SAO.Mag n°19

SEGURO AMBIENTAL OBLIGATORIO / MAGAZINE (SAO.MAG) ES PUBLICACION DIGITAL DE LA CAMARA ARGENTINA DE ASEGURADORAS DE RIESGO AMBIENTAL (CAARA)
AñO VI – N° 19 – Septiembre de 2015 www.caara.com.ar

SUSPENDE LA JUSTICIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BARRIO NÁUTICO EN ENTRE RÍOS POR FALTA DE SAO


La disposición judicial es coincidente con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en temas vinculados con los llamados derechos de incidencia colectiva.

El juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 de Gualeguaychú, provincia de Enre Rios, doctor Marcelo Arnolfi, ordenó la suspensión de toda actividad u obra en el barrio náutico Amarras de Gualeguaychú, que está en proceso de construcción, entre otras cuestiones por no haber presentado los desarrolladores la póliza y documentación relacionada con el Seguro Ambiental Obligatorio.

La medida cautelar fue ordenada ante un recurso de amparo presentado por el doctor Julio Majul “contra la Municipalidad de Pueblo General Belgrano, la empresa Altos de Unzué SA, y la Secretaría de Ambiente Sustentable de la provincia” en el que solicitó que les ordene que no autoricen la continuación de la obra Amarras. El magistrado ordenó la suspensión de las obras hasta que se resuelva la cuestión del amparo.

En su fallo el juez Arnolfi indicó que “atendiendo el carácter preventivo del derecho ambiental y la necesidad de evitar la modificación sustancial de los hechos de la causa, dado los antecedentes relatados, previa caución juratoria del peticionante, se dispone ordenar la suspensión de toda actividad u obra en el predio denominado Amarras de Gualeguaychú”.
La medida del juez regirá hasta que se presenten en el juzgado en original u copia fehaciente las siguientes documentales: 1) Autorizaciones administrativas del inicio de las obras. 2) Informe independiente -sin perjuicio de lo dispuesto por el decreto 4977/09-, previo al inicio de las obras del impacto ambiental de las mismas, con la totalidad de los estudios científicos realizados a la fecha de inicio de las mismas. 3) Informe de la realización, aprobación u otorgamiento de la denominada “licencia social” para la realización del emprendimiento de todas las comunidades, localidades y/o ciudades que podrían mantener impacto ambiental por la realización de las tareas que se realizan en el predio. 4) Póliza y documentación relacionada con el Seguro ambiental relacionado con la obra.

La disposición del juez Arnolfi es coincidente con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en temas vinculados con los llamados derechos de incidencia colectiva. Por eso, también citó como tercero a la Municipalidad de Gualeguaychú. Pero además hizo conocer los datos de este proceso “para que las personas y/o instituciones interesadas, en el plazo de tres días, se presenten a estar a derecho si desean adherir a esta acción, o bien manifiesten que no desean que lo resuelto por el presente signifique cosa juzgada para los mismos”.

El country en desarrollo Amarras de Gualeguaychú está ubicado en el municipio de Pueblo General Belgrano, donde cuenta con 110 hectáreas ubicadas en una zona bordeando el hermoso Parque Unzué, con frente costero propio. La oferta de la empresa desarrolladora es de 350 lotes de alrededor de 900 metros cuadrados y áreas comunes de esparcimiento y recreación que incluyen una reserva natural protegida de 6 hectáreas y un paseo comercial conexo de uso público.

El gobierno de Gualeguaychú dejó plasmado en el libro de consulta del proyecto urbanístico náutico Amarras de Gualeguaychú que el emprendimiento “aumentará la mancha de inundación sobre el área urbana de la ciudad”.

Por otra parte, la provincia de Entre Ríos no tiene ley de medio ambiente, aunque en la legislatura provincial un proyecto de ley marco tiene media sanción en la Cámara de Diputados y su tratamiento está pendiente en el Senado desde 2011.

En la provincia el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental se regula por el Decreto 4977/09 que nada exige en relación con el seguro ambiental como herramienta de gestión para prevenir el daño ambiental. Por el contrario, prevé medidas para el caso en que el daño ambiental ya ha ocurrido.

Así, en el artículo 30 dispone que “en caso de producirse impactos ambientales no previstos originalmente en el EsIA, la Autoridad de Aplicación podrá en cualquier tiempo requerir la información adicional que fuere necesaria para evaluar el impacto producido. En caso de requerirse medidas correctivas y/o de mitigación los costos correrán por cuenta del titular de la actividad”.

A fin de salvar ese vacío normativo, se puede acudir a lo previsto en el art. 6º según el cual “para aquellos casos que no puedan ser resueltos a través de la aplicación de la normativa provincial vigente, se recurrirá a las normas de otras jurisdicciones que refieran a materias análogas”. En consecuencia, debería exigirse la aplicación de la legislación nacional regulatoria del SAO (art. 22 de la LGA y su reglamentación). Para que esto ocurra es necesario que el Estado provincial adopte una política ambiental preventiva (ex ante daño ambiental), disponiendo las medidas que correspondan a esos efectos.

En cambio es positivo lo estipulado respecto de la remediación de pasivos ambientales. En este sentido, el art. 40 dispone que “los responsables de pasivos ambientales deberán presentar la documentación y estudios que solicite la Autoridad de Aplicación y acordarán compromisos de reparación o recomposición que serán auditados de acuerdo a los cronogramas pautados. Los costos de los análisis, estudios complementarios, informes, remediación y todo otro proceso que se requiera correrá por cuenta del responsable del pasivo ambiental.”

EXIGEN EL SAO EN UN CENTRO AMBIENTAL PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE ESTÁ EN CONSTRUCCIÓN EN EL CALAFATE

La Jefatura del Gabinete de Ministros de la Nación aprobó lo actuado por el Ministerio de Turismo de la Nación en la licitación pública para la “construcción del Centro Ambiental para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de El Calafate y Parque Nacional Los Glaciares, Provincia de Santa Cruz”, adjudicada a la empresa Desler S.A. que en el modelo de contrato exige al adjudicatario de la obra que contrate la póliza por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva. El Ministerio ya había adoptado la misma política respecto de los municipios turísticos de San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Bariloche, entre otros.

La medida fue adoptada mediante la Decisión Administrativa N” 678/2015 que aprueba y adjudica la Licitación Pública Nacional N° 17/2014.

La obra se ejecuta en el marco del “Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos”, Contrato de Préstamo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) N° 1.868/OC-AR cuyo modelo fuera aprobado por el Decreto N° 1.524 de fecha 6 de noviembre de 2007.

LA CORTE SUPREMA DISPUSO QUE LOS VECINOS PAGUEN UNA PARTE DEL JUICIO CONTRA LAS EMPRESAS POR LA CONTAMINACIÓN DEL RIACHUELO

Los vecinos del Riachuelo, actores y demandantes de la denominada “Causa Mendoza” que se tramita en la Corte Suprema de Justicia, deberán pagar las costas de una instancia del juicio por la contaminación del curso de agua, según resolvió el máximo tribunal al rechazar el pedido de revocatoria de una resolución dictada en marzo pasado por los jueces en las que eximió a las empresas demandadas de pagar las costas de esa instancia.

Se trata de la histórica causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza – Riachuelo) en la que los actores, en ejercicio de derechos propios y/o representación de sus hijos menores, demandaron ante la Corte Suprema, en instancia originaria, al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 44 empresas que desarrollan su actividad industrial en las adyacencias de la Cuenca Matanza-Riachuelo, a fin de obtener una indemnización por los daños y perjuicios sufridos a raíz de la contaminación ambiental del río. Asimismo, acumularon a la acción la pretensión de que se condene a los demandados a fin de dar término y recomponer la situación que denuncian.

La Corte consideró que tenía prioridad absoluta la prevención del daño futuro, en segundo término la recomposición de la polución ambiental ya causada y por último el resarcimiento de daños irreversibles y se declaró competente en instancia originaria para atender la pretensión tendiente a recomponer el ambiente frente a la degradación o contaminación de sus recursos y resarcir un daño de incidencia colectiva por el carácter federal de la materia en debate.

Sin embargo, afirmó que no correspondía en la competencia originaria y exclusiva de la Corte acumular a dicha pretensión reclamos resarcitorios por lesión a derechos individuales como consecuencia indirecta de la agresión al ambiente por no verificarse el requisito de “causa civil” establecido en el Reglamento para la Justicia Nacional, en tanto el daño alegado era atribuible a la inactividad u omisión de los demandados en el ejercicio del poder de policía. Por este motivo, consideró que los daños y perjuicios individuales debían ser evaluados caso por caso por tribunales inferiores.

Entre una serie de medidas que adoptó, requirió a las empresas demandadas a que presentaran información relativa a qué sustancias arrojan en el río, si tenían sistemas para su tratamiento y si estaban aseguradas para garantizar la reparación de posibles daños. Asimismo, requirió al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires y al Consejo Federal de Medio Ambiente a que presentaran un plan integrado de saneamiento, el que debía contener un estudio sobre el impacto ambiental que producen todas las empresas instaladas en el área afectada y la elaboración de programas de educación e información pública sobre el tema. Finalmente, decidió convocar a una audiencia pública para que las partes informaran en forma oral y pública el contenido de lo solicitado. (voto de los jueces Petracchi, Highton de Nolasco, Maqueda, Lorenzetti, Argibay y Fayt – éste último hizo su propio voto. El Dr. Zaffaroni no votó).

Ante el incumplimiento parcial de lo receptado por la sentencia anterior, la Corte decidió emitir un nuevo pronunciamiento sobre la cuestión, donde estableció una extensa lista de acciones obligatorias que incluyen detener la contaminación, sanear y erradicar basurales, limpiar la ribera del río, construir desagües y cloacas, expandir la red de agua potable, e implementar un plan sanitario de emergencia para asistir a la población afectada por enfermedades.

Además el fallo impuso plazos para la ejecución de las medidas ordenadas y sanciones en caso de incumplimiento. A efectos de asegurar la participación ciudadana y la transparencia del proceso, la Corte dispuso que el Defensor del Pueblo coordine la intervención de las ONGs presentadas en la causa y que la Auditoria General de la Nación realice el control sobre la asignación de fondos y la ejecución del plan de saneamiento.

El caso no está aún cerrado ya que el cumplimiento de las medidas dispuestas por la sentencia deben ser supervisadas por un Juzgado Federal de Quilmes, y la causa seguirá en trámite ante la Corte hasta determinar la indemnización correspondiente a los demandantes por los daños sufridos por la contaminación.

En su reciente determinación, la Corte incorporó a las empresas en la demanda por contaminación, que alegaban que no quedaba claro cuál era su responsabilidad. Ese fallo se dictó siete años después de que los representantes legales de los vecinos presentaran la disidencia.

“No encontramos explicación alguna para que la Corte haya demorado más de siete años en resolver una mera incidencia procesal y que pese a haber resultado favorable a los actores se les haga cargar con las costas y gastos del juicio. Tampoco se explica por qué en el fallo omitió controlar a las empresas contaminantes. Habiéndose ya gastado más de 15.000 millones de pesos de los $ 24.000 millones presupuestados para el saneamiento y que salieron del tesoro nacional, es decir, del bolsillo de todos los ciudadanos, las empresas contaminantes no hayan tenido que pagar un solo peso en concepto de resarcimiento por causar el daño y se les permita seguir contaminando”, dijo Daniel Sallaberry, representante de los vecinos, al diario La Nación.

Los abogados no van a cobrarles a los vecinos, pero no descartan elevar un recurso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aunque no se sabe cuál es el monto que deberán pagar las empresas si son condenadas, los cálculos del plan de saneamiento original presentado por la ex secretaria de Recursos Naturales María Julia Alsogaray lo estimaban en 500 millones de dólares.

Alfredo Alberti, de la Asociación Vecinos de La Boca cree que esta medida desalienta las presentaciones de la sociedad civil ante la Justicia. “Que los vecinos tengamos que dedicarnos ad honorem de responsabilidades del Estado, que vayamos a la Justicia y después nos pongan costas es increíble. Hacemos denuncias en los medios, en las defensorías, pero no alcanza porque los lobbys empresariales son muy fuertes. Esto limita mucho a la sociedad civil que puja por sus derechos”.

MISCELANEAS

Gruesos errores en el Informe 2015 de una prestigiosa Fundación ambientalista

La prestigiosa Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en su Informe 2015 (http://farn.org.ar/iaf2015), sobre el estado del ambiente en la Argentina, que tiene carácter público, incurrió en una serie de errores que afectan los intereses que representa CAARA.

La entidad, dedicada al derecho ambiental, hizo en su informe una única referencia al Seguro Ambiental Obligatorio, cuando elogió a la Corte Suprema de Justicia en un capítulo titulado “La Corte señala el rumbo”, en el que señala que “como ha sucedido a lo largo de la última década, durante el año 2014 se produjeron decisiones judiciales que resultan de fundamental importancia para la protección del ambiente, en sendos fallos” del máximo tribunal del país.

Indica que uno de ellos “es el restablecimiento de la vigencia del Seguro Ambiental previsto en la Ley General del Ambiente, que había sido suspendido mediante una medida cautelar dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones. La presentación –agrega- realizada por una organización no gubernamental (con sede en la provincia de San Luis) que carecía de antecedentes en la materia, tuvo por principal objetivo impedir la vigencia de los seguros de recomposición ambiental”. “Por ello –añade FARN- por decisión de la Corte se podrán volver a contratar los seguros de responsabilidad por daño ambiental de incidencia colectiva (Decreto Nº 1638/12 y Resolución Nº 37.160/12 de la Superintendencia de Seguros de la Nación), y que resultan de fundamental importancia para garantizar la puesta en marcha de las costosas acciones de recomposición en los casos de daño ambiental colectivo”.

El primero de ellos es el restablecimiento de la vigencia del Seguro Ambiental previsto en la Ley General del Ambiente, que había sido suspendido mediante una medida cautelar dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones. La presentación realizada por una organización no gubernamental (con sede en la provincia de San Luis) que carecía de antecedentes en la materia, tuvo por principal objetivo impedir la vigencia de los seguros de recomposición ambiental. Por ello, por decisión de la Corte se podrán volver a contratar los seguros de responsabilidad por daño ambiental de incidencia colectiva (Decreto Nº 1638/12 y Resolución Nº 37.160/12 de la Superintendencia de Seguros de la Nación), y que resultan de fundamental importancia para garantizar la puesta en marcha de las costosas acciones de recomposición en los casos de daño ambiental colectivo.”

El texto señalado contiene una serie de errores e inexactitudes que a juzgar por CAARA es necesario que sean aclarados: 1) Por un lado, el SAO nunca estuvo suspendido sino sólo el régimen reglamentario dictado por PEN en el 2012; 2) La medida cautelar en cuestión fue dictada por el Juez Federal de Formosa y sólo ratificada por la Cámara, en segunda instancia; 3) El objetivo de la acción presentada por una ONG no fue “impedir la vigencia de los seguros de recomposición ambiental” sino la de una nueva reglamentación del PEN que viola el principio de no regresión ambiental y el deber prioritario de recomponer, sobre la que nada señala FARN; y 4) El fallo dictado por la CSJN no restableció la vigencia del Dcto. 1638/12 y la Res. 37160, por cuanto la cautelar continúa vigente, al igual q la reglamentación originaria del SAO.

Elevan a juicio oral causa en contra de un empresario por contaminación de un pueblo santiagueño

En una histórica resolución, el juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Daniel Molinari, cerró la instrucción y elevó a juicio oral la causa en contra del poderoso industrial azucarero tucumano Jorge Alberto Rocchia Ferro.

El delito que se le imputa al titular del grupo empresario Los Balcanes, dueño del ingenio y destilería La Florida, es la contaminación del agua, suelo y aire en la pequeña población El Palomar, en el departamento Jiménez. Para el magistrado quedó comprobado que a fines de 2012 y principios de 2013, el referido ingenio tucumano arrojó más de 86 millones de litros de vinaza pura a un canal de riego interprovincial que nace en Tucumán, pero que desemboca en el mencionado paraje santiagueño. La vinaza es un desecho industrial que se genera con la producción de alcohol utilizando la melaza de caña de azúcar. También deberá enfrentar este proceso público el gerente de la firma, José Ramón Coronel, quien junto con Rocchia Ferro, sufrió un embargo de $ 200.000 cuando fue procesado por Molinari. Ambos acusados apelaron el procesamiento que luego fue confirmado por la Cámara Federal de Tucumán, que devolvió las actuaciones a la Justicia Federal santiagueña. Esta novedad fue relevada a EL LIBERAL por altas fuentes del Juzgado Federal local, las que remarcaron que este fallo es “inapelable”, por lo que ya está abierto el proceso del juicio oral que continuará ahora, en el Tribunal Oral Federal. Semanas atrás, el fiscal federal de instrucción Nº 1, Pedro Simón, había requerido la elevación a juicio del proceso iniciado contra Rocchia Ferro, a raíz de una denuncia presentada a principios de 2013 por el fiscal de Estado, Raúl Abate; y el defensor del Pueblo, Martín Díaz Achával. Rocchia Ferro y Coronel también están acusados de desobediencia judicial porque utilizaron un canal de riego cuando había una orden de la Justicia Federal de Tucumán que l es impedía esta práctica. Se trata entonces del primer juicio oral contra los responsables de la contaminación que produjeron los ingenios tucumanos que se realizará en Santiago del Estero, desde que el Gobierno provincial presentara la primera denuncia en los 90.

Día Mundial de la Oración por el medio ambiente

El Papa Francisco estableció que a partir de este año, los 1° de septiembre se celebrará la “Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación” para llamar la atención sobre los problemas medioambientales del planeta, aprovechando la reacción mayormente positiva a su encíclica sobre ecología Laudato si.

El Vaticano informó que el pontífice, tras aceptar una sugerencia de los dignatarios ortodoxos, instituyó para los católicos “un día de plegarias por el cuidado de la Creación” para el 1° de septiembre a partir de este año.

Ese día también es la fecha en que la Iglesia Ortodoxa conmemora su día de protección del medioambiente, lo que da al gesto papal un simbolismo adicional en las relaciones entre las ramas de la Cristiandad oriental y occidental.

La decisión es la más reciente acción del Papa para destacar las preocupaciones medioambientales antes de una cumbre crucial de la ONU sobre cambio climático que tendrá lugar en París en diciembre.

“Como cristianos, queremos ofrecer nuestra contribución para superar la crisis ecológica que está viviendo la humanidad”, declaró Francisco en una carta a dos cardenales del Vaticano cuyos departamentos están involucrados en temas de justicia, paz y promoción de la unidad de los cristianos.

El Sumo Pontífice dijo que el día que será conmemorado en todas las diócesis católicas del mundo, “ofrecerá a cada creyente y a las comunidades una valiosa oportunidad de renovar la adhesión personal a la propia vocación de custodios de la creación”.

Francisco también señaló que sería una oportunidad para “elevar a Dios una acción de gracias por la maravillosa obra que Él ha confiado a nuestro cuidado, invocando su ayuda para la protección de la creación y su misericordia por los pecados cometidos contra el mundo en el que vivimos”.

En junio, el Papa emitió una encíclica sobre cambio climático, la primera dedicada al medioambiente, en la que propone una “revolución valiente” para salvar la Tierra del consumismo, el calentamiento climático y la destrucción.

Laudato si identifica a los más débiles como las principales víctimas del cambio climático y llama a cambiar de estilo de vida.

Para el pontífice latinoamericano, que se inspiró en San Francisco de Asís, el santo defensor de la naturaleza y los pobres, la mala gestión del agua, la pérdida de la biodiversidad o la desigualdad entre regiones ricas y pobres figuran entre los mayores desafíos que tiene la humanidad.

El Papa ha dicho que quiere que la encíclica y otras iniciativas de la Iglesia influyan en la cumbre de la ONU en París en diciembre, cuyo propósito es llegar a un acuerdo global para combatir el cambio climático tras fracasos anteriores.

El mes pasado, en una conferencia patrocinada por el Vaticano entre alcaldes y gobernadores de grandes ciudades del mundo, Francisco instó a Naciones Unidas a adoptar una “posición muy fuerte” sobre el cambio climático en la cumbre.

Seguro Ambiental Obligatorio / Magazine (SAO.Mag) es publicación
digital de la Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental (CAARA)

Si desea suscribirse a SAO.mag, haga click aquí

Si NO desea continuar recibiendo SAO.mag, haga click aquí

Powered by CLOUTMEDIA

Comments are closed.