SAO.Mag n°14

LA JUSTICIA FEDERAL SUSPENDIÓ LOS EFECTOS DE LOS RECIENTES CAMBIOS EN EL SISTEMA DEL SEGURO AMBIENTAL OBLIGATORIO

Un juez Federal, con una medida cautelar, suspendió los efectos de las modificaciones introducidas por el Decreto 1638/12 del Poder Ejecutivo y la Resolución SSN 37160/12. Por tanto, las aseguradoras que emitan pólizas deben acreditar capacidad operativa para remediar. Se evita así que circulen en el mercado instrumentos que no alcancen a cubrir los mínimos legales exigidos por la legislación aplicable a la materia.

La Justicia Federal dispuso suspender los efectos del Decreto 1638/12 y de la Resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) 37160/12 y, en consecuencia, ordenó a este organismo que antes de aprobar la emisión o comercialización de pólizas de Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) en los términos del Artículo 22 de la Ley General de Ambiente N° 25.675, se requiera la conformidad ambiental otorgada por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) y se acredite la capacidad técnica para remediar, mediante contratos suscriptos con operadores debidamente habilitados.

La medida fue dispuesta el 26 de diciembre por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 9, en la causa caratulada “Fundación Medio Ambiente c/ EN –PEN- Dto. 1638/12 –SSN-Resol 37160 s/ proceso de conocimiento”, ampliando así la cautelar dictada anteriormente en autos “Fundación Medio Ambiente c/ EN –Secretaría de Ambiente y DS y otros s/proceso de conocimiento”, (causa 1892/12), que regirá hasta tanto se dicte sentencia definitiva o se modifiquen las circunstancias que la determinaron.

Mediante las normas ahora suspendidas, el Gobierno Nacional había modificado y derogado parcialmente la reglamentación del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) que cumplimenta lo ordenado por el Art. 41 de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente, N° 25675.

El pronunciamiento judicial, que lleva la firma del Juez Federal Pablo G. Cayssials, repone en consecuencia las Resoluciones Nº SAyDS 178/07 y SF 12/07, SAyDS 1973/07 y SF 98/07, y SSN 35.168/10 que forman parte del andamiaje constitutivo del SAO así como a la “Póliza de Caución por Riesgo de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva – Garantía de Remediación”, que fue aprobada por la SSN mediante el Proveído 108126 del año 2008. A consecuencia de la citada disposición judicial, esta póliza continuará siendo el único instrumento válido para cumplir con la obligación emanada del Art. 22 de la Ley 25.675.

Las modificaciones ahora suspendidas habían cambiado el espíritu original del SAO, que era de carácter remediador y se había constituido en una herramienta de gestión ambiental, por otro de signo financiero, apuntado sólo al financiamiento de la reparación del daño ocasionado contemplado en la póliza.

En los considerandos de la cautelar, el juez señala que adopta la medida por observar que “se encuentran en juego derechos y garantías constitucionales de todos los habitantes de la Nación, como son el derecho a gozar de ‘un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, teniendo el deber de preservarlo’. Máxime, cuando la Ley Fundamental expresamente consagra que ‘El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de de recomponer’ y que ‘las autoridades proveerán a la protección de este derecho, (…) a la preservación del patrimonio natural (…) y de la diversidad biológica'” (Art. 41 de la Constitución Nacional.

Afirma el juez que “sin perjuicio de lo determinado por la autoridad de aplicación, si el seguro por daño ambiental de incidencia colectiva tiene por objeto primordial garantizar la recomposición del daño, no cabe más que concluir” que el Decreto 1638/12 y la Resolución SSN 37.160 “en tanto disponen cláusulas limitativas del riesgo y excluyen a la SAyDS de la aprobación de las pólizas , cuando es obligación y tarea primordial de esta su aprobación, así como la determinación del monto mínimo asegurable, vulneran el espíritu que la ley de medio ambiente y la Constitución Nacional intentan resguardar”-

Advierte después el magistrado que “si en materia ambiental se debe evitar –primero-que se contamine y, si ello ocurre, por ser inevitable, o por dolo o por culpa, se debe remediar el ambiente para volver –en tanto ello sea posible- al estado anterior, siendo la última opción, en caso que la remediación fuese imposible, proceder a la indemnización (conf. Art. 28 Ley 25.675 y CSJN In re: “Mendoza, Beatriz Silvia” -o causa del Riachuelo-), debe primordialmente ponerse de relieve la importancia del cumplimiento ‘sine quanon’ de los requisitos contenidos en la normativa aplicable a la emisión de las referidas pólizas”.

Por último el juez dijo que dicta la medida cautelar por “vislumbrar el peligro que configuraría la circulación en el mercado asegurador de instrumentos que no alcancen a cubrir los mínimos legales exigidos por la legislación aplicable a la materia”.

Las aseguradoras ambientales actuaron en el evento ocurrido en Puerto Nuevo el pasado 6 de diciembre

El seguro ambiental obligatorio (SAO), aprobado originariamente en el año 2008 para cumplir con el artículo 22 de la Ley General de Ambiente N° 25675/02, que fija la política ambiental nacional, fue concebido como una herramienta de gestión ambiental que en su oportunidad se orientó, más allá de atender la remediación ante el incumplimiento del sujeto obligado, también a la prevención de mayores daños ante un hecho puntual.

En sus instrumentos complementarios, la póliza originaria aprobada estableció la obligación del tomador de dar aviso de inmediato a la aseguradora en caso de ocurrencia de una primera manifestación o descubrimiento de un daño ambiental de incidencia colectiva.

En virtud de lo señalado, en ocasión de ocurrido el evento de público conocimiento el pasado día 6 de diciembre en instalaciones de la empresa Terminal 4 S.A. en el Puerto de Buenos Aires, las aseguradoras de la compañía, Testimonio y Prudencia Seguros. –ambas entidades adherentes de CAARA-, activaron inmediatamente lo previsto en la “Póliza de Caución de Riesgo por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva, Garantía de Remediación” según se señaló anteriormente, contratada por la mencionada empresa obligada.

En consecuencia, sin que mediara la declaración formal de siniestro, las empresas aseguradoras pusieron en práctica el protocolo de prevención y recomposición en virtud de lo previsto en la cobertura, quedando a disposición de las autoridades de la empresa asegurada.

En tal sentido inmediatamente se activaron los procedimientos de contención y de seguimiento de la tarea de recomposición a cargo de la empresa especializada comprometida en la cobertura.

Santa Cruz comenzó a pedir pólizas de SAO que acrediten capacidad de remediación

La Subsecretaría de Medio Ambiente de Santa Cruz dictó la Disposición 366/12 por la cal comenzó a exigir pólizas de SAO que acrediten capacidad técnica operativa de remediación, para la obtención y la renovación de Declaratorias de Impacto Ambiental, habilitaciones, permisos e inscripciones, a los proponentes de emprendimientos categorizados de “Alto Impacto Ambiental” (Categoría 3 según la Ley provincial de Evaluación de Impacto Ambiental, Nº 2658, y su reglamentación, Dcto. 07/06).

La Disposición dispone además que la misma obligación deberán cumplir los titulares de proyectos o establecimientos a los que la Autoridad de Aplicación se los solicite en razón de consideraciones específicas tales como vulnerabilidad del sitio de emplazamiento, antecedentes de desempeño ambiental, antigüedad y ubicación de depósitos de sustancias peligrosas u otros criterios de riesgo ambiental, en concordancia con la Res. Nº 481/11 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y de las normas provinciales respectivas.” (art. 2º).

Por último, conforme al art. 3º, las únicas pólizas de SAO que aceptará la Subsecretaría de Medio Ambiente serán las emitidas por aseguradoras que cuenten con la aprobación de la SSN, previa Conformidad Ambiental de la SAyDS, y que acrediten mediante contratos con empresas inscriptas en los Registros Nacional y Provincial de Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos Peligrosos, capacidad técnica operativa para remediar el daño ambiental.

MISCELANEAS

La Nación ya interviene por los vuelcos de vinaza en Santiago del Estero

El secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, exigió a la Provincia de Tucumán que informe sobre las actuaciones que ha realizado por los derrames de un ingenio radicado en esa provincia que desataron una crisis ambiental en el Departamento Jiménez, de Santiago del Estero.

Es probable que la Nación disponga duras sanciones por el vuelco de vinaza en un canal público en el este provincial, que desemboca en un rio afluente de la Cuenca Salí Dulce.

La grave situación ambiental desatada por los vuelcos de millones de litros de vinaza por parte de un ingenio tucumano que llegaron hasta la localidad El Palomar del departamento Jiménez, Santiago del Estero, derivó en la intervención de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, dijo el diario santiagueño El Liberal.

Altas fuentes del organismo confirmaron que el secretario Juan José Mussi emplazó a Medio Ambiente de Tucumán a que le remita un informe con las actuaciones ante este episodio de contaminación que golpea a los pobladores santiagueños.

El episodio fue denunciado por el gobierno de Santiago del Estero a través de la Fiscalía de Estado y de la Defensoría del Pueblo, que hicieron una presentación en contra de la empresa en el Juzgado Federal de la provincia.

Los derrames masivos desde reservorios de la empresa tucumana, situada en el departamento Cruz Alta, son similares al que ocurrió en noviembre, cuando más de 80 millones de litros de vinaza pura fueron descargados en el Canal Interprovincial del Este, afectando a la pequeña localidad santiagueña El Palomar.

El panorama se fue tornando crítico en los últimos días, a raíz de que en ocho días, desde el pasado lunes 11 de enero, se produjeron tres vuelcos masivos que afectan a los pobladores de El Palomar, dijo el periódico. Hugo Juárez, comisionado municipal de El Arenal que tiene jurisdicción sobre el pueblo damnificado, reflejó la preocupación de los habitantes por las consecuencias sanitarias que podría generar la contaminación.

Esto motivó la actuación de la Defensoría del Pueblo que envió un equipo técnico para tomar muestras y a supervisar la planta industrial; también de la Justicia ordinaria, ya que el juez de Crimen de Segunda Nominación de Las Termas, Raúl Santucho, ordenó a una comisión policial labrar un acta de constatación y tomar testimonios de vecinos.

El secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván, informó que se envió personal y maquinaria para reparar taludes de reservorios que fueron rotos intencionalmente, para permitir el paso de la vinaza hacia el sistema de canales que desembocan en el departamento Jiménez. Señaló que había recibido precisas instrucciones del gobernador José Alperovich de castigar “con el máximo rigor” a la firma.

Aprueban cambios en la Estructura Organizativa de la SSN

Por Decreto 2627/2012 del Poder Ejecutivo fue aprobada la nueva estructura organizativa de primer nivel operativo de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), de conformidad con el Organigrama, Objetivos, Responsabilidad Primaria, Acciones y Dotación detallados en diferentes anexos.

Se destaca entre las novedades la incorporación de una gerencia para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

El Decreto faculta al titular de la SSN a aprobar la estructura organizativa de las aperturas inferiores, previa intervención de la Secretaria de Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros. En este caso deberá prever como máximo 26 cargos de conducción. También se lo faculta para hacer cambios en la Dotación del personal.

Incendios forestales y rurales: aprueban Ley nacional. Neuquén exige el SAO

Se publicó en el B.O. de la Nación, la Ley Nº 26.815 que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales en el ámbito del territorio nacional.

La ley se aplica a las acciones y operaciones de prevención, supresión y combate de incendios forestales y rurales que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos e implantados, áreas naturales protegidas, zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y humedales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural. También, alcanza a fuegos planificados y crea el Sistema Federal de Manejo del Fuego.

En cuanto a daño ambiental la ley dispone en su Art. 22 (“Recomposición y reparación”), que “el responsable del daño ambiental que produzca un incendio tendrá la obligación de recomponer y adoptar las medidas de reparación que, en cada caso, resulten necesarias para la recuperación de las áreas incendiadas en los términos de los artículos 27 y 28 de la ley 25.675, Ley General del Ambiente (LGA)”.

El artículo 22 de la Ley 26.815 se relaciona directamente con el SAO, establecido a su vez en el Art. 22 de la LGA. En consecuencia, y en ejercicio del sistema de reparto de competencias ambientales que prevé la Constitución Nacional (Art. 41), cada jurisdicción debería contar con una norma complementaria que exija el SAO para las actividades forestales o relacionadas con bosques, como es el caso de la Provincia de Neuquén, cuya Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos dispone, en su Art. 35, que “la autoridad de aplicación podrá ordenar la ejecución, a costa del responsable, de las medidas de restauración o remediación que juzgue necesarias para revertir afectaciones a los bosques nativos derivadas de usos inadecuados o malas prácticas. A tal fin los titulares de los planes deben contratar un seguro por daño ambiental de incidencia colectiva.”.

Seguro Ambiental Obligatorio / Magazine (SAO.Mag) es publicación
digital de la Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental (CAARA)

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