SAO.Mag n°7

AÑO II – Nº 7 -27 de JUNIO de 2011 – www.caara.com.ar

SANTIAGO DEL ESTERO SE PRESENTA COMO QUERELLANTE EN LA CAUSA SALÍ-DULCE

Por el desastre ambiental en el curso de agua que va de Tucumán a Santiago del Estero ya hay imputados. Ninguna de las dos provincias reglamentó aún el SAO.

La grave contaminación de la Cuenca Salí-Dulce, especialmente en el Embalse de Río Hondo, derivó este año en la formación de una causa en el juzgado federal de Santiago del Estero, a cargo del juez Guillermo Molinari, mientras que en Tucumán continúa su curso el trámite judicial en el Juzgado Federal Nº 2, a cargo del Dr. Mario Racedo, quien ya ha imputado a tres empresarios tucumanos, dos de ellos azucareros y uno limonero.

La causa en Santiago del Estero fue abierta por la denuncia de un fiscal contra 15 ingenios, cinco citrícolas, una papelera, una minera y una empresa de servicios de agua a las que el funcionario judicial acusa de arrojar sus desechos industriales al curso de agua. Recientemente la provincia de Santiago del Estero se ha presentado como querellante, en defensa del derecho de sus habitantes a residir en un ambiente sano.

Los diarios regionales cubren ampliamente el desastre ambiental, que tiene diversas manifestaciones, entre ellas la mortandad de peces en el arroyo Mista, que llega a la Cuenca. Las dos provincias se han integrado en una comisión, denominada Comité de Cuenca Salí-Dulce, en la que los santiagueños están exigiendo que los tucumanos hagan cumplir las normas medioambientales para que los cursos de agua que llegan al Embalse de Río hondo no lo hagan con casi todo su oxígeno consumido por el veneno.

Hasta el momento en ninguna de las dos provincias han sido dictadas las normas complementarias para poner en práctica el Seguro Ambiental Obligatorio (SAO).
El Rio Salí nace en Salta, atraviesa la provincia de Tucumán y de allí se dirige a Santiago del Estero, donde pasa a llamarse Dulce. Es el principal afluente del Embalse de las Termas de Rio Hondo, cuyo lago frontal registra elevadísimos niveles de contaminación atribuidos a los desechos de las actividades azucarera, limonera y papelera en la provincia de Tucumán, especialmente vinaza, subproducto desechable de la producción de alcohol (etanol) por parte de los ingenios.


Santiago del Estero pidió además la realización de estudios sobre los daños que produce la contaminación al embalse, el impacto ambiental y que se recomiende a Tucumán que antes de radicar industrias se hagan los estudios pertinentes sobre los efectos que causarán y estudios de contaminación. Los santiagueños han iniciado además una campaña para que el Parlamento del NOA acompañe su posición.


Previamente ambos organismos presentaron un amparo en la Corte Suprema, para pedir la intervención del máximo órgano judicial del país, tal como lo hizo en el caso de la Cuenca Matanza Riachuelo.


Recientemente en sólo 15 días el río Salí mostró un paisaje desolador al percibir olores fétidos cloacales, una ostensible proliferación de algas y un color verde amarronado. Se evidencia la falta de vida en el principal tributario que llega al Embalse Río Hondo (en el curso de agua ya no hay peces). El panorama era aún peor al llegar al río Colorado, cauce en el que se sospecha que papeleras y citrícolas arrojan abundantes desechos tóxicos para convertir el lecho en un pantano. Alli se determinó que el nivel de oxígeno es cero.


A pocos kilómetros de la ciudad de Simoca por la ruta 157, los arroyos Estero y Agua Blanca registran una mínima presencia de oxígeno, pero sus aguas turbias transportaban carbonilla en suspensión, desechos que quedan en los filtros de los ingenios al lavarse la caña quemada. El residuo se lograba ver depositado en la orilla.

Casos que destacan la importancia del SAO

A menudo suceden siniestros en el país que destacan, más que la prédica, la importancia de la vigencia del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) para las comunidades. Son aquellos casos en los que se producen daños ambientales de incidencia colectiva en los que los estados se tienen que hacer cargo por ausencia del SAO.


En este espacio comentaremos dos casos recientes ocurridos en las provincias de Córdoba y San Luis, jurisdicciones que aún no han dictado las normas complementarias para poner en práctica la exigibilidad del SAO, de acuerdo a lo contemplado en la Ley General de Ambiente 25675. En ambos casos las provincias decidieron afrontar con recursos propios la remediación del daño ambiental en siniestros en los que debieron hacerse cargo las empresas que los protagonizaron o, en su defecto, sus compañías aseguradoras.


La provincia de Córdoba se comprometió a afrontar el costo de los trabajos de mitigación y saneamiento ambiental de una reserva natural de la Universidad Nacional de Córdoba, que resultó afectada por el accionar de una empresa constructora que tuvo a su cargo la construcción de un camino serrano. El costo estimado de las obras de remediación en medios de prensa es de alrededor de 20 millones de pesos.


El gobierno y la UNC firmaron un convenio por el cual la provincia afrontará los costos de la remediación de los daños ocasionados a la Reserva Natural Vaquerías, propiedad de la UNC, durante la realización de la obra del camino El Cuadrado, ruta E-57, que une las Sierras Chicas con el valle de Punilla y que comenzó en el año 2005.


Con motivo este acuerdo, vecinos del Valle de Punilla presentaron ante la Justicia Federal (Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba, a cargo del Dr. Sánchez Freytes) una acción de amparo ambiental, reclamando que, como medida cautelar, se ordene la suspensión inmediata de las obras del Camino del Cuadrado, que está en su última etapa de ejecución. Como medida de fondo, piden que la Justicia ordene en forma solidaria a la Provincia, al municipio de Valle Hermoso y a las empresas contratistas (empresas Helport y Britos) que respondan por el costo de la remediación. Los amparistas cuestionan que en ese acuerdo la Provincia se haga cargo de las reparaciones ambientales con el dinero de todos los contribuyentes.


La reserva tiene 400 hectáreas y está ubicada en la localidad de Valle Hermoso. El daño ambiental fue detectado por especialistas de la UNC que realizaban un plan maestro de manejo para la reserva. En una auditoría realizada con posterioridad a la terminación de la obra se detectó que los taludes de construcción del camino se desmoronaron y los sedimentos fueron a parar a la reserva, lo que causó daños en la vegetación, colmatación en el dique de Vaquerías y sedimentos en el arroyo. También se formó una gran acumulación de residuos de obras, que se tiraron por una ladera y quedó sobre el dique de Vaquerías, provocando desmoronamientos y una acumulación sedimentaria que lo tapó totalmente.


En San Luis, a su vez, se produjo un trágico accidente: el vuelco de un camión cisterna de una empresa privada cargado con combustible que se derramó y contaminó las aguas del arroyo San Vicente. Al pasar por un puente cruza el arroyo San Vicente, en el camino montañoso hacia Quines, el camión patinó y se desbarrancó. El chofer, Sergio Amaya, de 30 años y oriundo de Villa Mercedes, falleció en el accidente.


“San Luis Agua” (sociedad del Estado provincial) a través de un comunicado de prensa informó a vecinos y usuarios del arroyo San Vicente que se abstengan de utilizar de cualquier modo sus aguas por contaminación del cauce del arroyo con combustible derramado por el camión cisterna.


Las tareas para el saneamiento del arroyo fueron realizadas por técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y personal de “San Luis Solidario” (programa del Gobierno de esa Provincia).

Modifican el nivel de complejidad ambiental para exigir el SAO

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable dispuso que a partir de mayo pasado los establecimientos de actividades riesgosas obligados a contratar el SAO sean aquellos cuyo Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) sea de 14,5 puntos o más, modificando la norma que fijaba en 12 puntos el grado a partir del cual las unidades debían ser aseguradas.


La medida, que ajusta el umbral de protección ambiental, fue adoptada mediante la Resolución SAyDS Nº 481/11. Acto seguido la ACUMAR emitió su Resolución 376/11, modificatoria de la 34/10, a fin de adecuar la exigencia en materia de NCA a la nueva disposición de la SAyDS.


La ACUMAR precisó en su resolución que en los casos en que las empresas declaren tener un NCA con un inferior al valor mínimo necesario para la presentación del SAO, el titular del establecimiento industrial o de servicios deberá presentar en forma anexa en carácter de declaración jurada un Informe con el correspondiente desarrollo del cálculo del NCA.

MISCELANEAS

Enérgica advertencia de la OPDS

El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la provincia de Buenos Aires, incluyó en la portada de su sitio web un enérgico llamado a cumplir con la obligación de contratar el SAO. Bajo una leyenda en tipografía destacada y letras mayúsculas que dice: “CUIDAR EL AMBIENTE ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. SEGURO AMBIENTAL OBLIGATORIO. EVITE SANCIONES”, el organismo advierte sobre la posibilidad de revocar los certificados de Aptitud Ambiental que oportunamente hubieran obtenido.


Así, el OPDS informa que: “La Coordinación Ejecutiva de Fiscalización Ambiental del OPDS ha comenzado a intimar a las industrias alcanzadas por la Resolución de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) N° 481/11, que hubieran obtenido el Certificado de Aptitud Ambiental y que no hayan dado cumplimiento con la obligación establecida por el Art.22 de la Ley 25.675, bajo apercibimiento de revocar el certificado que oportunamente les fuera otorgado. La citada resolución excluye de esta obligación a las actividades de menor impacto contaminante, cuyo nivel de complejidad ambiental no supere los 14,5 puntos”.

Nuevo reglamento de sanciones de la ACUMAR

Mediante la Resolución Nº 377/11 dictada el pasado 15 de mayo y publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 24 del mismo mes, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) reemplazó su Reglamento de Sanciones que rige para todas las actividades o establecimientos radicados en su jurisdicción.


El organismo consideró oportuno establecer “una norma tendiente a especificar los montos a aplicar a todas aquellas conductas disvaliosas en la que incurran los administrados y que contraríen las normas vigentes de la ACUMAR así como el método para la determinación de dichos montos”.


Con ese fin incorporó un sistema de multas automáticas por incumplimiento, con beneficios para el caso de pago voluntario del monto de la sanción aplicada y un procedimiento abreviado, de aplicación para el caso de no acogimiento a ese régimen.


La nueva norma derogó la Resolución ACUMAR Nº 110/10 (anterior Reglamento de Sanciones), el art. 7º de la Resolución ACUMAR Nº 132/101, el art. 3º de la Resolución ACUMAR Nº 366/102; el art. 4º de la Resolución ACUMAR Nº 372/103 y la Resolución ACUMAR Nº 374/104.

Seguro Ambiental Obligatorio / Magazine (SAO.Mag) es publicación
digital de la Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental (CAARA)

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