SAO.Mag n°5

AÑO I – Nº 5 -20 de DICIEMBRE de 2010www.caara.com.ar

LA CIUDAD DISPUSO LA OBLIGATORIEDAD
DEL SAO

Es para las obras o proyectos que tengan impacto ambiental relevante. Sólo serán admitidas las pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y que hayan acreditado capacidad técnica para realizar tareas de recomposición ambiental a través de operadores legalmente habilitados.

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires dispuso que todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que realicen o pretendan realizar en el ámbito de su jurisdicción actividades, proyectos obras o emprendimientos que se categoricen como de Impacto ambiental con relevante efecto tendrán la obligatoriedad de acreditar la contratación del seguro ambiental previsto por el art. 22 de la Ley Nacional Nº 25.675.

El gobierno porteño dispuso además que los únicos instrumentos que admitirá en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para acreditar el cumplimiento de la obligación serán las pólizas de Seguro por Daño Ambiental emitidas por Compañías de Seguro que hayan sido aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación con la previa Conformidad Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y que hayan acreditado su capacidad técnica para llevar adelante tareas de recomposición ambiental a través de operadores legalmente habilitados.

Tales medidas fueron dispuestas en forma conjunta por el subsecretario de Gestión y Administración Financiera y el presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la Res. 2521/10.

La Resolución, ya publicada en el Boletín oficial de la Ciudad, dice:

VISTO:

La Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nacionales N° 25.675, N° 25.670 y 25.612, las Resoluciones Nacionales N° 177/SAyDS/07, N° 178/SAyDS/07, N° 303/SAyDS/07, N° 1639/SAyDS/07, N° 1973/SAyDS/07, N° 398/SAyDS/08, la Circular SSN REG 157 la Ley N° 2.506, la Ley N° 2.628, la Ley Nº 123, los Decretos N° 2075/GCABA/07, N° 138/08, N° 424/08 N° 590/ 08 y Nº 241/10, la Resolución Conjunta Nº2 – APRA/SSGO/09 y el Expediente N° 5115/2009, y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 41 de la Constitución Nacional establece que “(…) el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley (…)”; Que, en el mismo sentido, el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deja sentado el principio de que el ambiente es patrimonio común, que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras; agregando que “(…) toda actividad que suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar. El daño ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponer (…)”;

Que, la Ley Nacional N°25.675 – Ley General del Ambiente, establece en su artículo 22 que “(…) toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir (…)”. definiendo al daño como toda alteración relevante que modifique negativamente al ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos (artículo 27);

Que, el artículo 22 de la ley citada, presenta características de una norma de naturaleza mixta, al regular, por un lado, en materia de seguros, la cual constituye N° 3563 – 14/12/2010 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N°118 derecho de fondo conforme lo dispuesto en el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, y por el otro, en materia ambiental, como norma de presupuestos mínimos de protección ambiental, en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional;

Que por presupuesto mínimo debe entenderse el umbral básico de protección ambiental que corresponde dictar a la Nación y que rige en forma uniforme en todo el territorio nacional como piso inderogable que garantiza a todo habitante una protección ambiental mínima más allá del sitio en que se encuentre;

Que, de igual modo, la citada ley 25.675 en su artículo 28 determina que quien ocasione un daño al ambiente será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción y para el caso de que ello no sea posible, la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente será depositada en el Fondo de Compensación Ambiental que fuera creado por la misma Ley;

Que en virtud de lo expresado la normativa referenciada resulta de alcance federal, es decir que se aplica en todo el territorio de la República, sin que ello implique alterar las jurisdicciones locales, de acuerdo a lo dispuesto en los artículo 75, inciso 12 y 41 de la Constitución Nacional;

Que en base a ello, la normativa referenciada es dictada por organismos de nivel federal, y debe ser aplicada por las autoridades competentes de las jurisdicciones locales, quienes se han reservado tanto el poder judicial como el poder de policía respecto de su cumplimiento;

Que por medio de las Resoluciones Nacionales N°177/SAyDS/07, N°178/SAyDS/07, N°303/SAyDS/07, N°1639/SAyDS/07, N° 1973/SAyDS/07, N°1398/SAyDS/08, Nº98/SAyDS/07 se han establecido normas reglamentarias de la ley aludida, que brindan las pautas para implementar el seguro ambiental en la República Argentina;

Que por medio de la Circular SSN REG 157 se estableció que todo tramite que se haya iniciado o que se inicie en el futuro con el objeto de obtener la aprobación de planes de seguro, cláusulas y demás elementos técnicos contractuales correspondientes a la cobertura de riesgos previstos en el articulo 22 de la Ley Nº 25.675 deberá adecuarse a las condiciones estipuladas en el Anexo de la Resolución Conjunta de la SECRETARIA DE FINANZAS Nº 98/2007 y SECRETARIA DE AMBIENTE YDESARROLLO SUSTENTABLE Nº 1973/2007;

Que el grupo de normas referido ha sido elaborado de modo coordinado entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Producción de la Nación y la Superintendencia de Seguros de la Nación, tendientes a complementar, reglamentar y/o aclarar distintas cuestiones relativas al seguro ambiental, con el objeto de propender a la implementación paulatina del mismo, creando diversos instrumentos a tales fines;

Que con fundamento en la normativa antes citada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha venido requiriendo la efectiva constitución de seguros ambientales a través de sus más recientes pronunciamientos: autos “MENDOZA, Beatriz Silvia y Otros c/ Estado Nacional y Otros s/ Daños y Perjuicios; daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo”, M 1596 XL, punto IV.3 del 23/7/2008; “ASOCIACIÓN DE SUPERFICIARIOS DE LA PATAGONIA c/ YPF S.A. y Otros s/Daño Ambiental”, 1274 XXXIX del 13/7/2004;

Que asimismo el Juzgado Federal de Primera Instancia del Departamento Judicial de Quilmes, en autos “MENDOZA, Beatriz Silvia y Otros c/ ESTADO NACIONAL y Otros s/ EJECUCION DE SENTENCIA (en autos Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ ESTADO NACIONAL y Otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS; ha ordenado a la Nación y a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, a reglamentar de forma urgente la exigencia establecida en el artículo 22 de la Ley Nacional Nº 25.675 en el ámbito de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo, a los fines de exigir su cumplimiento por parte de aquellos establecimientos que estén comprendidos en el área de su competencia; N° 3563 – 14/12/2010 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N° 119

Que por Ley Nacional Nº 26.168 se creó la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) como ente de derecho público interjurisdiccional conformado por la Nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los Municipios Integrantes de la Cuenca Matanza Riachuelo y la Provincia de Buenos Aires;

Que el artículo 13 de la citada Ley Nacional ratifica lo oportunamente acordado entre las partes, en cuanto al compromiso asumido respecto a impulsar en el ámbito de cada una de sus jurisdicciones, el dictado de las normas que materialicen la ejecutividad de dicha Ley Nacional;

Que el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, autoridad de aplicación en materia ambiental de la Provincia de Buenos Aires, ha dictado la Resolución OPDS Nº 165/10, mediante la cual ha reglamentado la exigencia del Art. 22 de la Ley Nacional Nº 25.675 en jurisdicción de dicha Provincia, dando cumplimiento de ese modo a lo ordenado en el mentado resolutorio del Juzgado Federal de Primera Instancia del Departamento Judicial de Quilmes.

Que en ese mismo marco y en uso de las facultades que le competen, la ACUMAR dictó las Resoluciones Nº 07/2009, 29/2010, 34/2010, 110/2010, 132/2010, 278/2010 y 372/2010, que implementan –entre otras medidas- la exigibilidad en el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo del seguro ambiental obligatorio para aquellos establecimientos que desarrollen actividades riesgosas para el ambiente, así como sanciones en caso de incumplimiento.

Que por lo expuesto, resulta necesario hacer lo propio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que mediante la Ley N° 2506 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha creado la estructura ministerial del Gobierno de la Ciudad, disponiendo las facultades y responsabilidades de cada Ministerio;

Que por Decreto N° 2.075/07 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;

Que por Ley de la Ciudad N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica, que tiene como por objeto proveer a la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de las funciones de superintendencia general y el control de legalidad que ejercerá el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;

Que mediante el Decreto de la Ciudad N° 138/08, se establece que la Agencia de Protección Ambiental en su carácter de organismo con mayor competencia ambiental actúa como autoridad de aplicación de las leyes vigentes relacionadas con la materia de su competencia y las que en el futuro se sancionen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que entre los objetivos de la Agencia de Protección Ambiental, surge el de velar por el cumplimiento de las normas en materia de regulación y control del ambiente de esta Ciudad;

Que por Decreto N° 424/08 se creó la Dirección General de Seguros con dependencia orgánica de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, quedando modificado en tal sentido el Decreto N° 2075/ GCABA/07;

Que la mencionada norma define como misión de la citada unidad de organización centralizar la contratación, información total y administración de la operatoria de la totalidad de los seguros que operen en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que por Decreto N° 590/08 se ampliaron los términos del Decreto N° 424/ GCABA/08 en lo referente a la descripción de las responsabilidades primarias de la Dirección General de Seguros, aprobando las mismas y modificando en tal sentido el Anexo 2/5 del Decreto N° 2075/ GCABA/07; N° 3563 – 14/12/2010 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N°120

Que por Decreto Nº 241/10 se estableció que las contrataciones de seguros que deban efectuar los organismos que conforman el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarán a través de la Dirección General de Seguros.

Que en virtud del marco normativo referenciado, y de las competencias propias de la Agencia de Protección Ambiental y de la Dirección General de Seguros dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda de la Ciudad, se constituyó mediante Resolución Conjunta Nº 2- APRA/SSGO/09 la Comisión Interorgánica de Seguros Ambientales, con el con el fin de efectuar el análisis, desarrollo e implementación de la normativa vigente en materia de seguros ambientales en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que la Comisión Interorgánica de Seguros Ambientales quedó conformada por la Agencia de Protección Ambiental y la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda e integrada por profesionales de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Hacienda y por las Direcciones Generales de Planeamiento, Evaluación Técnica y Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental;

Que dicha Comisión ha determinado que la obligatoriedad de contratar el seguro ambiental previsto por el art. 22 de la Ley Nacional Nº 25.675 corresponde a toda actividad, proyecto, obra o emprendimiento de impacto ambiental con relevante efecto que pretenda desarrollarse, o se encuentren en ejecución en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que asimismo, la Comisión Interorgánica ha entendido necesario abordar la regularización de la situación de tres diferentes clases de sujetos alcanzados por la aludida obligación de contratar el seguro ambiental: el Gobierno por sus actividades propias, los terceros que efectúan actividades por cuenta y orden del Gobierno y los terceros responsables de actividades ajenos al Gobierno;

Que con respecto a las actividades propias del Gobierno, corresponde a cada dependencia del mismo tomar las medidas necesarias para amparar el riesgo en las actividades, programas, proyectos y/o emprendimientos que se desarrollen dentro de su ámbito y que corresponda sean categorizadas como “Con Relevante Efecto Ambiental”, en los términos de la Ley de la Ciudad Nº 123 y su modificatoria.

Que, en lo relativo a obras y servicios de impacto ambiental con relevante efecto contratados a través de terceros, corresponde implementar para las diversas contrataciones la exigencia de la cobertura del seguro ambiental en todos los pliegos de Bases y Condiciones utilizados, como un recaudo a cumplimentar por todos los oferentes;

Que es necesario llevar un control de las pólizas de seguro presentadas, en función de sus aspectos formales, como así también los alcances de cobertura de las mismas.

Que con relación a los terceros responsables ajenos al Gobierno, corresponde a esta Agencia de Protección Ambiental llevar adelante las medidas necesarias para exigir su cumplimiento por parte de los mismos en los casos que corresponda;

Que la cobertura prevista por el Art. 22 de la Ley Nacional Nº 25.675 se refiere prioritariamente a la obligación de recomponer el daño ambiental que pudiere provocarse;

Que en este contexto, se deberá establecer claramente que el único instrumento que se admitirá en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para acreditar el cumplimiento de la obligación prevista en el Art. 22 de la Ley Nº 25.675, serán las pólizas de Seguro por Daño Ambiental emitidas por las Compañías de Seguro que hayan sido aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación con la previa Conformidad Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y que hayan acreditado su capacidad técnica para llevar adelante tareas de recomposición ambiental a través de operadores legalmente habilitados. N° 3563 – 14/12/2010 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página N°121

Que el seguro ambiental se presenta como una herramienta de prevención y reparación del daño, ya que el valor de la prima así como el monto asegurable, tendrán directa relación con la gestión ambiental de la actividad que se realice;

Que han tomado intervención los organismos de asesoramiento y control, en el ámbito de su competencia.

Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido opinión en los términos de la Ley Nº 1218

Por ello, y en uso de las facultades legales que les son propias,

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA Y EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES RESUELVEN:

Artículo.1º.- Disponer la obligatoriedad de acreditar la contratación del seguro ambiental previsto por el art. 22 de la Ley Nacional Nº 25.675 y reglamentado por las normas nacionales citadas en los Considerandos que forman parte de la presente, para todas las actividades, proyectos, obras o emprendimientos que se categoricen como de Impacto ambiental con relevante efecto en los casos que corresponda en los términos del Título IX de la Ley de la Ciudad Nº 123 y normativa complementaria, que lleven a cabo personas físicas o jurídicas, públicas o privadas y que pretendan desarrollarse o se encuentren en ejecución en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 2º.- Disponer que, a fin de obtener o mantener vigentes las respectivas habilitaciones, permisos e inscripciones que otorga esta Agencia, los titulares de las actividades, proyectos, obras o emprendimientos que se presuman como de Impacto ambiental con relevante efecto , deberán acreditar en los casos que corresponda la contratación de un seguro con cobertura de entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño ambiental que su actividad pudiera producir, en observancia a lo establecido por el artículo 22 de la Ley Nacional Nº 25.675 y las normas reglamentarias señaladas en el artículo anterior.

Artículo 3º.- Disponer que el incumplimiento de lo establecido en esta Resolución será considerado una infracción a la Ley de la Ciudad Nº 123 y normativa complementaria.

Artículo 4º: Establecer que el único instrumento que se admitirá en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para acreditar el cumplimiento de la obligación prevista en el Art.22 de la Ley Nacional Nº25.675, serán las pólizas de Seguro por Daño Ambiental emitidas por Compañías de Seguro que hayan sido aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación con la previa Conformidad Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y que hayan acreditado su capacidad técnica para llevar adelante tareas de recomposición ambiental a través de operadores legalmente habilitados.

Artículo 5º.- La Dirección General de Seguros será la encargada de la guarda, control y administración de las pólizas de seguros.

Artículo 6º.- Registrese , publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Publico, a la Dirección General de Seguros dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda a las Direcciones Generales de Planeamiento, Evaluación Técnica, Técnica, Administrativa y Legal y de Control dependientes de la Agencia de Protección Ambiental y a la Agencia Gubernamental de Control . Cumplido, archívese.

Destacan el grado de desarrollo que va alcanzando el SAO

El presidente de la Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental (CAARA), Jorge Furlan, puso de relieve el grado de desarrollo que va alcanzando en el país la exigencia y el cumplimiento del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO), tanto por decisiones administrativas de los distintos distritos y de la propia Justicia como por el creciente acatamiento y la responsabilidad empresaria evidenciada por los sectores obligados.


Al hablar en el 2º Simposio Argentino de Riesgo Ambiental, ante una nutrida concurrencia que participó activamente en dependencias de la Universidad Tecnológica de Córdoba, Furlan destacó que cuando el sistema del SAO se puso en vigor, hace dos años, fue necesario que CAARA desplegara durante un período una intensa tarea de divulgación, pero paulatinamente la sociedad fue comprendiendo el sentido y la importancia de su implementación.


El Simposio, auspiciado por la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la Provincia de Córdoba, del Municipio de Córdoba y de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, fue organizado con el propósito de considerar la problemática de las actuales condiciones medioambientales ocasionadas por una inadecuada conducta social respecto del entorno natural y el hábitat humano, como así también brindar una visión del SAO para los daños ambientales de incidencia colectiva que exige el artículo 22 de la Ley 25675 (Ley General de Ambiente).


Participaron de las disertaciones especialistas en las distintas materias y concurrieron representantes de diferentes instituciones públicas y privadas, gubernamentales y no gubernamentales involucrados en el tema en consideración.


Furlan explicó las particularidades del SAO, señaló sus diferencias con otras herramientas propuestas para cumplir con la garantía exigida por la ley y comentó el desarrollo alcanzado en la implementación de la exigencia en el país.


El directivo reseñó que el SAO tiene origen en el Art. 41 de la Constitución Nacional (“el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley”), y del Art. 22 de la LGA ( “toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir”).


Furlán precisó que a la fecha el único instrumento que cumple con los requisitos estipulados en la ley y en las normas complementarias es la Póliza de Caución por Riesgo de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva – Garantía de Remediación.


En ese sentido precisó que en esta póliza existe un tomador, que es la empresa que la contrata, una compañía aseguradora y un asegurado, que es la comunidad a través del Municipio, la Provincia o el Estado nacional. “El interés asegurable en este caso es el de la comunidad”, enfatizó.


Furlan destacó que esta póliza es la única en la que la obligación de la compañía de seguros se activa inmediatamente, cuando el asegurado presenta el reclamo. “Sólo se verifica que el contratante no se haya responsabilizado por el daño ocasionado y que este, el daño, se derive de una acción contemplada en la póliza, todo lo cual es inmediato”.


El directivo informó asimismo que “en el curso de estos dos años se ha ido implementando paulatinamente la exigibilidad, tanto por acción administrativa como judicial, especialmente en distritos en los que existe una importante concentración de pasivos y riesgos ambientales, como el Gran Buenos Aires y dentro de él, en la Administración de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). La Ciudad de Buenos Aires y diversas provincias han hecho importantes evoluciones en la materia”, dijo.


Furlan destacó que en su proceso de emisión, a través del protocolo de Situación Ambiental Inicial (SAI), cada póliza de Seguro Ambiental Obligatorio suscripta tiene la virtud de haber logrado la posibilidad de reducir una porción de los pasivos ambientales que aquejan a la Argentina y, a la vez, la de evitar la producción de futuros daños al ambiente al mejorarse los procesos productivos.

Artículo de la Dra. Raninqueo en sobreseguros.com

La Dra. María Silvia Raninqueo, abogada especializada en “Medio Ambiente y Recursos Naturales” y Asesora Jurídico Ambiental de la Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental (CAARA) escribió el siguiente artículo en el sitio sobreseguros.com, titulado “Avances en la implementación del seguro ambiental obligatorio”.


Dijo el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Lorenzetti, en la conferencia inaugural del Congreso Internacional de Derecho Ambiental, realizado en Ushuaia entre el 2 y 4 del corriente mes y año: “La defensa del ambiente debe ser una prioridad para todos los argentinos… no se trata solamente de una utopía verde sino de una necesidad urgente porque la tierra está en peligro”(1). Y agregó, categórico: “… el Poder Judicial de la Argentina, con el liderazgo de la Corte Suprema, está por la defensa del ambiente. Lo que queremos es que todos estén por la defensa del ambiente y no con una visión apocalíptica ni conflictiva, sino ver esto como una oportunidad para que nuestra economía sea mejor y se aprovechen las vías que hoy hay para todos los productos sustentables, las energías limpias; son grandes oportunidades que nuestros dirigentes tienen que ver, para encaminarse en ese sentido, para evitar lo contrario”.


Estas palabras son consecuentes con lo manifestado dos años atrás por el mismo magistrado en el acto de presentación de la primera póliza de Seguro por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva (2). En esa oportunidad, en referencia al deber ciudadano de cuidar el ambiente, el Dr. Lorenzetti expresó: “Hoy somos todos conscientes de que la naturaleza en sí misma, como globalidad, se ha vuelto un recurso escaso y esto nos obliga a redimensionar nuestros estilos de vida. Por eso es que estas leyes, al incorporar obligaciones, principalmente la obligación de prevención del daño ambiental, la de recomposición y el resarcimiento, generan… la noción de riesgo. Las que antes eran externalidades negativas que pagaba la sociedad comienzan, a través de estas obligaciones, a internalizarse. …obliga a aquellos que tienen alguna responsabilidad en la contaminación a internalizar estos actos de acuerdo a la legislación vigente en nuestro país… al introducir la noción de internalizar los riesgos ambientales surge otro problema que es cómo difundir adecuadamente los costos,… porque si recaen sobre una persona, una empresa o un grupo de ellas y no tiene la capacidad económica de solventarlos, nos condiciona a la frustración. Por eso es muy importante la actividad aseguradora en materia ambiental a los fines de difundir estos costos, de aportar previsión en la actividad empresaria, y de mejorar asimismo la eficiencia y la razonabilidad en la distribución de los costos ambientales.”


Luego, en relación con el Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) dijo: “Promover el seguro ambiental es algo que se ha hecho a través del Congreso, a través de la legislación; lo ha hecho también el Poder Judicial a través de numerosas decisiones que han señalado la necesidad de llevar adelante un seguro ambiental; y también, y esto es muy importante decirlo, lo ha hecho el Poder Ejecutivo a través de una normativa específica, que es la que hoy se presenta”.


“Los tres poderes del Estado colaboran con una idea común. … Lo que es importante ahora es que esto sea tomado por los ciudadanos, llevado adelante, puesto en práctica, porque no es algo contra alguien, sino que es a favor de alguien: es a favor de una nueva economía que está surgiendo, una economía que ofrece oportunidades importantísimas para nuestro país. Es a favor también de la actividad empresaria, que si analiza correctamente estos problemas encontrará también un motivo para desarrollarse mejor.”


Dijo, por último: “Es un gran paso para nuestro país y sobre todo para la protección efectiva del medio ambiente. Esto es muy importante, que no quede sólo en una mera declaración, sino que se lleven adelante pasos concretos.”


Con esa premisa, varias jurisdicciones y organismos (provinciales, regionales, nacionales y municipales) dictaron normas – complementarias de las dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional para reglamentar el artículo 22 de la Ley General del Ambiente (LGA) (3) con el objeto de implementar la exigencia del SAO en sus respectivos ámbitos de control:


Provincia de Salta: Res. Nº 234/09 bis, que creó la “Unidad Provincial de Implementación de Sistemas de Manejos de Riesgos y Seguros Ambientales”; Res. Nº 528/09 (modificada por Res. 568/09), que creó el Registro de Actividades Ambientalmente Riesgosas; Res. Nº 81/10, que prorrogó el plazo para presentar las declaraciones juradas para la Categorización de Industrias y Actividades de Servicios; y Decreto Nº 1846/10, que prorrogó nuevamente ese plazo, por 90 días.


Provincia de Buenos Aires: Res. OPDS Nº 165/10. Ésta dispone que, a fin de obtener las habilitaciones, permisos e inscripciones que otorga el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, los titulares de las actividades industriales (establecimientos de 2ª y 3ª Categoría, y los que manejen residuos peligrosos) deben acreditar ante el OPDS la contratación del SAO, en cumplimiento del artículo 22 de la LGA y sus normas reglamentarias. Estableció además que las únicas pólizas que aceptará el OPDS son las emitidas por Aseguradoras previamente aprobadas por la SSN y la SAyDS y que, a su vez, hayan acreditado su capacidad y factibilidad operativa para recomponer el ambiente dañado (mediante contrato con empresas inscriptas en el Registro de Operadores de Residuos Especiales).


Provincia del Chaco: Decreto Nº 1589/10, que ratificó la Res. Nº 315/10. A través de ésta, el Ministerio de Producción y Ambiente resolvió requerir a todas las personas que realicen actividades riesgosas para el ambiente en esa Provincia y cuyo Nivel de Complejidad Ambiental sea mayor o igual a 12 puntos, que contraten el SAO.


Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Res. N° 2/GCABA/SSGO/09, que creó la Comisión Interorgánica de Seguros Ambientales; y Res. Nº 2780/MHGC/10, a través de la cual el Ministro de Hacienda dispuso que se incorpore la exigencia de contratar el SAO en todos los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares cuya obras y/o servicios a contratar involucren actividades ambientalmente riesgosas.


Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo: la ACUMAR, a través de diversas normas (principalmente, resoluciones Nº 07/09, Nº 29/10, Nº 34/10, Nº 132/10 y Nº 278/10) dispuso el empadronamiento obligatorio de todos los establecimientos asentados en la Cuenca Matanza Riachuelo (4) y el deber de declarar, por parte de sus titulares, si son sujetos alcanzados por la obligación prevista en el art. 22 de la LGA y, en tal caso, que acrediten su cumplimiento presentando la correspondiente póliza del SAO a favor de la ACUMAR. Además, para los declarados Agentes Contaminantes fijó un valor mayor del Factor de Ajuste (igual a 1,5) a fin de calcular el Monto Mínimo Asegurable de Entidad Suficiente. En todos los casos, bajo apercibimiento de aplicar, entre otras, sanciones de multa, cese de vertidos, clausura parcial o total.


Comisión Nacional de Valores: Res. Gral. Nº 559/09, que establece que las sociedades incluidas en el régimen de la oferta pública, cuyo objeto social contemple actividades riesgosas para el ambiente, deben informar si han contratado o no el SAO.


Sindicatura General de la Nación: Memorando Nº365/09, por el cual se solicita a los Síndicos que informen si las sociedades/empresas controladas por esa Sindicatura están alcanzadas por el art. 22 de la LGA y, en ese caso, se acompañen las constancias que acrediten el debido cumplimiento.


Reflexión final


Es evidente e incuestionable el avance en la implementación del SAO en nuestro país. Con la aprobación de la primera “Póliza de Seguro de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva – Garantía de Remediación Ambiental” de PRUDENCIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. (Proveído de la SSN Nº 108126, del 26 de agosto de 2008) desapareció el vacío operativo que existía en el mercado asegurador y en el cual se amparaban los empresarios para eludir su obligación de contratar el SAO. Desde ese momento, existe una póliza que cubre el riesgo aludido conforme al marco jurídico vigente, siendo por tanto inexcusable su contratación.


Así lo han comprendido las autoridades competentes, en ejercicio del deber de proteger el ambiente que la Constitución Nacional les impone (art. 41). Las normas complementarias reseñadas dan muestra de eso, como también las diversas sentencias dictadas por los jueces a lo largo de todo el país.


También, luego de una gran renuencia a internalizar los costos por dañar el ambiente, muchos empresarios han asumido la responsabilidad que les cabe y actuado en consecuencia. A dos años de aprobada, numerosas empresas han contratado la citada póliza y otras tantas están en proceso de hacerlo. Las Aseguradoras del rubro y sus reaseguradoras han asumido ya una exposición del riesgo por $ 360 millones.


Esto demuestra una actitud de reflexión y madurez por parte de todos los sujetos implicados (públicos y privados) que debe ser valorada, destacada y, especialmente, emulada.


(1) Según nota publicada en www.reporteaustral.com.ar el 06/12/10.


(2) Organizado por la Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental. Alvear Palace Hotel, C.A.B.A., 22/10/08.


(3) Las normas reglamentarias del SAO, dictadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), la Secretaría de Finanzas de la Nación (SF) y la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) son: Res. SAyDS Nº 177/07 (modificada por Res. SAyDS Nº 303/07 y 1639/07), que fija las normas operativas para la contratación del SAO, los rubros comprendidos y la categorización de industrias y actividades de servicios según su Nivel de Complejidad Ambiental (NCA); la Res. SAyDS Nº 178/07 -conjunta con la SF- por la cual se creó la Comisión Asesora en Garantías Financieras Ambientales; la Res. SAyDS Nº 1973/07 -conjunta con la SF-, aprobando las pautas básicas para las condiciones contractuales de las pólizas de Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva; la Res. SAyDS Nº 1398/08 que determina el procedimiento para calcular el “Monto Mínimo Asegurable de Entidad Suficiente” y que quedan alcanzadas en esta etapa sólo las instalaciones fijas con NCA igual o mayor a 12 puntos, y la Res.SSN Nº 35168/10, que dispone que la aprobación de las pólizas del SAO por parte de la SSN.

INSTITUCIONALES

Jorge Furlan fue reelecto Presidente

La Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental (CAARA) reorganizó los cargos de su Comisión Directiva mediante votación unánime por la Asamblea Ordinaria de Asociados, ratificando como presidente al Sr. Jorge Edgardo Furlan, de Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales S.A.


Como vicepresidente fue designada la Dra. Ana Cosiansi (Nación Seguros S.A.); secretario fue nombrado el Sr. Gustavo Darío Roldan (Testimonio Compañía de Seguros S.A.), Tesorera la Sra. Silvia Wickmann (NGN S.A.) y Revisor de Cuentas el Sr. Leonardo Silvio Calabria.


En la misma sesión, la Asamblea aprobó también por unanimidad el Balance General, Memoria, Estado de Recursos y Gastos, Anexos y el Informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al primer ejercicio de la entidad.

CAARA pidió que se actúe a favor de la actividad

En el Día del Seguro, CAARA emitió un comunicado en el que pidió básicamente que todos los actores que intervienen en el segmento del Seguro actúen a favor de la actividad.


El texto del documento es el siguiente: “No hay actividad más representativa que el Seguro para marcar el grado de evolución de la expresión tanto cultural como económica de un país. Todo país culturalmente desarrollado y económicamente dispuesto a favorecer la protección de vidas y patrimonios de sus habitantes y de la comunidad tiene un sector asegurador confiable por sus reglas y respuestas.


“Así ocurre en la República Argentina, donde hoy cada 21 de octubre se celebra el Día del Seguro, instituido por Decreto Nº 24.203 del 8 de septiembre de 1944 para conmemorar la primera iniciativa gubernamental, atribuida a Bernardino Rivadavia, de crear un Banco de descuentos y una Compañía de Seguros Marítimos que, aunque nunca se materializó, fue propuesta el 21 de octubre de 1811 mediante nota dirigida por el Primer Triunvirato al Tribunal del Consulado.


“El sector asegurador argentino está compuesto por numerosas empresas con alto componente tecnológico, capaces de asumir por si o a través de acuerdos mutuos los riesgos a los que se han comprometido. Tiene asimismo una regulación clara y dinámica que hace de este un sector confiable.


“Nuestra Cámara es la más joven entre las que nuclean a compañías de Seguro en la República Argentina. Reúne a aquellas empresas que hoy ofrecen el más moderno de los seguros: el que cubre el riesgo ambiental por daños de incidencia colectiva y garantiza su remediación, según lo dispuesto por la Ley General de Ambiente, N° 25.675.


“Esta actividad cumple un importante papel económico y también social por cuanto si bien los tomadores de pólizas son empresas cuyo accionar productivo conlleva riesgo de contaminación ambiental, sus beneficiarios son el Estado, sus activos, la salud pública, el bienestar general. Cada póliza de Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) suscripta tiene la virtud de haber logrado en su proceso de emisión, a través del protocolo de Situación Ambiental Inicial (SAI), la posibilidad de reducir una porción de los pasivos ambientales que aquejan a la Argentina.


“Así, toda empresa que contrata un SAO concreta en si mismo un acto de responsabilidad social empresaria, porque si bien está cumpliendo con una obligación, este cumplimiento redunda en beneficio directo de la comunidad en la que está inserta.


“En este Día del Seguro, CAARA celebra pertenecer a este sector económico, y estimula a todos los actores del Seguro a seguir actuando a favor de la actividad, con imaginación, asumiendo una competencia sana, que beneficie su prestigio y desarrollo. Y a todos los trabajadores y productores del Seguro, el más cálido abrazo, en nuestro Día”.

Seguro Ambiental Obligatorio / Magazine (SAO.Mag) es publicación
digital de la Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental (CAARA)

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