SAO.Mag n°16

LOS CONTRATANTES DEL SAO PODRÁN ACCEDER CON BENEFICIOS A LA RC AMBIENTAL DE SU RIESGO PROPIO

Las empresas operadoras han acumulado en 5 años una experiencia que les permite aplicarla a nuevos compromisos con quienes reclaman por un instrumento que implique la transferencia de su riesgo propio a las aseguradoras. – Una Resolución deja sin cobertura ambiental al transporte de materiales y residuos peligrosos

A cinco años del lanzamiento y existencia en el mercado del Seguro de Caución por Riesgo de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva, comúnmente denominado Seguro Ambiental Obligatorio (SAO), sus empresas operadoras han acumulado una experiencia en la cobertura del riesgo que les posibilita aplicar sus resultados en nuevos compromisos a favor de los sujetos obligados y, a su vez, fortalecer la sustentabilidad ambiental.


El SAO es hasta la actualidad el único seguro aprobado para cumplir con el requisito de obligatoriedad establecido en el Artículo 22 de la Ley 25.675, de Política Ambiental. La obligación de su contratación alcanza a numerosas actividades definidas normativamente por resoluciones reglamentarias de la Ley citada, como también quienes están obligados por su nivel de complejidad ambiental (NCA=+de 14,5).


El SAO fue concebido como una herramienta de gestión ambiental aprobada por el Estado con el fin de garantizar que quienes en su acción productiva provoquen daños al ambiente de interés colectivo, concreten efectivamente su obligación de remediarlos. Es oportuno señalar que en este instituto existen tres partes: 1) el tomador de la póliza, que es el sujeto obligado; 2) la compañía aseguradora, que extiende la póliza de caución y que se constituye en garante en caso de defección del tomador al cumplimiento de su obligación de reparar, y 3) el asegurado, que es el Estado, representado por los organismos públicos de control de la actividad ambiental según corresponda.


La experiencia acumulada por las aseguradoras integrantes de CAARA a lo largo de estos cinco años de actuación con la cobertura, indica que cada póliza de SAO lleva implícita para la empresa aseguradora respectiva un conocimiento de la tomadora en su desarrollo sustentable de la actividad que realiza, que puede ser transferido a la propia sociedad como un beneficio a ser compartido.


Como se ha dicho, el SAO cubre la garantía de reparación de los daños de incidencia colectiva basados en la Ley 25675/, pero no tiene alcance a la cobertura de los daños individuales por contaminación ambiental causados a terceros y provocados por el tomador. Para esa eventualidad existen en el mercado pólizas facultativas –esto es de contratación no obligatorias- en el ramo de la Responsabilidad Civil, que sus alcances cubren daños a personas y bienes.


Ahora bien, sobre este riesgo, y según lo señalado anteriormente en cuanto al conocimiento adquirido sobre el riesgo a través de los estudios ambientales iniciales a la vigencia de la póliza del SAO, en rigor, auditorías ambientales que las entidades deben obligatoriamente realizar antes de la contratación de un SAO; los monitoreos de riesgo que efectúan las aseguradoras durante la vigencia de las pólizas y los planes de reconversión asumidos por los tomadores ante organismos públicos, le confieren a las aseguradoras la capacidad de ponderar técnicamente beneficios a los contratantes de pólizas de Responsabilidad Civil Ambiental.


Lo señalado constituye un factor tendiente a facilitar la concreción de una póliza de “Responsabilidad Civil por Contaminación” en condiciones beneficiosas para el asegurado en su costo final, en la medida que la misma se tramite asociada al SAO.


Las aseguradoras integrantes de CAARA, entienden que esta novedad será bienvenida por los alcanzados por la obligación Ley 25675, ya que facilita que se concrete el deseo de aquellos sujetos obligados que reclaman por un instrumento que implique la transferencia de su riesgo propio a las aseguradoras, y que si bien el seguro en cuestión ya existe en el mercado, ahora se hace más cercano a las posibilidades económicas de su concreción y además también se simplifica su forma de suscripción.


Una Resolución deja sin cobertura ambiental al transporte de materiales y residuos peligrosos


La Resolución de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) Nº 600/2013, que suspende temporalmente la exigencia del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) para la actividad de transporte de materiales, sustancias, mercancías y residuos peligrosos -dispuesta anteriormente por Resolución SAyDS 177/2013-, ha dejado sin cobertura al propio Estado en un segmento tan sensible como es el del transporte aludido, actividad catalogada por el mismo organismo como ambientalmente riesgosa.


Esta consideración se refleja con claridad en un caso práctico, un siniestro ocurrido el pasado 9 de julio en jurisdicción de la Municipalidad de Garuhapé, Misiones, donde un camión de una empresa de transporte de cargas oriunda de Brasil provocó un severo daño ambiental por el derrame de 16.000 litros de solvente. El hecho ocurrió en el kilómetro 1492 de la ruta nacional 12. Gran parte del producto químico transportado terminó en el arroyo 3 de Mayo, aguas arriba de la espectacular “Gruta india”, el principal atractivo turístico de Garuhapé.


Como consecuencia del hecho, la Municipalidad de Guarupé anunció que demandará a la empresa transportista, lo cual implicará por un lado un esfuerzo económico por la remediación del daño provocado por la empresa, que recae sobre los contribuyentes, y por otro un esfuerzo legal para recuperar los recursos aplicados en la remediación. Nada de esto sería necesario si el camión de la empresa hubiera circulado por la provincia con el SAO en las condiciones en las que había sido dictada el 27 de febrero pasado la Resolución SAyDS 177/2013, lo cual hubiera activado inmediatamente el ejercicio de la póliza.


El intendente de Guarupé, Avelino González, dijo que se aguarda el resultado de una serie de estudios que se realizaron sobre el cauce del arroyo para poder cuantificar el daño provocado por el solvente, un producto altamente inflamable que se utiliza para el preparado de pinturas y tenía como destino el mercado chileno.


El camión brasileño volcó sobre la ruta 16 bidones plásticos con el producto químico. La caída de la carga se produjo como consecuencia de una brusca maniobra que realizó el conductor, un brasileño que conducía con 2,5 gramos de alcohol en sangre, de acuerdo con el resultado del dosaje realizado por peritos judiciales. El hombre fue interceptado varios kilómetros más adelante y ante la Policía admitió que no se había dado cuenta de la pérdida de la carga. A casi dos meses del hecho, el camionero continúa preso a disposición de la Justicia.


La citada Resolución SAyDS 177/2013 definió el procedimiento para obtener el Monto Mínimo de Entidad Suficiente (MMES), elemento requerido para fijar el capital asegurado exigible al transporte, vial y ferroviario, de materiales, sustancias, mercancías y residuos peligrosos, haciendo funcional lo resuelto normativamente cuando se encuadró a esta actividad en la categoría 3 (altamente riesgosa) y por tanto sujeto obligado a contratar el SAO.


No obstante, dos meses después la SAyDS, mediante Resolución 600/2013, suspendió por 90 días la aplicación del artículo 3° en el que se establecen los Montos Mínimos Asegurables de Entidad Suficiente para la actividad de transporte de materiales, sustancias, mercancías y residuos peligrosos, en función de lo previsto en el artículo 22 de la Ley Nº 25.675, de acuerdo a los Alcances y Metodología que se fijan en un Anexo que forma parte de la Resolución. Consecuentemente, se suspendió temporalmente la exigencia del SAO para la actividad en cuestión.


Tal decisión se adoptó en virtud de que la SSN consideró que el SAO merece algún tipo de ajuste a las particularidades propias de la actividad de transporte y por tanto aprobar un nuevo articulado para la póliza en cuestión para que brinde cobertura a esta actividad.


Es de hacer notar que la suspensión de la exigencia del SAO deja sin cobertura al propio Estado en un segmento tan sensible como es el del transporte aludido, al que la máxima autoridad ambiental ha incluido previamente entre las actividades más riesgosas para el ambiente.

La UIA intenta alterar el espíritu del SAO

Después de experimentar una sucesión de fracasos administrativos y judiciales, en su persistente e infructuosa actuación orientada a obtener la derogación del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO), la Unión Industrial Argentina (UIA) apuntó sus recursos de lobbying directamente hacia la Casa de Gobierno y a medios periodísticos que se muestran sensibles a su discurso y sordos para atender y reproducir los argumentos del asegurador ambiental acreditado.


Los reclamos de la UIA contra el SAO por vía administrativa fueron rechazados de forma contundente por los organismos competentes y sus demandas legales no obtuvieron acogida favorable en la Justicia, que además dejó sin efecto en primera y segunda instancia, mediante una medida cautelar, sensibles cambios al sistema que había dispuesto el Poder Ejecutivo.


Más recientemente crónicas periodísticas revelan que una de las mayores preocupaciones, sino la mayor, expresada por la cúpula de la UIA en sus audiencias con la propia Presidenta de la Nación es el SAO. En esas crónicas fueron reproducidos criterios antagónicos al SAO difundidos por la dirigencia de la UIA y en algunos casos tomados como propios por la prensa, que no incluye los soportes aportados por la Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental (CAARA) con los que se justifican ampliamente las condiciones de este seguro.


El SAO fue instituido en el año 2008 para contribuir al cumplimiento de las prescripciones de la Constitución Nacional (Art. 41) y de la Ley General de Ambiente 25.785 (Art 22) de que todos los ciudadanos puedan disfrutar de un ambiente sano y que quienes en su accionar productivo ocasionen daños ambientales se hagan cargo de su remediación. Lo que la Ley les exige a las empresas alcanzadas por la normativa es que ofrezcan una garantía de que van a remediar los daños que previsiblemente ocasionen con motivo de su accionar productivo.


En esos términos, la Póliza de Caución por Riesgo de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva fue aprobada en el año 2008 por los organismos competentes, de acuerdo a la normativa vigente: la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), en lo que hace al seguro, y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), en lo referido al aspecto ambiental. En la definición del SAO intervino además la Secretaría de Finanzas de la Nación. Estos organismos velaron porque el instrumento aprobado cumpliera los requisitos y el espíritu de la Constitución y de la Ley.


El SAO es de tal forma una herramienta de gestión ambiental orientada a contribuir al cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en la normativa que le dio origen. En tal sentido, lo que la Ley exige a las empresas alcanzadas por la normativa es que ofrezcan una garantía de que van a remediar los daños que previsiblemente ocasionen a bienes de incidencia colectiva, esto es, de propiedad del Estado, con motivo de su accionar productivo.


El instrumento, vigente hace cinco años y comercializado por las empresas aseguradoras autorizadas y numerosos productores y brokers de seguros en todo el país, es la Póliza de Caución por Riesgo de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva que es el único contrato de seguro que cumple con los requisitos y el espíritu de la normativa legal.


Tanto la Constitución Nacional como la Ley de política ambiental se inspiraron, entre otras fuentes, en la Declaración de Principios de la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo realizada en Rio de Janeiro en 1992 (ECO RIO ’92) con la participación de la Argentina, cuyo Principio 16 estableció que “las autoridades nacionales deberían procurar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales”.


Precisamente, el interés asegurable de la póliza vigente, es darle certidumbre al Estado y a la comunidad, que son los verdaderos asegurados, de que los bienes de incidencia colectiva que eventualmente sean afectados por la acción contaminante de las empresas, serán remediados con recursos propios por el tomador de la póliza, en este caso el sujeto responsable de la contaminación. Por último es importante señalar que el conjunto del sector asegurador ya ha otorgado garantías por más de 12.000 millones de pesos en resguardo de incumplimientos, que de producirse estos, la comunidad no los va a tener que soportar a su cargo.

La provincia de Santa Fe ya tiene en práctica la exigencia del SAO

La provincia de Santa Fe reglamentó mediante un decreto la exigencia del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) con lo cual los cuatro mayores distritos de la República Argentina -la provincia y la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Córdoba y Santa Fe-, además de otros, ya han publicado las normativas que complementan los presupuestos mínimos exigidos por la Nación y tienen en práctica el sistema.


De tal forma la provincia de Santa Fe se suma a aquellos otros distritos que han asumido la responsabilidad de defender el interés de la comunidad exigiendo a los sujetos obligados, sean personas físicas o jurídicas, la contratación de la garantía de recomposición de los eventuales daños de incidencia colectiva que provoquen en su accionar productivo.


Mediante el Decreto 1879/13, que lleva la firma del gobernador Antonio Bonfatti, la provincia de Santa Fe, reglamentó la exigencia del SAO conforme a lo dispuesto por la Constitución Nacional en su Art. 41, la Ley general de Ambiente N° 25.675 en su Art. 22 y la Ley Provincial Nº 11.717, de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.


La exigencia del SAO en la provincia de Santa Fe alcanza a todos los establecimientos cuyo Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) sea mayor o igual a 14 puntos, aplicando un criterio aún más estricto que el de la normativa nacional, que fija el piso de NCA en 14,5 puntos.


La provincia de Santa Fe se suma de tal manera a las de Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, Chaco, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, la Ciudad de Buenos Aires y a la ACUMAR (autoridad ambiental jurisdiccional para la Cuenca Matanza Riachuelo). De tal forma, la exigibilidad del SAO ya se ha establecido en las zonas más industrializadas del país.


El Decreto promulgado por la provincia de Santa Fe determina que “las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que deseen obtener o mantener vigentes las respectivas habilitaciones, Informe Ambiental de Cumplimiento, permisos e inscripciones que otorga el Poder Ejecutivo a través de la Autoridad de Aplicación cuyo Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) en los términos de la Resolución Nº 177/07, modificatorias, ampliatorias y complementarias de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) sea igual o mayor a catorce (14) puntos, deberán acreditar en el plazo de treinta (30) días de publicado el presente, la contratación de un Seguro por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva en observancia a lo establecido por el Artículo 22 de la Ley General del Ambiente -Nº 25.675- y las normas reglamentarias. La presentación del seguro será condición previa al comienzo de las actividades en los términos de los Capítulos VIII y X de la Ley Nº 11.717″.


Asimismo dispuso que los obligados deberán adjuntar copia del Formulario de Autodeterminación del Monto Mínimo Asegurable de Entidad Suficiente (MMAES) certificada por la Compañía de Seguros interviniente, la cual tendrá carácter de declaración jurada, conforme los términos de la Resolución Nº 1.398/08, modificatorias y complementarias de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la Superintendencia de Seguros de la Nación.


La provincia designó Autoridad de Aplicación del régimen al Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente a través de la Secretaria de Medio Ambiente, o la que en el futuro la reemplace.

MISCELANEAS

Autoridades de CAARA

En la sesión celebrada el 30 de agosto pasado, la Asamblea Ordinaria de Asociados de la Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental (CAARA) aprobó el Balance General y la Memoria del Ejercicio 2012/2013, cerrado el día 30 de abril.


Asimismo, se procedió a cubrir el cargo de Vicepresidente que se hallaba vacante. En consecuencia, la Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera: Presidente el Sr. Jorge E. Furlan, de Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales S.A.; vicepresidente el Sr. Claudio Javier Barrios de NGN Brokers de Seguros SA; secretario el Sr. Gustavo D. Roldán, de Testimonio Compañía de Seguros S.A.; tesorero la Sra. Silvia Adriana Wickman de NGN Broker de Seguros S.A., y Revisora de Cuentas la Dra. Noemí Pellegri.


En la Asamblea el Sr. Furlan, en su carácter de Presidente, luego de dar cuenta de la gestión llevada a cabo en el transcurso del último año, entre otros aspectos, concluyó que durante el ejercicio el Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) recibió fuertes respaldos institucionales y judiciales, y que el sistema del SAO resultó jerarquizado porque el cumplimiento de la exigibilidad se mantuvo en crecimiento y se afirmó el criterio de que el instrumento que lo representa es un aporte incuestionable a los mejores esfuerzos de la sociedad para desarrollar una política de Estado que favorezca la sustentabilidad ambiental al servicio del Art. 41 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho de los habitantes de la Argentina a un ambiente sano y la obligación de las actividades productivas de preservarlo y recomponer los daños que le ocasionen.


También se señaló que resultó fortalecido porque su volumen de negocios continuó en expansión al registrar a la finalización del ejercicio garantías totales extendidas por las empresas que integran el sistema por $ 12.582.530.837, a un promedio de $ 1.766.465 por póliza, mientras que la proyección de garantías al fin de 2013 se ubica en torno a $ 13.195.500.160, lo cual representa un incremento de 4,87%.

Nuevo socio adherente

La empresa Brokers Asesores de Seguros se incorporó a CAARA como nuevo socio adherente. Los demás socios adherentes son la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (CAITPA); Fianzas y Crédito S.A.; La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada; 4 Triunfo Cooperativa Limitada de Seguros; 5 (AACyMS) Asociación Argentina de Cooperativas y Mutualidades de Seguros, TPC, RP News y Arg Group S.A.

Seguro Ambiental Obligatorio / Magazine (SAO.Mag) es publicación
digital de la Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental (CAARA)

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