SAO.Mag n°8

AñO II – Nº 8 -23 de SEPTIEMBRE de 2011 – www.caara.com.ar

Los incendios en plantas industriales suelen producir graves contaminaciones

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA JUSTICIA NO DEJAN DUDAS ACERCA DE LA VIGENCIA DEL SEGURO DE CAUCIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO PARA CUMPLIR CON LA EXIGENCIA DE LA LEY 25.675.

Las Secretarías de Finanzas y Ambiente y Desarrollo Sustentable desestimaron el reclamo administrativo impropio que había interpuesto la UIA

Una reciente Resolución Conjunta de las Secretarías de Finanzas y Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) (Nros. 66/2011 y N° 945/2011, respectivamente) ratificó de forma esclarecedora la vigencia y los alcances del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) en el sentido que ha sido indicado en forma permanente por la Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental (CAARA) desde su constitución.

Así la administración pública desestimó el reclamo administrativo impropio contra el Anexo “Pautas Básicas para las Condiciones Contractuales de las Pólizas de Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva” de la Resolución Conjunta de la SAyDS y la Secretaría de Finanzas de la Nación N° 98/2007 y 1973/2007, interpuesto oportunamente por la Unión Industrial Argentina (UIA) con 130 empresas y organizaciones adherentes.

La medida rechazó asimismo el pedido de suspensión de los efectos de aquella Resolución Conjunta. El reclamo de la central industrial resumió los cuestionamientos que tanto las empresas como algunos de sus asesores jurídicos fueron manifestando en los últimos años contra la póliza de seguro de caución que fuera aprobada en el marco de la Ley General de Ambiente (LGA) N° 25675 por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y la SAyDS.

Precisamente, desde que el 26 de agosto del año 2008 la SSN y la SAyDS aprobaron la póliza de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva quedó técnica y jurídicamente resuelto el problema que se había planteado por la falta, hasta entonces, de un seguro autorizado para cumplir con la exigencia del artículo 22 de la Ley 25675, promulgada en el año 2002.

El desarrollo de esta póliza implicó un respaldo a la comunidad en su conjunto, pero también un paso concreto orientado a consolidar una política en materia de responsabilidad ambiental en la que se involucre solidariamente todo el espectro productivo nacional, público y privado. Mediante ese instrumento, las empresas aseguradoras brindan en la actualidad garantías por algo más de $ 1.500 millones, referidas a la concreción de la tarea de reparación de eventuales daños ambientales.

No obstante, con la aprobación de la póliza aparecieron tanto sectores interesados en dilatar el cumplimiento de la aplicación de la Ley, al extremo de llamar a incumplirla, como asesores en el tema asegurador que contribuyeron manifiestamente a desinformar, basados en cuestionamientos a la aplicación del seguro que se alejaron de la objetividad y responsabilidad que merecía el tratamiento del tema.

Una primera reflexión apunta a comprender que las empresas se situaron frente a este instrumento con un criterio, aunque equívoco, de autodefensa patrimonial. Pero al mismo tiempo, se debe señalar que el nuevo pronunciamiento de las secretarías de Estado desnudó la carencia de sustento del asesoramiento legal y en materia de seguros que recibieron las empresas y la UIA, lo cual también les acarrea consecuencias patrimoniales.

Valga sino observar que casi en simultáneo con esta Resolución vio la luz un fallo del juez federal de Quilmes, Luis Antonio Armella, orientado en el mismo sentido: ordenó a la empresa YPF S. A. contratar pólizas del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) para sus cuatro plantas de la Cuenca Matanza-Riachuelo, conforme a lo exigido por la Ley N° 25675, Art. 22, y a lo reglamentado en la Resolución Conjunta N° 98/2007 y 1973/2007, precisamente la que había sido cuestionada por la UIA en el plano administrativo. El juez impuso, además, costas a la empresa.

Fuera de ello, la Resolución Conjunta de Finanzas y Ambiente declaró agotada la vía administrativa para el reclamo. La contundente respuesta de la administración pública confirmó que la definición de daño ambiental prevista por la reglamentación del SAO no desnaturaliza la establecida por la LGA sino que, por el contrario, la hace operativa; confirmó también que el SAO establecido por la LGA no requiere de leyes especiales que desarrollen sus contenidos básicos, ratificó que ambos organismos son competentes para el dictado del régimen aplicable a los seguros ambientales y que, por ende, no avanzaron sobre competencias asignadas por el legislador al Congreso Nacional.

Aclara también que si bien el Art. 22 de la LGA no menciona expresamente a la caución como posibilidad para garantizar la remediación del daño ambiental tampoco la descarta, pues tal instrumento legal está comprendido dentro de los seguros. Esto es, que una caución ambiental es tanto un instrumento del sistema de seguros como lo es una caución comercial o de cualquier otro tipo. Ratificó así, por si fuera necesario, el carácter asegurativo de la caución.

Abunda además en su explicación, al señalar que la UIA partió de una premisa incorrecta al equiparar el “contrato de garantía” con el seguro de caución y que confundió a este con el contrato de fianza. El planteo de la UIA había ignorado “una larga trayectoria en nuestro país y en el derecho comparado respecto del reconocimiento del seguro de caución”.

La normativa puntualizó que la caución tiene un interés asegurable, que es la preservación del ambiente y destacó que el deber que establece la ley es el de contratar un seguro ambiental que garantice el financiamiento de la recomposición; en esa noción se encuadra perfectamente el seguro de caución ambiental. En el SAO es el Estado el titular del interés asegurable, dado que es el sujeto legitimado para actuar como acreedor de los derechos ambientales de toda la sociedad. La obligación del asegurador frente al asegurado (en este caso la comunidad) depende del incumplimiento de la obligación principal, a cargo del tomador (la empresa contratante). Cierta ignorancia conceptual ha querido minimizar al ramo de caución en su importancia económica y hasta cuestionarlo como tal, para generar un pretexto dilatorio en el cumplimiento de la Ley 25675.

Asimismo, también el fallo del juez Armella no deja dudas sobre la interpretación de toda la normativa del SAO, y entre otros aspectos, reconoce el principio que hace funcional y posible el sistema asegurador; desestima la validez de otros tipos de seguros no autorizados; ratificó las competencia de la Superintendencia de Seguros y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el tema; resalta el principio de presupuesto mínimo para el logro de una gestión ambiental sustentable.

Los antecedentes considerados aquí, como otros fallos y requerimientos judiciales; normativas de organismos jurisdiccionales tales como ACUMAR y OPDS en la provincia de Buenos Aires, o de la Agencia Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, concurren a ratificar la vigencia del SAO en los términos en los que ha sido divulgado desde su constitución por CAARA, con un criterio amplio de debate, pero con la seguridad de estar ofreciendo a la sociedad un asesoramiento irreprochable.

El vice de la SSN destacó el trabajo realizado con CAARA

El Vicesuperintendente de Seguros de la Nación, el Lic. Juan Bontempo, destacó la colaboración mutua y el trabajo conjunto que desplegó ese organismo con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) y con la Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental (CAARA) para clarificar y avanzar en la operatoria del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO).


Bontempo se manifestó de tal forma en su discurso en la inauguración oficial de la VIII edición del Foro Nacional del Seguro, que se llevó a cabo los días 20 y 21 de septiembre en Buenos Aires, bajo el lema “Sostener el crecimiento económico y proteger a la comunidad”. El Foro fue organizado por las revistas Mercado Asegurador, Todo Riesgo y la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros (AAPAS).


El funcionario realizó un repaso de las acciones llevadas adelante por la actual gestión de la SSN. Enmarcando a la actividad aseguradora dentro del contexto económico a nivel nacional señaló que los cambios que se produjeron en el último año apuntaron a una mayor imbricación del mercado con este entorno de crecimiento, y anticipó a lo largo del 2012 se continuará con las reformas necesarias en pos de la modernización tecnológica, además de la apertura de nuevos y mejores canales de diálogo con los distintos grupos de interés del sector.


Las características de este nuevo mercado incluyen un crecimiento del 33% respecto al ejercicio 2009/2010, y de un 100% en comparación con los volúmenes de 2003, representando con sus $45.000.000.000 de producción, el 3% del PBI. En relación con la concentración de la producción en un tercio de las aseguradoras y a la profusión de compañías pequeñas, respondió que “ninguna compañía está de más mientras cumpla con los requisitos legales y financieros”, atribuyendo esta característica a la especialización creciente en determinados riesgos.


A modo de resumen, enumeró los proyectos más importantes llevados a cabo, como la colaboración con la Secretaría de Ambiente y CAARA respecto del Seguro Ambiental Obligatorio, la implementación del seguro de Responsabilidad Civil por accidentes y enfermedades profesionales, la creación de un Departamento de Orientación al Asegurado como una respuesta a las necesidades del consumidor de seguros, el trabajo contra el lavado de activos, la interacción con el Ministerio de Seguridad para avanzar con el grabado de autopartes, la incorporación de tecnología que permitirá la emisión de la póliza digital y el consiguiente control del fraude, la normativa respecto de los capitales mínimos y el IBNR donde se está trabajando para beneficiar a las compañías con baja siniestralidad, la descentralización de la SSN a través del territorio nacional, la creación de un digesto normativo, el trabajo con Productores Asesores de Seguros en materia de capacitación y rúbrica digital, y finalmente el nuevo marco de reaseguros, sobre el cual señaló que si bien al principio existió un clima de incomprensión, pudieron salvarse algunas distancias a través del diálogo directo con las compañías, teniendo como resultado la existencia actual de 14 compañías inscriptas en condiciones de operar.


Finalmente anunció para el año 2012 la reaparición del Consejo Consultivo, que pondrá en contacto directo a las diferentes cámaras y asociaciones con los representantes de la Superintendencia.

La justicia ordenó a YPF contratar el SAO para sus plantas de la Cuenca Matanza Riachuelo

El juez federal de Quilmes, Luis Antonio Armella, ordenó a la empresa YPF S.A. que contrate pólizas del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) para sus cuatro plantas de la Cuenca Matanza-Riachuelo, conforme a lo exigido por la Ley General de Ambiente (LGA) N° 25675, Art. 22, y a lo reglamentado en la Resolución Conjunta de las Secretarías de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) y de Finanzas de la Nación N° 98/2007 y 1973/2007.

El magistrado se pronunció de tal manera en un fallo por el que rechazó la medida cautelar planteada por la empresa para que se ordenara a la Administración de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) abstenerse de aplicar cualquier sanción y/o la clausura preventiva sobre cualquiera de las cuatro plantas industriales que YPF posee en la referida cuenca.

En los considerandos el juez Armella indicó que la empresa está alcanzada por la normativa que establece las condiciones para ser sujeto obligado de la contratación del SAO y que no sólo estaría incumpliendo una decisión impartida por la autoridad administrativa ACUMAR, sino también un mandato judicial del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado nacional y otros s/Daños y perjuicios; daños derivados de la contaminación ambiental del Rio Matanza-Riachuelo”.

El juez observó que siendo YPF S.A. una sociedad incluida en el régimen de la oferta pública estaría también “incumpliendo con el deber de información ambiental establecido en la Resolución General N° 559/09 de la Comisión Nacional de Valores”, organismo que regula, fiscaliza y controla las actividades del mercado de capitales en la República Argentina.

YPF S.A. es una de las empresas a las que en la causa Mendoza se les requirió, entre otras cosas, informar si tienen seguros contratados en los términos del art. 22 de la LGA.

La empresa solicitó la medida cautelar después de que la ACUMAR le notificara el inicio de un procedimiento sancionatorio por la falta de los referidos seguros.

El reciente fallo del Juez Armella destaca que en respuesta a un oficio, ACUMAR refirió que “de las industrias demandadas en el fallo ‘Mendoza’ de características similares a la actora (YPF S.A.) y existentes dentro de la cuenca hídrica Matanza Riachuelo, sólo Shell Capsa ha cumplido con la presentación de pólizas de seguro ambiental, agregando que con respecto a las restantes empresas se ha iniciado un procedimiento sancionatorio de similares características a las de la actora”.

En la medida cautelar plateada, YPF aseveró que la ley no impone la obligación de contratar seguros de caución sino un seguro en el que exista transferencia de riesgo y cumpla una función indemnizatoria y que “no existe a la fecha ninguna póliza aprobada que cumpla con lo exigido por la referida norma (Art. 22 de la LGA)”. La actora planteó que “en ningún caso la caución ambiental puede ser considerada seguro obligatorio por lo que no corresponde que su contratación sea exigida en forma obligatoria”.

Adicionalmente la empresa sostuvo que es “irrazonable tal exigencia” dado que ella tiene “mayor solvencia económica y financiera que las aseguradoras” que operan en el sector y, por tanto, solicita que se la autorice a cumplir mediante la modalidad del autoseguro. Asimismo YPF agregó al expediente administrativo pólizas de seguro por la suma de USD 20.000.000 por cada planta aludida, otorgadas por aseguradoras que cubren remediaciones derivadas de hechos súbitos y accidentales en sus plantas ubicadas en la cuenca.

En el fallo el juez señala que después de haber estudiado la normativa vigente y las referidas pólizas presentadas por la empresa, verificó que la cobertura que ofrecen es “Responsabilidad Civil” y que en la parte de coberturas Adicionales aclara “Polución y contaminación súbita, accidental e imprevista, detallando expresamente entre paréntesis que ‘no cubre daño ambiental de incidencia colectiva de la LGA’” ni contaminación gradual.

Acerca de la procedencia del recurso planteado por la empresa, el juez indicó que “el dictado de una medida cautelar no requiere una prueba de certeza sobre la existencia del derecho sino sólo de un grado aceptable de verosimilitud o apariencia de los derechos (….) Debe mediar una solicitud seria que haga suponer prima facie la existencia de un derecho garantizado legalmente y un interés jurídico que justifique el dictado de la medida cautelar de que se trate”.

Explicó que las cautelares se dictan para “evitar la producción de perjuicios que se podrían producir en caso de inactividad del magistrado y podrían tornarse de muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva” y que la Corte Suprema ha establecido que “cuando existe el riesgo de un daño de extrema gravedad o irreparable, el rigor de las formas se puede atenuar”. En ese sentido sostuvo que “en lo que hace el requisito de la verosimilitud del derecho invocado por la parte accionante cabe señalar que no se encuentra mérito suficiente que justifique la consideración que se formula”.

Asimismo detalló que “cuando la medida cautelar se intenta contra la administración pública es menester que se acredite la manifiesta arbitrariedad del acto cuestionado” dado que “los actos administrativos gozan de la presunción de legitimidad y fuerza ejecutora”.

MISCELANEAS

Nuevas oficinas de CAARA

La Cámara Argentina de Aseguradoras de Riesgo Ambiental (CAARA) inauguró en agosto pasado sus nuevas oficinas en Lavalle 710 Piso 8° Of. C (C1047AAP), Buenos Aires. Teléfono (54 11) 5235-1626. Correo electrónico: info@caara.com.ar

Exposiciones del presidente de CAARA

El presidente de CAARA, Sr. Jorge E. Furlan, realizó recientemente diversas presentaciones relacionadas con la actividad del SAO. Una de ellas fue el 22 de agosto en un encuentro organizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el que se desarrolló el tema Marco Regulatorio del Seguro Ambiental. El 7 de septiembre a su vez habló sobre Seguros Ambientales en el IV Encuentro sobre Responsabilidad Civil Profesional Salud y Medio Ambiente, organizado por distintos medios gráficos especializados en la temática.

Aprueban la primera póliza ambiental con transferencia del riesgo del sujeto obligado

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) otorgó a Prudencia Seguros, mediante Proveído 114756 del 28 de julio de 2011, la primera habilitación del mercado para operar una póliza que cubre, con los alcances definidos en su condicionado general, la transferencia del riesgo relacionado con el costo de la reparación de un daño ambiental de incidencia colectiva producido al agua o al suelo, y hasta el monto del capital asegurado.


Esta aprobación da respuesta a una demanda del sector industrial a las aseguradoras que operan en el seguro ambiental obligatorio establecido en el artículo 22 de la Ley 25675.


Vale precisar que el SAO es el único producto que cubre los requisitos y exigencias para cumplir con la obligatoriedad impuesta por la LGA a las unidades productivas con Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) superior a 14,5 puntos.

Río Negro impone cuidados ambientales a las petroleras

La Legislatura de la Provincia de Río Negro sancionó sendas leyes que impone obligaciones con el cuidado y la remediación medioambiental a las empresas petroleras que tienen concesiones para la exploración y explotación hidrocarburífera en el ámbito provincial, las cuales fueron publicadas en el Boletín Oficial de Rio Negroel pasado 22 de agosto.


Por medio de la Ley Nº 4680 estableció que para permanecer inscriptas en el Registro Provincial de Renegociación de Concesiones de Explotación de áreas Hidrocarburíferas Rionegrinas (creado por la ley Nº 4571), las empresas interesadas, entre otros requisitos, deberán asumir el compromiso de remediar las afectaciones ambientales existentes en las respectivas áreas, incluyendo un pormenorizado detalle de ellas así como sus planes y cronograma de obras previstas. A fin de cumplimentar estos requisitos se les otorgó a las empresas un plazo de 30 días.


A su vez mediante la Ley Nº 4682 creó en el ámbito de la Provincia de Río Negro el “Plan de Remediación Ambiental”, destinado a las áreas afectadas por la exploración y explotación de hidrocarburos y otras actividades conexas, dentro de la jurisdicción provincial. Dicho Plan será financiado por las operadoras de los yacimientos de hidrocarburos.


El “Plan de Remediación Ambiental” debe cuantificar los daños y pasivos causados por la explotación y exploración de hidrocarburos al ambiente, a la salud de la población y a los fondos (SIC) superficiales, debiendo determinar los potenciales costos de remediación y reparación.


También, tiene por finalidad la formulación de un diagnóstico de la situación medioambiental y la estimación de las consecuencias que conlleva la continuidad de las operaciones. Aclara el art. 8º de la Ley que este Plan “actúa como una previsión de mínima y en forma complementaria; no significa un límite a la responsabilidad patrimonial establecida por otras normas concordantes.”


Se designa como autoridad de aplicación de esta ley a la Autoridad Ambiental provincial (CODEMA), la que -en ejercicio del Poder de Policía otorgado- para el seguimiento y ejecución del “Plan de Remediación Ambiental” podrá suscribir convenios de participación con las municipalidades que se encuentren en las zonas de influencia de los yacimientos de hidrocarburos. Para las áreas hidrocarburíferas concesionadas por el Estado Nacional, la autoridad de aplicación será la Secretaría de Minería e Hidrocarburos.


El Poder Ejecutivo provincial deberá reglamentar esta Ley dentro de los 60 días desde su publicación.

Seguro Ambiental Obligatorio / Magazine (SAO.Mag) es publicación
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