Un caso testigo de la eficiencia del SAO

La provincia de Entre Ríos ejecutó una póliza ante el riesgo de un siniestro que podía acarrear graves consecuencias a la población. La actuación preventiva de la aseguradora fue inmediata y eficaz.

La ejecución de una póliza del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) por parte del gobierno de Entre Ríos en abril de 2016 es un caso testigo de la eficiencia de esa verdadera herramienta de gestión de política ambiental que, como quedó demostrado en ese momento, cumple no sólo una función remediadora, que es su objeto principal, sino también preventiva de los daños ambientales.

De acuerdo con el Art. 22 de la Ley General de Ambiente (N° 25.675) el SAO debe ser contratado en todo el país por los sujetos públicos y privados que representan para bienes de incidencia colectiva –la tierra y el agua- un nivel de riesgo ambiental superior a la base establecida por una fórmula polinómica. El responsable de la ejecución de una póliza –esto es, de la intervención de la compañía aseguradora y de sus empresas de remediación contratadas- es la autoridad ambiental de la jurisdicción donde está radicado el objeto de la póliza. La autoridad debe comunicar el siniestro a la aseguradora, que inmediatamente debe ejecutar la remediación.

El 18 de abril de 2016 la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos denunció la inminencia de un siniestro ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que a su vez autorizó la ejecución del SAO para instrumentar medidas de prevención de daños en el medio ambiente por parte de una empresa radicada en la localidad de Estación Carbó.

La intervención inmediata de la compañía aseguradora y de la empresa de remediación ambiental interviniente impidió que se produjera un verdadero desastre ambiental con graves consecuencias para la salud de la población, al retirar los residuos peligrosos en estado líquido y sólido que había en la planta de la empresa asegurada.
De acuerdo con la ley, la empresa que toma la póliza es la responsable primaria de afrontar el costo de la remediación del daño ambiental de incidencia colectiva o de los factores que impliquen riesgo inminente de que ocurra un siniestro ambiental. En caso de no hacerlo, el seguro debe efectuar la remediación. De esta manera, el Estado queda liberado de afrontar costos derivados.

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