas aprobadas es obligatoria tambiénn la presentación ante la autoridad competente y con carácter de declaración jurada, del estudio de la situación ambiental inicial (SAI) que el sujeto obligado al seguro debe realizar al momento de contratar la póliza a fin de relevar el riesgo y detectar daños preexistentes. Tambiénn ahora queda en cabeza del asegurador la función de fijar las metodologías para la determinación del SAI, que no era así anteriormente.

Finalmente la póliza de Responsabilidad por Daño Ambiental es un contrato indemnizatorio frente a la ocurrencia de un hecho que configure un siniestro cubierto; es una póliza de daño directo. En este caso, no se requiere como condición precedente el reclamo de un tercero ni hay indicación de procedimiento alguno a seguir frente a una demanda civil o penal. Esta opción de póliza de seguro aprobada no sería encuadrable dentro de la Responsabilidad Civil ya que no funciona como tal.

Para actuar en los dos riesgos emergentes de las nuevas disposiciones, las aseguradoras deberán cumplir las adhesiones del caso ante la SSN y las exigencias patrimoniales que establece el Reglamento General de la Actividad Aseguradora, esto es, contar con un capital adicional de $ 2 millones para la habilitación de los dos ramos.

Promueven en La Rioja una ley para para registrar y recomponer sitios contaminados

El Diputado Carlos Luna y la Fundación Ambiente y Desarrollo presentaron en la legislatura de la provincia de La Rioja un proyecto de ley para determinar la existencia de sitios contaminados, y luego registrarlos y recomponerlos.

Luna detalló que el proyecto tambiénn “establece la obligatoriedad de un seguro ambiental: todas aquellas personas que realicen una actividad que pueda ocasionar riesgo al ambiente tienen que contratar un seguro de cobertura que evite que el costo de la remediación lo tenga que pagar el pueblo a travéns del Estado”. En la provincia de La Rioja el SAO es exigido mediante la Resolución Nº 70/12.

La Fundación Ambiente y Desarrollo es la ONG presidida por Raúl Vidable fue la que presentó un amparo contra las provincias de Tucumán y Santiago del Estero y 33 empresas productoras radicadas en esos territorios por la contaminación de la cuenca Salí Dulce.

El diputado Luna explicó que “no es un proyecto que se hace en un contexto político de oposición”. El legislador manifestó que el proyecto fue elaborado con la Fundación Ambiente y Desarrollo y que “tambiénn hicieron aportes téncnicos profesionales de diversos espacios de la provincia cono Paulo D´Alessandro y el geólogo Eduardo Romero”.

Asimismo comentó que “básicamente es un proyecto que se inscribe dentro de la normativa nacional. La Constitución Nacional en su artículo 41 y la Provincial en el 68 establecen el derecho a vivir en un ambiente sano”, recordó. Además señaló que “está en vigencia un programa nacional de sitios contaminados al que la Provincia adhirió, pero aún no avanzó en ese inventario”.

En el proyecto se propone “el dispositivo para que se haga el inventario y determinamos -dijo- las responsabilidades, por eso dice el artículo 1 que están obligados a recomponer los sitios contaminados los sujetos titulares de la entidad generadora del daño y/o los propietarios de los inmuebles en caso de que no se pueda ubicar al titular de la actividad; de manera subsidiaria tambiénn se responsabiliza al propio Estado”.

Tambiénn “se crea un fondo de financiamiento; se establecen sanciones ante el incumplimiento; se establecen medidas de prevención porque lo más importante es evitar que se contamine; y se establece la obligatoriedad de un seguro ambiental, es decir todas aquellas personas que realicen una actividad que pueda ocasionar riesgo al ambiente tienen que contratar un seguro de cobertura que evite que el costo de la remediación lo tenga que pagar el pueblo a travéns del Estado”. Luna manifestó que “las actividades humanas vinculadas a la producción tiene que desarrollarse, no se pueden evitar, pero es posible equilibrarlas con normas vinculadas al cuidado del medio ambiente”.

Asimismo informó que “hay lugares que ya fueron contaminados en la capital, por ejemplo la laguna azul y la verde”. Al mismo tiempo comentó que “hay leyes especificas de la Cámara que procuraron remediar estos problemas pero no se logró hacer; por eso esta ley busca por un lado determinar actividades precautorias, y por otro la remediación si se produjo el daño”.

El parlamentario aclaró que “no es un proyecto que se hace en un contexto político de oposición, sino que entendemos que le va a venir muy bien al Estado para recuperar en aquellos sectores que sea necesario la credibilidad que en algunos aspectos perdimos”. Además agregó que lo ofrecido “es una herramienta al servicio de la comunidad que procura compatibilizar el desarrollo económico con una visión humanista que preserve el medio ambiente”.

Finalmente expresó que “lo más probable es que se apruebe el año que viene, pero queremos aprovechar el receso -dijo-para que la comunidad lo conozca, principalmente los diputados que son los que deben aprobarlo, y lograr una toma de conciencia”.

Previsiones ambientales en la nueva Ley de Hidrocarburos de La Pampa

La Provincia de La Pampa sancionó su propia Ley de Hidrocarburos en la cual si bien no estableció la obligatoriedad del SAO para eventuales daños ambientales por actividades hidrocarburíferas, en su artículo 15 ordenó confeccionar un informe ambiental de base; examinar y relevar cada dos años las posibles alteraciones ambientales relativas con la actividad, y realizar un Informe Final Ambiental como máximo con seis meses de antelación al vencimiento de la relación contractual, quedando a cargo de las contratistas los montos que demanden la realización de los trabajos para restituir las áreas en el estado en que las recibieron.

La Ley, N° 2675, publicada en el Boletín Oficial provincial del 16 de noviembre, declaró de interéns público provincial el cumplimiento de los máximos objetivos tendientes a lograr y sostener el autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la prospección, exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los mismos, a fin de garantizar la consecución de los principios que en materia de política hidrocarburífera fije y defina el Estado Nacional.

La norma establece que los informes sean realizados en forma conjunta por la Autoridad de Aplicación del contrato, la Autoridad Ambiental Provincial y las contratistas.

En lo relacionado con el Informe Final Ambiental, la ley estableció que debe contener una Auditoría Ambiental en la que se incluirán las soluciones aplicables al saneamiento y remediación de los pasivos ambientales a que hubiere lugar debiendo las contratistas restituir las áreas en el estado en que fueron recibidas.

Las contratistas deberán afianzar y garantizar suficientemente la ejecución de los planes de saneamiento y remediación que debieran ejecutarse.

El organismo de aplicación de la Ley será la Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería de la provincia de La Pampa en tanto que en materia ambiental será la Subsecretaría de Ecología de la provincia.

MISCELANEAS

Emergencia ambiental en Catamarca

La Gobernadora de la provincia de Catamarca. Lucía Corpacci, declaró retroactivamente, a partir del 1º de agosto de 2012, la emergencia ambiental en la jurisdicción provincial mediante el Decreto 1360/12 publicado en el Boletín oficial provincial el 9 de noviembre pasado.

El decreto fue dictado a pedido de la Dirección de Gestión Ambiental de la Secretaría de Ambiente provincial “ante la perentoria necesidad de paliar y solucionar los problemas ambientales que existen en la Provincia de Catamarca, respecto a la generación, manipulación, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos, especialmente los residuos patogénnicos.”

Neuquénn reglamenta la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos

La Provincia del Neuquénn reglamenta la Ley Nº 2780, de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que en su Art. 35 prevén que “la autoridad de aplicación podrá ordenar la ejecución, a costa del responsable, de las medidas de restauración o remediación que juzgue necesarias para revertir afectaciones a los bosques nativos derivadas de usos inadecuados o malas prácticas. A tal fin los titulares de los planes deben contratar un seguro por daño ambiental de incidencia colectiva”.

La reglamentación fue dispuesta mediante el Decreto Nº 1837/12 que fue publicado en el Boletín Oficial provincial del pasado 26 de octubre.

Designan integrantes de la Comisión Téncnica de Evaluación de Riegos Ambientales

La Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación designó al Lic. Juan Santiago Fraschina, al Dr. Luis Antonio Romiti y a la Dra. Karina Martinez Liss miembros de la Comisión Téncnica de Evaluación de Riesgos Ambientales creada por el Decreto Nº 1638.

Fraschina actuará en representación de la Superintendencia de Seguros de la Nacion, Romiti lo hará por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros y Martinez Liss por la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Las designaciones fueron efectuadas mediante la Resolución n° 749/12 de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Designación en la ACUMAR

El Ing. Edgardo Atilio Bortolozzi fue designado representante del Poder Ejecutivo en la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).

El funcionario designado es el Sr. Subsecretario de Recursos Hídricos de la Secretaria de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Bertolozzi reemplazó en ese cargo al Ing. Fabián López, a quien tambiénn sustituye en la ACUMAR.

La designación fue efectuada mediante el Decreto 2031/2012. La ACUMAR está integrada con tres representantes del Poder Ejecutivo Nacional, dos de la Provincia de Buenos Aires y dos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Seguro Ambiental Obligatorio / Magazine (SAO.Mag) es publicación
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